Organizaciones defensoras de los derechos humanos presionan al presidente de Kenia, Daniel Arap Moi, para que investigue el homicidio de un sacerdote estadounidense y acusan a uno de sus ministros como responsable del crimen.
El sacerdote John Kaiser fue hallado el jueves muerto cerca de su auto con un disparo en la cabeza, en la municipalidad de Naivasha, unos 100 kilómetros al sur de la capital.
La muerte de Kaiser fue un duro golpe para los movimientos de derechos humanos kenianos, que la consideran una «ejecución política» destinada a hacer fracasar el proceso democrático en el país.
«¿Quién en Kenia podría estar tan desesperado como para matar a Kaiser, y por qué motivo?», preguntó la Red por los Derechos Humanos, en una declaración a la que tuvo acceso IPS.
El homicidio de Kaiser tuvo lugar un año después del intento frustrado del gobierno de deportarlo del país debido a que sus declaraciones ante una comisión investigadora sobre la violencia étnica en la provincia Rift Valley implicaron a ministros.
Kaiser, un sacerdote católico de la orden de Mil Hill, estaba a cargo de una parroquia en el turbulento distrito de Trans Mara y era uno de los principales denunciantes de la «apropiación de tierras» padecidas por sectores de bajos ingresos por personas cercanas al poder.
La Red de Derechos Humanos iniciará una investigación independiente sobre la muerte del sacerdote, ya que no confía en la policía por las vinculaciones políticas que tiene el caso.
Políticos opositores consideraron el homicidio como el «resurgimiento de métodos sucios para perjudicar los logros democráticos» que el país ha alcanzado.
El polémico sacerdote llegó a Kenia en 1964 y se hizo famoso por su labor al albergar a cientos de familias desplazadas por la violencia étnica que estalló en 1994.
«Con esto nos están diciendo que los que defienden los derechos humanos no estarán seguros en este país. El gobierno se debe hacer una pregunta: ¿Por qué no es capaz de proteger la seguridad de la gente?», dijo Harun Ndubi, del centro de asesoramiento jurídico Kituo Cha Sheria.
La Sociedad Jurídica de Kenia anunció que creará un premio especial en honor al sacerdote, quien el año pasado fue honrado por la asociación debido a su trabajo por los derechos humanos.
El homicidio de Kaiser ocurrió en el marco de una creciente tensión política.
La semana pasada, por ejemplo, un grupo de jóvenes, supuestamente respaldados por el gobierno, interfirieron una manifestación en Nairobi organizada por la oposición, provocando disturbios que terminaron con la muerte de dos personas.
«Hay una avalancha de intimidaciones y amenazas a los activistas de todo el país. La brutalidad policial no ha desaparecido y el gobierno continúa evitando sancionar a los ministros que la estimulan», denunció el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, Willy Mutunga.
Ndungi Gituhuku, del grupo activista Iniciativa Kimathi, vinculó la muerte del sacerdote con asesinatos políticos del pasado, como los del ex ministro de Asuntos Exteriores Robert Ouko y el obispo anglicano Alexander Muge.
«Nos preguntamos quién será el próximo y cuándo atacarán de nuevo», dijo.
Las autoridades prometieron «llegar hasta el fondo» del caso y solicitaron a la ciudadanía cualquier información que pudiera servir para encontrar a los responsables. Estados Unidos, por su parte, envió agentes del FBI para colaborar en la investigación.
Pero, aun cuando las investigaciones apenas comienzan, los grupos de derechos humanos ya acusan como responsable del crimen al ministro de Defensa, Julius Ole Sunkuli, a quien Kaiser identificó el año pasado como uno de los que procuraban sacarlo del país.
Sunkuli, a quien se lo vincula con la violenica étnica y la apropiación de tierras, también fue acusado ante la justicia por la violación de una menor. Pero pocos creen que el caso, presentado por la Federación Internacional de Abogadas Mujeres (FIDA), pueda prosperar.
Kaiser «fue un gran enemigo de los violadores y abogó siempre por el derecho de los campesinos sobre sus tierras», dijo Mutunga, en una evidente alusión a los intereses que Sunkuli podría tener en su muerte.
Sunkuli todavía mantiene su cargo en el gabinete, pese a que es acusado de aprovecharse de su posición para evitar ser juzgado.
La oficina de FIDA en Nairobi envió esta semana una petición al jefe de policía para que brinde protección a sus miembros, quienes han sido víctimas de amenazas telefónicas.
Mientras, 107 mujeres del distrito de Trans Mara amenazaron con sacar a sus hijos de la escuela St. Joseph si el gobierno no toma alguna medida contra Sunkuli, quien, según sostienen, acosa a las jovencitas.
«Confiamos en que el debido proceso de la ley resolverá el caso, porque es inapropiado que ese hombre continúe ejerciendo un cargo en el gabinete», dijo a IPS Helen Katim, una mujer de Trans Mara. (FIN/IPS/tra-en/ja/sm/rp/aq/hd-ip/00
