La Organización de las Naciones Unidas (ONU) debe fortalecer sus operaciones de pacificación para que no se repitan tragedias del pasado, se indicó en un informe pedido por el secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
La ONU "ha fracasado en forma reiterada en el mantenimiento de la paz, y en la actualidad no está en condiciones de mejorar su desempeño", se afirmó en el informe, dado a conocer el miércoles por Lakhdar Brahimi, presidente del grupo de expertos que lo redactó a solicitud de Annan.
Es necesario que las fuerzas de paz estén mejor entrenadas y equipadas, cuenten con mayor apoyo de la ONU y de los países que la integran, y reciban mandatos "con el vigor suficiente" para proteger vidas, se añadió.
"A partir de la amarga experiencia de los últimos años, lo único que podemos decir es que cuando la ONU envía fuerzas de paz a un país, no debe basar sus planes en la mejor de las hipótesis", declaró Brahimi al presentar el documento.
"Es un escándalo que no haya recursos adecuados para financiar la principal actividad de la ONU, mantener la paz y la seguridad", subrayó.
"Quedamos asombrados al examinar en forma detallada la escasez de recursos del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DPKO)" de la ONU, comentó Brahimi, un ex subsecretario general del foro mundial y ex ministro de Relaciones Exteriores de Argelia.
Apenas 32 funcionarios de la ONU supervisan las actividades de los 28.000 integrantes de fuerzas de paz desplegados en la actualidad, indicó.
"Es claro que eso es insuficiente e inaceptable, y que debe cambiar. Sugerimos un gran aumento de los recursos" del DPKO, añadió.
El informe fue pedido por Annan tras estudios que señalaron el fracaso de la ONU en la protección de civiles como causa del genocidio en Ruanda de 1994 y de la masacre de miles de personas, el año siguiente, en un presunto "refugio seguro" que ofrecía el foro mundial en la localidad bosnia de Srebrenica.
"Lo que causó más daño a la credibilidad de las misiones de paz en los años 90 fue su escasa disposición a distinguir entre víctimas y agresores", aseguró el grupo de expertos presidido por Brahimi.
Cuando integrantes de fuerzas de paz "son testigos de violencia contra civiles, debería presumirse que están autorizados a impedirla en la medida de sus posibilidades, de acuerdo con principios básicos de la ONU", apuntó.
En el informe se descartó la idea de formar un ejército permanente de la ONU, y se propuso en cambio crear mejores condiciones para que estén disponibles "brigadas" capaces de desplegarse unos 30 días después de que el Consejo de Seguridad del foro mundial autorice una misión.
Por otra parte, se sugirió asegurar la disponibilidad de "policías civiles y de expertos en derecho internacional, derecho penal y derechos humanos, capaces de fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley" en los países en los cuales intervenga la ONU.
El grupo de expertos opinó que sus recomendaciones "están dentro de los límites de las exigencias razonables" a los países miembros del foro mundial, y enfatizó que "ningún aporte de dinero u otros recursos puede ser más importante que los significativos cambios necesarios en la cultura de la ONU".
El secretario general "debe contar con apoyo claro, fuerte y sostenido por parte de los Estados miembros", señalaron.
En la actualidad, el incumplimiento de aportes nacionales previstos para las tareas de mantenimiento de la paz asciende a unos 2.400 millones de dólares.
"Si se atienden todas nuestras recomendaciones, pienso que el actual sistema de la ONU puede transformarse por completo, y que los países miembros van a estar más dispuestos a participar en misiones de paz", dijo Brahimi.
El grupo de expertos apoyó la posiciones expresadas antes por Annan acerca del vínculo entre el alivio de la pobreza y la prevención de conflictos.
El secretario general afirmó en el llamado "Informe del Milenio" que "cada paso hacia la reducción de la pobreza y el logro de un crecimiento económico con amplia base es también un paso hacia la prevención de conflictos".
"La solución (para evitar conflictos) es clara, aunque sea difícil ponerla en práctica: promover los derechos humanos en general y los derechos de las minorías, y lograr acuerdos políticos en los cuales todos estén representados", aseguró.
Cuando los conflictos se deben "a ambiciones y no a reivindicaciones", la mejor estrategia es "señalar a los responsables y avergonzarlos", agregó.
Ese procedimiento se ha empleado para denunciar a violadores de embargos de venta de armas impuestos por la ONU, y a gobiernos y personas responsables del tráfico de diamantes con cuya venta se financian conflictos armados.
Brahimi indicó que el costo de poner en práctica las propuestas del grupo de expertos en relación con los organismos de la ONU que supervisan las operaciones de paz sería probablemente inferior a 100 millones de dólares.
Aplicar tales medidas implicaría abandonar la insistencia del foro mundial en presupuestos sin aumento del gasto, pero "no es posible mantener ese criterio para siempre", arguyó.
El mundo gasta 800 millones de dólares por año en armas, y "con seguridad es posible encontrar algunas monedas" para el mantenimiento de la paz, ironizó.
"Tengo muchas esperanzas de que los Estados miembros respalden con dinero los propósitos de los cuales tanto hablan, si en realidad creen en esta organización", añadió.
El grupo de expertos estuvo integrado por diez personas, e incluyó a ex responsables de fuerzas civiles, policiales y de mantenimiento de la paz formados por el foro mundial.
El informe fue divulgado a tiempo para que pueda ser discutido en la llamada Cumbre del Milenio, organizada por la ONU y que se realizará del 6 al 8 de septiembre en Nueva York. Pero también llega en un momento de incertidumre acerca de las misiones de mantenimiento de la paz.
Tras varios años de declinación en la magnitud de esas misiones, el número de integrantes de fuerzas de paz de la ONU se triplicó en 1999, cuando pasó de 13.000 a 37.000, mientras su presupuesto pasó de 1.000 millones a 2.200 millones de dólares.
La mayor parte del incremento se debió al despliegue de pacificadores en Sierra leona y Timor Oriental, dos países que son ejemplos claros de las dificultades que enfrentan las misiones.
La ONU ha estado bajo presión en Sierra Leona desde que el principal grupo insurgente reanudó las hostilidades y comenzó a dirigir ataques contra las fuerzas del gobierno, contra civiles y contra las propias fuerzas de paz del foro mundial.
A comienzos de este mes, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de esas fuerzas, para que pudieran defenderse a sí mismas y proteger a los civiles, pero aún no se ha autorizado un aumento de su número.
En Timor Oriental, la ONU administra un territorio que se transformará en Estado independiente, y esa tarea ha exigido una compleja combinación de soldados, policías, administradores civiles y expertos en derecho.
El próximo reto para el foro mundial será República Democrática de Congo, a donde se autorizó en febrero el envío de una fuerza pacificadora que aún no se ha podido desplegar, debido a enfrentamientos de facciones y naciones involucradas en el conflicto, y a la falta de cooperación del presidente Laurent Kabila.
El Consejo aprobó una "extensión técnica" del mandato de esa fuerza hasta octubre, para permitir 00nuevas acciones diplomáticas en apoyo del acuerdo del cese del fuego" que se firmó el año pasado. (FIN/IPS/tra-eng/jw/da/mp/ip/00
