El triunfo de la oposición en las comicios para elegir al gobernador de Chipas, en el sur de México, dejó lista la mesa para reanudar el diálogo de paz con la guerrilla zapatista, aunque para abatir la pobreza y la violencia de la zona habrá que esperar mucho más.
En un clima de tranquilidad que contrastó con su fama de estado peligroso, donde la intolerancia política y religiosa cobra vidas en forma periódica, este domingo se realizaron en el estado de Chiapas elecciones de gobernador y por primera vez ganó la oposición.
Según los resultados preliminares, Pablo Salazar, candidato postulado por cuatro partidos opositores, es el nuevo gobernante, encargado de sembrar otra espada sobre el abatido cuerpo del aún gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que el 2 de julio ya perdió las elecciones presidenciales.
Nadie cree que los conflictos de Chiapas vayan a solucionarse «en 15 minutos», como prometió en su campaña el presidente electo Vicente Fox, pero la mayoría de políticos y analistas opinaron este lunes que las negociaciones de la paz con la guerrilla se reanudarán gracias a la nueva derrota del PRI.
«La paz sólo vendrá de la mano de la democracia» y cuando el PRI «por fin» salga de la Presidencia, apuntó hace más de cuatro años el comando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en momentos en que el partido que gobierna México hace 71 años aún parecía invencible.
Ahora, cuando el partido gobernante se arrincona y la democracia emerge, ya no hay motivos para demorar la negociación, apuntó el analista Jean Mayer.
El triunfo de Salazar abre una nueva etapa de pacificación en Chiapas, declaró Fox, tras reiterar su disposición a respetar un acuerdo sobre cultura indígena firmado por la guerrilla y por el gobierno de Ernesto Zedillo, que luego lo objetó cuando se transformó en un proyecto de ley.
Fox dijo que está listo para reunirse con el comando del EZLN y a ordenar, cuando asuma la Presidencia en diciembre, la reducción de la presencia militar en la zona.
La prioridad es la paz con la guerrilla, declaró por su parte Salazar, quien fue postulado por la coalición de cuatro partidos políticos, entre ellos Acción Nacional, de Fox, y por el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática, la tercera fuerza política del país.
Pero la agenda de asuntos pendientes en Chiapas va más allá de la guerrilla, que con apenas 12 días de combate a inicios de 1994 y de actitudes y discurso heterodoxos, sacudió el sistema político y despertó simpatías en varias partes del mundo.
Además, el EZLN se mantiene el silencio desde junio. Así, se desconoce su punto de vista sobre los últimos acontecimientos políticos y tampoco responde a los representantes que Fox envió a Chiapas.
Rodeado de miles de soldados en una zona de selva fronteriza con Guatemala, los guerrilleros, la mayoría indígenas mal armados, se mantienen en tregua y no pueden ser atacados gracias a una ley sobre pacificación, dictada en 1996.
Chiapas es hace seis años el estado con más inestabilidad política y presencia militar de México. Es, además, el más pobre del país y uno de los de mayor población indígena. También es uno de los estados con altos niveles de impunidad en materia de justicia e inequidad en la distribución del ingreso.
A pesar de ser el primer productor de café, segundo de ganado y tercero de maíz de México, Chiapas ocupa los primeros lugares en los índices de marginación y mortalidad, y más de 65 por ciento de su población sufre desnutrición.
En los últimos seis años, el estado sureño tuvo seis gobernadores del PRI, elegidos o interinos, y el gobierno de Zedillo gastó millones de dólares en programas sociales.
En ese tiempo se militarizó como nunca la zona, pero también se conocieron decenas de informes y denuncias de violaciones a los derechos humanos y matanzas de campesinos, y el número de personas desplazadas por problemas de violencia ascendió a más de 20.000.
Existen unos 300 puntos de control militar y migratorio en Chiapas y los patrullajes por aire y tierra son constantes. Sin embargo, los crímenes, como la matanza de 45 campesinos en diciembre 1997 en la localidad de Acteal, se repiten y quedan impunes, denuncian grupos humanitarios.
Sin reconocer los errores y hasta crímenes que se le atribuyen al PRI en Chiapas, el gobernador interino Roberto Albores reconoció la derrota de su partido en la última elección y declaró que con las votaciones se abrió un «parteaguas» en la historia de su estado.
«Un profundo cambio político opera en Chiapas». El resultado de las elecciones lo demuestra, apuntó el columnista del diario Reforma, Roberto Zamarripa. (FIN/IPS/dc/mj/ip/00
