La oposición peruana consideró «una cortina de humo» para restar importancia al diálogo democratizador impulsado por la OEA el anuncio del presidente Alberto Fujimori de desmantelamiento de una banda que vendió 10.000 fusiles a las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La organización de traficantes de armas estaba compuesta por dos ex oficiales del ejército peruano, dos franceses, un ruso y dos estadounidenses, informó el lunes Fujimori, acompañado en la ocasión por su asesor en asuntos de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Los detenidos adquirieron las armas en Jordania, simulando una compra del ejército peruano, y las arrojaron en paracaídas en algún punto de la selva colombiana. Las FARC realizaron el pago con cocaína, aseguró Montesinos.
«Se trata de una noticia vieja, una investigación que se hizo el año pasado», replicó el ex diplomático Juan Mariategui.
La noticia se difunde ahora «en sospechosa simultaneidad con el inicio del dialogo promovido por la OEA (Organización de Estados Americanos) para impulsar las reformas necesarias para restaurar la institucionalidad democrática en Perú», dijo Mariategui.
A su juicio, la revelación también forma parte de la estrategia de Fujimori para reforzar la figura de Montesinos, virtual jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y cuya destitución es una de las condiciones señaladas por la oposición «para democratizar el país».
«La característica de este diálogo es que un interlocutor quiere apresurar el desenlace y el otro retrasarlo. Será una batalla entre la impaciencia de la oposición y la táctica de la mecedora del gobierno», afirmó el palamentario Fernando Olivera, líder del opositor Frente Independiente Moralizador.
El diálogo entre el gobierno y la oposición, promovido por la OEA para superar la crisis que determinó la cuestionada reelección de Fujimori, comenzó el lunes bajo la presidencia del secretario permanente de la OEA, Eduardo Latorre, y proseguirá en los próximos días.
«Ayer (el lunes) sólo se ratificó que la discusión será desarrollada en base a los 29 puntos propuestos por la OEA, los que serán abordados a través de cinco comisiones», explicó este martes Francisco Diez Canseco, presidente del Consejo por la Paz, y participante en las conversaciones.
La asamblea general de la OEA dispuso el 6 de junio el envío de una delegación a Perú para promover la negociación. Los partidos opositores no reconocieron los resultados de las elecciones ganadas en segunda vuelta por Fujimori. La primera ronda se realizó el 9 de abril y la segunda el 28 de mayo.
El proceso electoral estuvo cargado de irregularidades, pero no se comprobó fraude, según consignó la OEA, cuyos observadores se negaron a fiscalizar la segunda ronda.
Luego de entrevistarse por separado con Fujimori y con los líderes de la oposición, la OEA propuso 29 puntos, agrupados en cinco capítulos, para normalizar la situación política peruana.
Esos capítulos son los siguientes: 1) reforma de la administración de justicia y separación de poderes, 2) retorno de Perú a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 3) libertad de expresión, 4) reforma electoral y 5) fortalecimiento de la democracia.
El diálogo continuará hasta obtenerse consenso. A la primera reunión concurrieron cuatro delegados del gobierno y representantes de los ocho partidos opositores, de la Defensoría del Pueblo, de la Iglesia Católica y de cinco organizaciones civiles de derechos humanos.
Fujimori y el ex candidato presidencial Alejandro Toledo, quien encabeza el opositor Frente Democrático, no participan directamente de las conversaciones, aunque son los principales actores de la crisis.
Toledo consideró la conveniencia de su participación directa, que habría fortalecido su papel de figura opositora central, pero finalmente aclaró que sólo «si Fujimori asiste personalmente» se presentará en el Hotel Country Club, de Lima, sede del diálogo.
«El gobierno debe definir las facultades y la representatividad de sus delegados, porque no aceptaremos el recurso dilatorio de que propongan consultar cada una de las respuestas que se les solicitan», advirtió el parlamentario Luis Solari, que interviene a nombre de Toledo.
El ministro de Justicia, Alberto Bustamante, jefe de la delegación oficial, expresó que únicamente representaba al Poder Ejecutivo, y que sus respuestas y compromisos no involucraban al Congreso.
La puntualización de Bustamante fue objetada por la oposición. «Si las recomendaciones de la OEA se acatan hay que adoptar decisiones legislativas, de modo que la mayoría oficialista en el Congreso debe comprometerse en el diálogo", indicó Luis Castañeda, del opositor partido Solidaridad Nacional.
De otro modo, «las conversaciones no tienen sentido», declaró Castañeda.
Olivera, del Frente Independiente Moralizador, fijó el plazo del 15 de diciembre para que el gobierno acepte la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y devuelva la nacionalidad peruana a Baruch Ivcher, un empresario nacido en Israel a quien las autoridades también despojaron de un canal de televisión.
El canal de Ivcher difundió en abril de 1997 la denuncia de una agente de inteligencia del ejército, Leonor la Rosa, quien acusó a los servicios controlados por Montesinos de haberla torturado.
La misma emisora advirtió que, según expedientes de la dirección general impositiva, Montesinos tenía un ingreso anual de 600.000 dólares, cundo su salario oficial era de sólo 18.000 dólares por año.
Antes del 15 de diciembre debe procederse también a la designación de nuevas autoridades electorales y a la derogación de las leyes que bloquean el plebiscito que el Frente Independiente Moralizador propone para superar la crisis, agregó Olivera.
El líder del Frente Independiente Moralizador, quien discrepa de la táctica de agitación callejera y de apelación a los organismos internacionales mantenida por Toledo para forzar la dimisión de Fujimori, promueve un plebiscito para consultar al electorado la convocatoria a nuevas elecciones. (FIN/IPS/al/ff/ip/00
