La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hoy a Perú por la muerte en la cárcel de dos detenidos inocentes y por las torturas sufridas por otro, los tres acusados de guerrilleros.
El tribunal, que actúa en forma autónoma de la Organización de Estados Americanos, declaró responsable de delitos de lesa humanidad al gobierno peruano en los casos de Luis Alberto Cantoral Benavides y de Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Ugarte Rivera.
La resolución fue recibida con beneplácito por grupos de derechos humanos, pero expresaron dudas respecto de la respuesta del presidente Alberto Fujimori, quien en ocasiones anterioeres no ha reconocido la competencia en su país de la Corte.
La primera sentencia divulgada este jueves por el secretario del tribunal, Manuel Ventura, establece que el joven Cantoral Benavides, inocente, pero condenado a 20 años de prisión por cargos de terrorismo, fue arbitrariamente detenido, brutalmente torturado y enjuiciado dos veces con base en los mismos hechos.
Cantoral Benavides fue indultado por el presidente Fujimori el 25 de junio de 1997 y puesto en libertad, pero por razones de seguridad personal tuvo que abandonar su país natal.
El segudo fallo de la Corte, presidida por el juez brasileño Antonio Cançado, califica de ilegítima la privación de libertad de que fueron víctimas en los años 80 Durand Ugarte y Ugarte Rivera, quienes permanecieron detenidos hasta su muerte en el penal de San Juan Bautista, conocido como El Frontón.
La investigación realizada por los magistrados determinó que las fuerzas de seguridad del Estado peruano desarticularon un motín en esa cárcel el 18 de junio de 1986, con la utilización de medios desproporcionados y ejecuciones sumarias de presos que ya estaban rendidos, entre ellos Durand Ugarte y Ugarte Rivera.
Paradójicamente, luego del motín, el Sexto Tribunal Correccional de Lima encontró que ambos detenidos eran inocentes de los cargos de terrorismo en su contra y ordenó su inmediata libertad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ordenó en las dos causas investigar y castigar a los culpables de las violaciones y reparar económicamente a Cantoral Benavides y los familiares de las otras dos víctimas, aunque los montos todavía no fueron fijados.
La condena «representa un duro golpe al sistema de justicia antiterrorista peruano y devela la arbitrariedad del accionar de las autoridades, el uso de la tortura y la denegación de la justicia», dijo Viviana Krsticevic, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que presentó ambas demandas.
Krsticevic hizo un llamado al gobierno peruano para que acate la decisión, a fin de ofrecer una debida reparación al joven afectado y a los familiares de las dos personas asesinadas.
Por su parte, la coordinadora general de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, Celia Medrano, dijo estar «muy complacida con estos fallos, pero consideramos la lentitud en emitirlos reflejan la principal debilidad del sistema interamericano de justicia».
Medrano explicó a IPS que, en el caso de los ajusticiados en 1986, la resolución del tribunal es correcta, pero tardía, pues no beneficia en mucho a los familiares de las víctimas, quienes han tenido que esperar muchos años para esperar una justicia cumplida.
El gran problema que se avecina después de esta resolución es encontrar la forma para que Fujimori acate la sentencia, respete los dictámenes de los jueces interamericanos y otorgue el resarcimiento a los familiares, precisó.
Es que la pugna entre el Estado peruano y la corte estalló el 9 de julio de 1999, cuando Fujimori anunció que no acataría más las disposiciones del tribunal por razones de seguridad nacional.
En ese entonces, el tribunal ordenó a Perú un nuevo juicio para cuatro ciudadanos chilenos que habían sido condenados a cadena perpetua por cargos de terrorismo por parte de un tribunal militar secreto. (FIN/IPS/nms/dm/hd/00
