Unas 1,5 millones de hectáreas de tierra abandonadas por medianos y pequeños productores en 1999 en Colombia ponen sobre el tapete el progresivo cambio violento de la tenencia de bienes rurales amparado por la guerra civil.
Un estudio de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) revela que 32.087 de los 54.385 hogares desplazados el año pasado a causa de la violencia poseían tierras aptas para la agricultura.
El director de Codhes, Jorge Rojas, comentó a IPS que la investigación revela que el problema «del desplazamiento forzado evidencia un proceso de recomposición violenta de la tenencia de la tierra que va en aumento».
El trabajo fue realizado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea y la embajada de Holanda.
Rojas destacó que los hogares con posesión de tierras abandonados representaban 47 por ciento del total en 1997, mientas en 1998 fue 46 por ciento y en 1999 aumentó a 58,9 por ciento.
Entre 1996 y 1999 han sido desplazados por el conflicto armado interno 86.799 hogares que poseían 1.480.493 hectáreas de tierra, en su mayoría de uso agropecuario.
Los más afectados fueron los propietarios de entre dos y 10 hectáreas (34 por ciento), seguidos de los que tenían entre 11 y 20 hectáreas (14 por ciento) y los de entre 51 a 100 hectáreas (13 por ciento).
La superficie de uso agrícola de Colombia tiene una extensión de 14,4 millones de hectáreas, que representan 12,7 por ciento del territorio.
De ese total apto para la agricultura, 45 por ciento está en manos de sólo 0,3 por ciento de propietarios, con más de 500 hectáreas cada uno, 20 por ciento pertenece a 2,3 por ciento, con 100 a 500 hectáreas por predio, mientras que 35 por ciento pertenece a 97,4 por ciento de los productores que poseen extensiones menores a 100 hectáreas.
«Los guerrilleros decían que tenían que sacar de la zona a los paramilitares (…) y de allá salimos tres familias, una que vendió su propiedad de tres hectáreas a mitad de precio y las otras dos que las abandonaron por las amenazas», narró un campesino del departamento de Caqueta, en el sudeste.
Otro testimonio recogido por los expertos del Codhes en el departamento norteño de Córdoba señala que los productores dejaron sus pequeñas propiedades amenazados por las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
«Los hombres de las AUC nos dijeron que detrás de ellos venía un tractor (en alusión al progreso), y yo me pregunto ¿los beneficios del tractor quién se los lleva?», dijo el campesino, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.
Los testimonios reflejan el drama que viven miles de familias a causa de una guerra «que se extiende sin referentes humanitarios», comentó Rojas.
Una fuente de una organización civil que pidió el anonimato dijo a IPS que en la región de Urabá, en el noroeste, «no se compra ni se vende un centímetro de tierra sin el consentimiento de los paramilitares», al igual de lo que ocurre en otras regiones con la guerrilla.
Un informe elaborado por Vía Campesina, organización no gubernamental con sede en Bruselas, afirma que «hay una gran responsabilidad» de los grandes propietarios de tierras y de beneficiarios de proyectos «en el desplazamiento de miles de campesinos.
El grupo, que concluyó su visita al país el 12 de julio, dice que es imposible «dejar de pensar» que el desplazamiento sistemático de personas «no obedece a un plan preconcebido por gestores del modelo de desarrollo supuestamente acelerado, que consideran al campesinado y a indígenas poblaciones inviables», que obstaculizan sus proyectos.
Por su pare, el estudio de Codhes indica que en 1999 fueron desplazadas de sus hogares 288.127 personas y en 49 por ciento de los casos se señaló como responsables a los paramilitares, 28 por ciento a la guerrilla y seis por ciento a organismos de seguridad, como el ejército y la policía.
Otras investigaciones revelan que en la primera mitad de la década de los 90 la redistribución de la tierra estuvo controlada por organizaciones de narcotraficantes, que se apropiaron de unas dos millones de hectáreas pertenecientes a medianos y pequeños productores.
Esta vinculación entre el desplazamiento de personas y los grupos armados, y la incapacidad del gobierno para controlarlos, pone en riesgo la seguridad alimentaria de todos los colombianos, además de la seguridad de las poblaciones campesinas e indígenas, sostienen expertos.
Codhes indica que la política del presidente Andrés Pastrana para prevenir y resolver el problema del desplazamiento «ha sido un gran fracaso».
La organización recordó que Pastrana anunció antes de ser elegido en junio de 1998 que tenía un plan para las personas desplazadas, pero demoró 20 meses en divulgarlo «y tres meses después ha quedado demostrado con cifras que es ineficaz». (FIN/IPS/yf/dm/hd/00
