El aval a la política de derechos humanos del gobierno de Colombia otorgado hoy por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, es objeto de críticas de parte de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las ONG consideraron equivocada la decisión de Clinton dar a Colombia una aprobación por razones de «interés general», si bien condicionada, en materia de derechos humanos, a pesar de que la guerra interna cobra cada día más víctimas civiles.
El aval del mandatario, comunicado este miércoles al Departamento de Estado (cancillería), es requerido para hacer efectivo el primer desembolso de la ayuda por 1.300 millones de dólares aprobados por el Congreso estadounidense para el Plan Colombia.
Este proyecto impulsado por el presidente Andrés Pastrana, y para el cual el gobierno reclama ayuda financiera internacional, conducirá, según las ONG, a una escalada en la guerra civil.
La ley por la que el Congreso legislativo estadounidense autorizaba la asistencia al Plan Colombia con la condición de que se suspendiera a los militares sospechosos de haber cometido violaciones de derechos humanos o colaborado con grupos paramilitares.
El memorándum enviado este miércoles por Clinton a la secretaria de Estado (canciller), Madeleine Albright, informa que esa condición queda suspendida «en interés de la seguridad nacional de Estados Unidos».
Clinton también dejó de lado la condición de que las «Fuerzas Armadas colombianas colaboren plenamente con las autoridades civiles en la investigación, acusación y castigo en cortes civiles» de militares acusados de violar los derechos humanos.
Otra condición suspendida es la represión por parte del gobierno de Pastrana y el juzgamiento en cortes civiles de los líderes e integrantes de grupos paramilitares o de militares que colaboran con ellos, así como el envío al terreno de magistrados militares para que investiguen los casos denunciados.
El Plan Colombia tiene como propósitos primordiales respaldar las negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana y las organizaciones guerrilleras y combatir el narcotráfico y el cultivo de drogas ilícitas.
Jorge Rojas, de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil para la Paz integrada por unas 40 ONG, dijo a IPS que exigirán al gobierno la inversión de parte de la ayuda estadounidense en la protección de los derechos humanos, para lo que aprovecharán una reunión que se celebrará en Costa Rica en octubre.
Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, y portavoz de las ONG, dijo que el apoyo de Clinton al Plan Colombia está centrado en la guerra contra el narcotráfico y desconoce el drama humanitario del país.
Para explicar su decisión de este miércoles, Clinton aseguró que el presidente Pastrana «está comprometido a enfrentar los problemas de derechos humanos que nos preocupan mucho y ha presentado un proyecto de ley al parlamento» para juicios civiles a militares implicados en violaciones de derechos humanos.
Una de las condiciones que el Congreso estadounidense había puesto a la asistencia era que Pastrana declarara por escrito que los militares acusados de violaciones de derechos humanos serían llevados a la justicia civil, condición que fue cumplida por el mandatario el día 16.
La decisión de certificar a Colombia ocurre una semana antes de la visita que Clinton hará a Cartagena para reafirmar su compromiso con la política antidrogas del presidente Pastrana.
José Vivanco, director para América Latina de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, con sede en Washington, dijo el martes que, si bien Pastrana cumplió al menos con una de las condiciones al descartar la justicia militar para violaciones de derechos humanos, aún falta mucho por hacer.
Uno de los compromisos más difíciles de cumplir es la eliminación total de cultivos de coca y amapola (más de 120.000 hectáreas) para 2005.
El aval condicionado a Colombia coincidió este miércoles con denuncias del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), según las cuales en Colombia mueren cada día seis menores víctimas de la violencia.
Seis mil menores participan de manera directa en la guerra como guerrilleros de izquierda o paramilitares de derecha, afirmó Unicef.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional informó que en 1999 «más de 3.500 personas fueron objeto de actos violentos cometidos por motivos políticos, varias decenas 'desaparecieron' y más de 250.000 se vieron obligadas a abandonar su hogar».
Los bandos en pugna «intensificaron sus acciones y se expandieron a nuevas áreas», pero esta expansión generó «poca o ninguna reacción por parte de las autoridades», agregó Amnistía Internacional.
Esta organización critica al gobierno por no cumplir con su compromiso de crear un grupo de elite de las Fuerzas Armadas a cargo del combate contra los paramilitares de derecha, al que se atribuye 80 por ciento de las masacres (asesinato simultáneo de más de cuatro personas en un mismo sitio) de campesinos. (FIN/IPS/yf/mj/ip hd/00
