La limitación de las atribuciones de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU, lejos de producir los efectos deseados por sus promotores, permitió la aprobación de resoluciones críticas sobre casos de embargo económico que causaron la reacción airada de Estados Unidos.
El representante permanente de Estados Unidos ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra, George Moose, calificó de «incorrecto, tendencioso e incendiario» un informe del foro mundial sobre las consecuencias de las sanciones económicas en materia de derechos humanos.
Los ejemplos de embargo examinados incluyen a Iraq y Cuba, dos casos de extrema actualidad que atañen a la política exterior de Estados Unidos.
Al examinarse la situación de Iraq y de Afganistán, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Sudán y Yugosloavia, entre otros, intervino también el Consejo de Seguridad de la ONU, invocando la Carta de la organización.
El documento que Estados Unidos objetó, elaborado por el jurista belga Marc Bossuyt a solicitud de la subcomisión, estimó que las sanciones se fundan en que la presión económica sobre los civiles repercutirá en el gobierno, induciéndolo al cambio.
Pero esta teoría ha sido refutada jurídicamente y en la práctica, ya que cada vez hay más pruebas de la ineficacia de las sanciones económicas generales como mecanismo de coacción, sostuvo Bossuyt, un ex miembro de la subcomisión.
En los regímenes en que las decisiones políticas no se adoptan por la vía democrática, sencillamente es imposible que la presión civil suscite un cambio en el gobierno, advirtió el estudio.
Por el contrario, el gobierno sancionado puede usar las represalias como chivo expiatorio de sus problemas, dando pie a sus dirigentes para incurrir en el extremismo político.
El sufrimiento de la población civil, supuestamente factor efectivo de las sanciones económicas generales, mina la eficacia de esas sanciones, fortaleciendo incluso al gobierno y a sus políticas.
Estados Unidos advirtió, al reaccionar ante el informe, que esas conclusiones «ponen en peligro la credibilidad» de la subcomisión. El documento «perjudica a la subcomisión y a su autor», insistió Moose.
El cuestionado organismo de la ONU, que está integrado por 26 expertos independientes, designados a propuesta de los gobiernos, sufrió a partir de este año una serie de recortes de facultades. En particular, se le privó de su capacidad de evaluar denuncias sobre violaciones de los derechos humanos en países determinados.
Otra modificación le valió el cambio de su nombre, que ahora es Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos.
La prohibición de ocuparse de violaciones particulares en países constriñó a la subcomisión a concentrarse en el examen de temas, como es el caso de las sanciones económicas y sus consecuencias sobre los derechos humanos.
Pero de manera paradójica, el estudio de esas cuestiones desembocó en casos flagrantes, que aluden a situaciones de embargo específico e identifican al país que establece el embargo y a aquellos que lo padecen.
A pesar de las restricciones para que la subcomisión se dedicara a casos de países, de manera espontánea surgieron los nombres de las naciones comprometidas en la aplicación de embargos, comentó el académico chileno José Bengoa, uno de los miembros de la subcomisión.
El informe de Bossuyt dijo que existen contradicciones sobre el número exacto de muertes directamente atribuibles a las sanciones contra Iraq, pero las estimaciones van de medio millón a un millón y medio. Y la mayoría de los muertos son niños, precisó.
En síntesis, las sanciones impuestas a Iraq han provocado un desastre humanitario comparable a las peores catástrofes de los últimos decenios, sostuvo.
Después de casi medio siglo, las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Cuba siguen haciéndose más rigurosas y todavía no han alcanzado su objetivo. Es importante que se adopten medidas sobre esas sanciones para evitar las consecuencias ya observadas en Iraq, previno Bossuyt.
La subcomisión, que concluyó este viernes su período annual de sesiones, aprobó una resolución que reconoce el trabajo efectuado por Bossuyt y al mismo tiempo llama a los estados a reconsiderar las medidas de adopción de sanciones económicas o de apoyo a las mismas. (FIN/IPS/pc/ff/hd ip/00
