Israel comenzó a discutir una propuesta del primer ministro Ehud Barak para adoptar una Constitución escrita, y grupos religiosos se oponen a la iniciativa, porque temen que implique la pérdida de bases de su actual poder.
La cuestión se ha discutido en varias ocasiones durante los 52 años de historia del Estado de Israel, y fue replanteada la semana pasada cuando el primer ministro anunció en forma inesperada planes de reforma social con el eje de la aprobacion de un texto constitucional.
Israel afirma ser la única democracia de Medio Oriente, y se identifica a sí mismo como un Estado democrático y un Estado judío a la vez.
Sin embargo, los israelíes discrepan acerca del carácter de su identidad como judíos, que unos vinculan con la aceptación de normas religiosas y otros con un patrimonio cultural compartido.
"Como judío religioso, ya me rijo por una constitución, cuyo nombre es la Torá (primeros cinco libros del Antiguo Testamento). Temo que la aprobación de un texto constitucional anule las leyes que apuntaron a establecer a Israel como un Estado judío", dijo Avraham Ravitz, un rabino y parlamentario de Yahadut Hatorah, un partido religioso ultraortodoxo.
Ravitz se refería a las llamadas "leyes básicas", equivalentes a normas constitucionales, aprobadas por el parlamento desde la creación del Estado de Israel, y su temor es que la aprobación de una Constitución formal imponga principios de democracia liberal con mayor rango que esas normas.
Las leyes básicas abarcan una gran variedad de asuntos, desde el funcionamiento del parlamento hasta la defensa de la libertad y la dignidad humanas, pero no abordan las cuestiones más espinosas de la relación entre lo religioso y lo secular, o la relación entre ciudadanos judíos y árabes.
Los israelíes laicos son afectados en muchos aspectos de la vida cotidiana por el poder de los grupos religiosos ortodoxos.
Por ejemplo, sólo los rabinos pueden establecer matrimonios o divorcios válidos, y eso implica que miles de parejas deban viajar al exterior cada año, y en especial a Chipre, para casarse en ceremonias civiles.
Defensores de los derechos civiles desean una Constitución que incluya reconocimiento y garantías de derechos y libertades individuales, para combatir lo que consideran una coerción actual de los grupos religiosos y promover la igualdad entrre ciudadanos árabes y judíos.
"Eso no garantizaría que la discriminación cese de inmediato, pero sería un poderoso instrumento para combatirla", apuntó Dan Yakir, un abogado de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel.
La preocupación de los grupos religiosos ante la propuesta de establecer un texto constitucional se vincula con iniciativas del presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak, quien ha tratado de que los jueces adopten un enfoque democrático liberal de los asuntos a su cargo.
La aprobación de una Constitución permitiría a Aharon Barak cuestionar en nombre de la democracia la Ley del Retorno, que permite convertirse en ciudadano de Israel a cualquier judío que se radique en el país, dijo Charles Liebman, un profesor de ciencia política de la Universidad de Ba-Ilan, cerca de Tel Aviv.
Esa ley representa el núcleo jurídico de la concepción de Israel como un país constituido por la reunión soberana de los judíos del mundo, tras 2.000 años de dispersión.
El presidente de la Corte Suprema podría alegar que esa norma viola los derechos de personas que no son judías, y socavar de ese modo las actuales bases judías de la identidad israelí, apuntó Liebman.
Es probable que los motivos de Ehud Barak al proponer la adopción de un texto constitucional hayan tenido más que ver con cálculos políticos que con idealismo.
Tras el estancamiento de las negociaciones de paz con los palestinos, el primer ministro trata de instalar una nueva cuestión en la agenda del parlamento y promover su discusión por parte de los habitantes del país, a muchos de los cuales disgusta el enorme poder actual de los partidos religiosos.
"En Israel, el gobierno siempre debe mantener en debate una cuestión distinta del proceso de paz, si desea mantener un amplio apoyo parlamentario", dijo este miércoles a periodistas el ministro de Relaciones Exteriores interino, Shlomo Ben-Ami
Yehezkel Dror, profesor de ciencia política en la Universidad Hebrea, uno de los principales expertos israelíes en asuntos constitucionales y asesor de muchos países en desarrollo en la materia, no considera prudente la iniciativa del primer ministro.
"En términos funcionales, Israel ya tiene una Constitución, formada por las leyes básicas, las decisiones judiciales y las costumbres", tal como ocurre en Gran Bretaña, señaló Dror.
"Algunas personas desean un documento que se defina como Constitución y tenga una jerarquía especial, pero hablar de la importancia de contar con una Constitución sin definir qué contenido debe tener es sólo un eslógan", arguyó.
"Gran Bretaña es sin duda una democracia operativa, aunque carezca de una Constitución formal", sostuvo
El especialista piensa que sería mejor dejar que la contradicción entre lo religioso y lo laico se resuelva con el paso de los años, en vez de imponerle una solución mediante un texto constitucional.
Sin embargo, activistas israelíes por los derechos civiles opinan que sólo un texto constitucional puede garantizar que esa contradicción se resuelva a favor de la democracia.
"La función de un texto constitucional es establecer un conjunto de derechos que no pueden ser anulados con facilidad por la voluntad de una mayoría ocasional en el gobierno", enfatizó Yakir. (FIN/IPS/tra-eng/bl/sm/mp/ip/00
