Organizaciones de derecho ambiental de Estados Unidos demandarán a la Marina porque los ejercicios militares que realiza en la isla de Vieques, en Puerto Rico, pondrían en peligro a la población y al ambiente.
Las demandas de la Pace Environmental Litigation Clinic (Pace) y la Water Keeper Alliance responden al enfrentamiento entre la Marina y los 9.300 habitantes de la isla a 10 kilómetros de la costa oriental de Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos.
Las autoridades de Vieques detuvieron a 32 mujeres el lunes en las afueras de la base militar de la Marina cuando intentaban impedir los ejercicios de tiro militar que la fuerza reanudó el jueves 3 después de un paréntesis de más de un año.
Así mismo, el domingo 6 más de 5.000 personas se manifestaron en San Juan por la misma causa.
La crisis se desató en abril de 1999 cuando un avión militar arrojó dos bombas en el blanco equivocado, matando a David Sanes Rodríguez, un guardia de seguridad civil que trabajaba para la Marina en Vieques, e hiriendo a cuatro personas más.
El incidente desató protestas sin precedentes contra los 60 años de presencia de la Marina en Vieques, y obligó al gobierno estadounidense de Bill Clinton a prometer un referéndum el próximo año que decida la permanencia o no de los militares.
Las organizaciones redactan un interdicto para obligar a la Marina a cancelar los ejercicios porque amenazarían el ambiente y la salud en Vieques. La primera demanda se planteará en un tribunal federal en San Juan a fines de mes, y dos más a mediados de septiembre.
"La interrogante es cuál de las demandas cesará los bombardeos en Vieques. Por eso presentaremos distintos tipos de demandas", explicó Scott Edwards, abogado de la Water Keeper Alliance.
En juego está uno de los campos de entrenamiento más importantes de la Marina estadounidense, que ocupa desde 1939 más de 72 por ciento de la isla, unas 10.500 hectáreas dedicadas a base militar y campo de tiro.
La población viequense vive en una franja de tierra prácticamente rodeada por la zona militar.
Desde la muerte de Sane, la Marina debió justificar su presencia en la isla y sostiene que las instalaciones de Vieques son únicas porque permiten realizar ejercicios aéreos, marítimos y terrestres "sin poner en peligro a la vecina población civil".
Hasta la realización del referéndum, que decidirá si la Marina se queda o deberá abandonar la isla antes del 1 de mayo de 2003, sólo se podrán usar pertrechos no explosivos y los ejercicios sólo podrán efectuarse hasta 90 días por año, frente a los 180 anteriores.
Las encuestas indican que 80 por ciento de los viequenses quieren que la Marina abandone la isla de inmediato. Si no se halla una salida por medios políticos, entonces podría encontrarse por vía judicial.
La quema de materiales al aire libre que realiza la Marina en el este de Vieques viola la Ley de Conservación y Reciclaje de Recursos, que exige un permiso para manejar "residuos peligrosos", según la primera demanda de Pace.
"Tenemos un caso muy fuerte porque a la Marina se le negó ese permiso en 1980 y nunca más se atrevió a solicitarlo", dijo Edwards.
Los demandantes también cuestionan las bombas sin explotar que contaminan la isla y sus corales costeros. Sostienen que la Marina llevó clandestinamente a la zona cuatro embarcaciones conteniendo supuestas sustancias tóxicas.
Pace también investiga si la estatal Agencia de Protección Ambiental no hizo cumplir las leyes ambientales. El año pasado, el organismo no renovó el sistema de Eliminación de Descargas Contaminantes de la Marina porque descubrió 102 violaciones a normas de calidad del agua.
A mediados de septiembre, la organización presentará una queja contra el Secretario del Interior por no aplicar la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
La demanda principal, que aún no tiene fecha, ordenará a la Marina cesar sus actividades debido al "peligro inminente y sustancial" para la salud pública y el ambiente.
"Aún aguardamos estudios de calidad del aire, el agua y la tierra. Preferimos tomarnos el tiempo para recabar evidencia porque no queremos que nos rechacen como le ocurrió al Colegio de Abogados de Puerto Rico en junio", comentó Edwards.
Se refería a la demanda presentada en abril por dos abogados puertorriqueños solicitando una orden temporal de restricción contra la Marina, después de que oficiales reconocieron que dos aviones dispararon accidentalmente 263 balas de uranio en Febrero de 1999 y sólo recuperaron 57.
El caso se desechó en junio cuando el juez encargado decidió que no había suficientes pruebas científicas que acusaran a las actividades de la Marina de causar "peligro inminente y sustancial".
Pero la disputa no terminó ahí. El 28 de mayo, el estudio jurídico Eaves demandó a la Marina en representación de 200 viequenses que buscan indemnización por sus problemas de salud, muertes y abortos supuestamente relacionados con las actividades militares.
Un portavoz del estudio explicó que en breve se presentarán 400 demandas más y que 3.000 personas se someterán a análisis médicos con ese fin.
La Marina tiene seis meses para responder y si se niega a pagar indemnización, como es probable, el estudio apelará ante un tribunal federal.
"No estamos contra la Marina. Pero aquí hay armas peligrosas que se prueban en islas habitadas" por civiles, dijo Jeff Browning, investigador de Eaves.
Las demandas se basan en dos estudios médicos locales que hallaron altas concentraciones de arsénico, cadmio, zinc, cobalto, cobre, mercurio, plata y plomo en las zonas impactadas.
También revelaron grandes cantidades de nitritos, amoníaco, petróleo, gas y fosfatos, los residuos habituales dejados por explosiones de bombas y que están presentes en otras armas.
La Marina "puede hacer lo que quiera, pero sólo hay una solución. Que haga las maletas y se vaya", dijo Radamés Tirado, ex alcalde de Vieques. (FIN/IPS/tra-en/mp/da/aq/ip/hd/00
