Paramilitares quemaron viviendas y echaron a 30 familias de un poblado habitado por simpatizantes de la guerrilla zapatista en el estado de Chiapas, al sur de México, en momentos que el presidente electo, Vicente Fox, intenta establecer contacto con los rebeldes.
Unos 300 miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia, al que organizaciones humanitarias vinculan con el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), irrumpieron la noche del jueves en la comunidad Tierra y Libertad haciendo disparos y lanzando granadas, indicaron campesinos de Chiapas.
"Estamos preocupados por este nuevo hecho de violencia, pues enrarece el ambiente justo cuando hay intentos por reactivar el diálogo de paz", dijo a IPS Fabián Sánchez, de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
Los paramilitares atacaron el pequeño poblado sin recibir resistencia, según los informes. Sus habitantes, en su mayoría indígenas choles, huyeron hacia zonas montañosas.
Tierra y Libertad es una comunidad fundada en una apartada zona rural de Chiapas por simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), luego de levantarse en armas en enero de 1994.
Francisco Mayo, habitante del lugar, dijo que los paramilitares los venían amenazado desde hace varios días.
Si la policía no interviene para permitir que los pobladores de Tierra y Libertad regresen a sus hogares, la bases de apoyo del EZLN retomarán la comunidad "sin importar las consecuencias", advirtió Mayo.
Los grupos paramilitares son una realidad en Chiapas y actúan con total impunidad, a pesar de que el gobierno de Ernesto Zedillo, cuya Presidencia termina en diciembre, lo niegue, dijo Sánchez.
Paz y Justicia es acusada por organizaciones de derechos humanos de varias matanzas en Chiapas y de amenazar a los simpatizantes de la guerrilla zapatista.
En el estado sureño, fronterizo con Guatemala, habrían 12 grupos paramilitares que reciben adiestramiento y apoyo del ejército y la policía, denunció el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática.
El nuevo hecho de violencia, que siguió a los de junio, cuando murieron siete policias y tres civiles en dos episodios diferentes aún sin aclarar, se produce cuando colaboradores de Fox buscan establecer contacto con el mando del EZLN.
Fox, quien asumirá la Presidencia en diciembre, intenta tener un acercamiento previo con la guerrilla para reactivar el diálogo de paz, suspendido en 1996.
Las negociaciones se interrumpieron porque el gobierno de Zedillo negó su apoyo a un proyecto de ley preparado por el Congreso legislativo sobre la base de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena.
Fox se comprometió a reunirse personalmente con el jefe del EZLN, el subcomandante Marcos, para buscar una rápida salida al conflicto. Sin embargo, hasta la fecha, y a pesar de sus intentos, no ha recibido respuesta.
Marcos se mantiene en silencio desde antes de las elecciones presidenciales de julio, en las que el PRI perdió la Presidencia por primera vez en 71 años.
En pronunciamientos previos, el líder guerrillero aseguró que el EZLN está listo para regresar a la negociación, siempre que el actual o el próximo presidente cumpla los acuerdos de San Andrés, acabe con la militarización de la zona y detenga a los paramilitares.
Las organizaciones de derechos humanos afirman que el gobierno de Zedillo lleva adelante una guerra de baja intensidad contra los zapatistas, que incluiría un apoyo velado a los paramilitares y una amplia militarización de la zona en conflicto.
La base militar del EZLN, que los observadores estiman en menos de 5.000 combatientes, la mayoría mal armados, se mantiene en tregua, pero rodeada de miles de soldados.
Zedillo acusó a la guerrilla de rehuir el diálogo, pero sostuvo que, a pesar de eso, en el estado de Chiapas "hay fundamentalmente paz social".
En Chiapas no hay paz social ni justicia y decir lo contrario es una mentira, afirmó, por su parte, el grupo humanitario Fray Bartolomé de las Casas, que preside el ex obispo de Chiapas, Samuel Ruiz.
El 20 de agosto se realizarán elecciones de gobernador en el estado sureño y, según los opositores al PRI, que firmaron un acuerdo para impulsar una candidatura única, entonces se pondrá en juego "la guerra o la paz". (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/00
