La oposición peruana cree que el gobierno intenta eludir la discusión sobre los servicios de inteligencia en la mesa de diálogo patrocinada por la OEA al anunciar un proyecto para la subordinación de esos organismos al Congreso.
Los opositores de Perú reaccionaron con disgusto ante el proyecto de ley, a pesar de que demandan la supervisión parlamentaria de los servicios de inteligencia hace largo tiempo.
«Es un ardid. La iniciativa se propone presentar el asunto como hecho consumado y, por lo tanto, eliminar el asunto» de las negociaciones entre el gobierno y la oposición que patrocina la Organización de Estados Americanos (OEA), según el congresista Jorge del Castillo, del socialdemócrata partido Aprista.
El primer ministro Federico Salas presentó la noche del jueves al Congreso el proyecto de ley de creación de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), que reemplazará al cuestionado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Ese órgano es dirigido por el abogado y capitán del ejército retirado Vladimiro Montesinos y es acusado de planificar y ejecutar numerosas violaciones de derechos humanos.
Montesinos es considerado el segundo hombre fuerte del gobierno peruano, aunque algunos observadores afirman que es aun más poderoso que el presidente Alberto Fujimori, pues controla a las Fuerzas Armadas, al Poder Judicial y al sistema de recaudación tributaria.
«Montesinos, considerado por sus adversarios como el lado siniestro del régimen de Fujimori, es solo jefe virtual del SIN, pues es sólo asesor personal de Fujimori. Por lo tanto, no es investigable por el Congreso» legislativo, señaló el sociólogo Alberto Panessi, de la Universidad Católica.
Los servicios de inteligencia son controlados únicamente por el presidente en su calidad de comandante de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con el proyecto anunciado por Salas, seguirán bajo la jurisdicción presidencial, pero sus actividades podrán ser supervisadas por el Congreso.
El dirigente opositor y general retirado del ejército Daniel Mora considera que el proyecto no implicará ningún cambio sustantivo respecto de la actual estructura del SIN.
«Será un simple maquillaje. El proyecto no indica cómo fiscalizar la actuacion de los servicios de inteligencia. Montesinos seguirá teniendo poder para manipular, indagar ilegalmente la vida de los ciudadanos y para extorsionar a través del sistema judicial y tributario», dijo Mora.
La iniciativa presentada por Salas podría dejar fuera de la agenda de las conversaciones entre la oposición y el gobierno la reforma del sistema de inteligencia.
«La redefinición del papel de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia no puede desagregarse del diálogo promovido por la OEA, pues es parte fundamental del proceso de reformas democráticas», sostuvo Eduardo Toche, de la organización no gubernamental Desco.
Las conversaciones entre representantes del gobierno y de la oposición, convocadas para superar la crisis política por el cuestionamiento a la reelección de Fujimori, comenzaron el lunes, bajo la conducción del secretario permanente de la OEA, Eduardo Latorre.
La Misión de Observación Electoral de la OEA descartó fraude en las elecciones ganadas por Fujimori en mayo, pero señaló que el proceso electoral estuvo plagado de irregularidades y presentó al gobierno una agenda con 29 puntos para afirmar la democracia.
Uno de los puntos se refiere a la necesidad de colocar bajo la vigilancia del Congreso al aparato de inteligencia, acusado por la oposición de pergeñar y ejecutar un fraude electoral y de cometer múltiples violaciones de derechos humanos.
Los servicios de inteligencia estaban antes del gobierno de Fujimori bajo el control del comando de las Fuerzas Armadas. Si bien el SIN debía informar al presidente, en la práctica se limitaba a una coordinación nominal de las actividades entre los aparatos de inteligencia de cada rama militar.
«Los servicios de inteligencia del ejército, la marina y la aviación desarrollaban su propia política, de acuerdo con los objetivos de sus respectivos mandos. A través de Montesinos, Fujimori es primer gobernante civil que logró controlarlos», dijo el periodista y sociólogo Francisco Loayza, ex miembro del SIN.
Loayza y Panessi coinciden en que Montesinos es una pieza vital en la estabilidad interna del régimen de Fujimori, pues mediante el SIN se maneja la mecánica de ascensos castrenses y se asegura la lealtad de los oficiales de las Fuerzas Armadas.
Los partidos opositores, hoy congregados en un frente liderado por el economista Alejandro Toledo, candidato presidencial derrotado en mayo, tocaron varias veces las puertas de los cuarteles en busca de un jefe militar «democrático» que les quite a Fujimori de encima, según Panessi.
«Los intentos de la oposición de derrocar a Fujimori mediante un golpe militar fracasaron en 1993 gracias al aparato de inteligencia manejado por Montesinos. Desde entonces, el SIN actúa como filtro que decide el pase a retiro de generales y coroneles de lealtad sospechable», señaló el experto.
Un proyecto de ley presentado una semana atrás la congresista Anel Towsend, del partido opositor Somos Perú, propone controlar la acción del SIN mediante la fiscalización de su presupuesto, como ocurre en países como Alemania, España, Estados Unidos, Francia e Israel.
Entre otros mecanismos, Towsend propuso la aprobación parlamentaria del presupuesto del SIN, la creación de comisiones parlamentarias que, con compromiso de reserva, reciban informes de la actividad de inteligencia, desclasificación periódica de documentos internos y dependencia de algún ministerio. (FIN/IPS/al/mj/ip/00
