La crisis política en Fiji se transforma en una lucha por el poder entre grupos de origen étnico nativo, tres meses después de un golpe de Estado que invocó la causa de la población autóctona contra la comunidad de origen étnico indio.
El nuevo gobierno encarceló bajo cargos de traición a George Speight, quien inició el 19 de mayo el proceso que condujo al golpe de Estado, cuando ocupó la sede del Poder Legislativo con apoyo de parte del ejército, y retuvo allí como rehenes a varios integrantes del anterior gobierno, durante 56 días.
Los militares anularon la amnistía que habían asegurado a Speight y sus seguidores en julio, durante las negociaciones que condujeron a la liberación de los rehenes, entre los cuales estaba el entonces primer ministro Mahendra Chaudhry.
Ahora las Fuerzas Armadas arguyen que su comandante en jefe, Frank Bainimarama, firmó bajo presión el acuerdo en el cual se conmcedió la amnistía, y que ésta carece por lo tanto de validez, mientras persiguen a los seguidores de Speight y pusieron bajo arresto domiciliario a cinco jefes de comunidades indígenas acusados de apoyarlo.
Mientras tanto, los fijianos de origen étnico indio sienten que se les quiere transformar en chivos expiatorios de todos los problemas del país.
"Los integrantes de la comunidad indofijiana no debería ser usados como peones en la dura lucha por el poder entre fracciones de origen étnico nativo" señaló la semana pasada en una declaración el Partido de la Federación Nacional (NFP), que representa a fijianos de ascendencia india.
El NFP fue el mayor partido de esa comunidad hasta verse desplazado en las elecciones de 1999 por el Partido Laborista del depuesto Chaudhry, quien fue el primer indofijiano en ese cargo.
Chaudhry fue elegido en los primeros comicios tras una reforma de la Constitución que buscó aliviar los conflictos étnicos al eliminar el régimen racista anterior, que aseguraba la mayoría de las bancas del parlamento a representantes de la comunidad autóctona, y establecer un gabinete llamado "multirracial".
Los fijianos de ascendencia india descienden de trabajadores introducidos al país hace un siglo, durante el dominio colonial de Gran Bretaña, y son en la actualidad más de 40 por ciento de la población de 800.000 personas.
Chaudhry fue obligado a renunciar tras la liberación de los rehenes, que se logró el 13 de julio tras la mediación de las Fuerzas Armadas.
Speight, un empresario y vendedor de computadoras, dijo que había lanzado su intento de golpe de Estado "en defensa de todos los indígenas fijianos", a quienes consideraba ofendidos por el gobierno de Chaudhry, y reclamó que los indofijianos fueran exluidos de todos los cargos políticos importantes.
Tras el golpe de Estado, los partidos que representan a la comunidad indofijiana fueron desplazados de la toma de decisiones y del proceso de negociación en curso para restablecer el orden en Suva.
Por primera vez desde la independencia de Gran Bretaña, en 1970, el ejército de Fiji, compuesto en forma casi exclusiva por personas de origen nativo, combate a grupos rebeldes que también pertenecen a la comunidad autóctona. Tres soldados y un policía han muerto en escaramuzas con los seguidores de Speight.
Unos 400 integrantes de las Fuerzas Armadas fueron enviados la semana pasada a recorrer la mayor isla del país, Viti Levu, en busca de los insurgentes, entre quienes se piensa que hay miembros del la Unidad de Guerra Contrarrevolucionaria del propio ejército.
Los abogados de Speight dedicaron la semana pasada seis horas a presentar un alegato en el cual sostuvieron que su defendido no está seguro bajo la custodia militar, y que tampoco los están varios de sus seguidores detenidos. El juez que interviene en el caso no aceptó la liberación bajo fianza de los presos.
En el alegato se sostuvo que los detenidos habían sido víctimas de agresiones por parte de militares durabnte su reclusión, y tanto Speight como otros dos acusados se presentaron en el tribunal con vendajes y partes del cuerpo enyesadas.
Romano Tikotikoca, un portavoz de la policía, dijo a periodistas locales que los jefes de la comunidad indígena acusados de apoyar a Speight podrían ser sometidos a interrogatorio, y que los medios tradicionales de reconciliación no son válidos en los procesos penales.
Mientras tanto, el país afronta graves problemas económicos como consecuencia directa del golpe de Estado.
El Banco de la Reserva de Fiji informó este mes que el producto interno bruto cae a pique y previó que sumará este año un decrecimiento de 15 por ciento este año.
Según el gobernador del banco, Savenaca Narube, por lo menos 6.000 personas perdieron sus empleos desde que se produjo el golpe de Estado, y otras 7.000 sufrieron reducciones de su horario de trabajo.
El turismo, que es la segunda fuente de ingresos del país, también se ve afectado en forma grave por la situación política. El ingreso de turistas cayó 60 por ciento en junio, y la ocupación de habitaciones de hotel es en la actualidad menos de 20 por ciento de la capacidad disponible.
Narube dijo que la única esperanza de la economía es la exitosa cosecha de azúcar, el principal producto de exportación.
Chaudhry realiza una gira internacional que lo ha llevado a Australia, Nueva Zelanda, India y Gran Bretaña, para pedir que la comunidad internacional adopte sanciones económicas contra el actual gobierno de Fiji y presione por la reposición del anterior.
El primer ministro depuesto se reunió con gobernantes y dirigentes sindicales de Australia y Nueva Zelanda, dos países que ya adoptaron sanciones contra el régimen fijiano, y les pidió que la presión aumentara.
La inestabilidad política en Fiji no cesará hasta que se restablezca la democracia, aseguró.
"Cada vez que un resultado electoral afecta los intereses de algunos fijianos poderosos, esas personas cambian las reglas del juego. ¿Cuántas veces va a permitir la cmunidad internacional que eso ocurra?", dijo Chaudhry la semana pasada tras una reunión con sindicalistas australianos.
Mientras tanto, grupos armados de seguidores de Speight atacan a los indofijianos en áreas rurales e incendian sus hogares, granjas y comercios.
El primer ministro interino, Laisenia Qarase, atizó el conflicto étnico este mes al señalar a los indofijianos como responsables de la "postergación" de la población autóctona.
Qarase arguyó que la comunidad de origen indio ha ganado mucho dinero mediante la explotación de tierras que arriendan a integrantes de la comunidad nativa a precios demasiado bajos, y que eso ha privado a los propietarios de ingresos razonables.
El secretario general del NFP, Attar Singh, rechazó esas afirmaciones y alegó que el progreso del país se ha debido al duro trabajo y el respeto de las leyes por parte de los indofijianos.
La cuestión del sistema de arrendamiento de tierras ha sido discutida en reiteradas ocasiones durante los últimos años, en el marco de debates acerca de las relaciones interétnicas.
Gran parte de las tierras arrendadas por indofijianos a personas de origen nativo se emplean para la producción de azúcar, que es la base de la economía del país. (FIN/IPS/tra- eng/ks/js/mp/ip/00
