El gobierno de Australia, criticado por su tratamiento a las minorías y los solicitantes de asilo, amenazó con impedir la visita de comisiones de la ONU para investigar violaciones a los derechos humanos.
Canberra solo aceptará las visitas de esos grupos, incluida la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, cuando existan "razones urgentes", según una decisión adoptada por el gabinete el martes.
Se trata de una reacción "desmesurada e irresponsable ante recientes críticas de la ONU" (Organización de las Naciones Unidas", opinó Kate Gilmore, directora de la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional en Australia.
Canberra "indicó claramente que los derechos de los grupos vulnerables, entre ellos indígenas, mujeres y refugiados, son secundarios para el gobierno", señaló Amnistía.
Agregó que "al colocar al Estado sobre el individuo, el gobierno estimula tácitamente a otros países como Birmania y China a actuar según sus propias normas. Otros gobiernos de la región podrán agradecérselo, pero no las víctimas de ataques, tortura y asesinatos".
El gobierno de derecha de John Howard también advirtió que rechazará cualquier "solicitud injustificada" de comisiones de la ONU para postergar la deportación de solicitantes de asilo.
Así mismo, el gabinete decidió que no firmará ni ratificará el protocolo opcional de la Convención de las Naciones Unidas para la Eliminación de Toda Discriminación contra la Mujer.
El protocolo permite que mujeres, individualmente o en grupo, presenten quejas a la ONU sobre violaciones a sus derechos, por ejemplo acoso sexual en el lugar de trabajo, violencia de género y privación de atención médica, entre otras.
El gobierno australiano también anunció una "completa revisión" de la interpretación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados, aprobada en 1951.
Las últimas deportaciones de solicitantes de asilo o refugio en Australia fueron interpretadas como violatorias de esa convención, firmada y ratificada por Canberra.
Si el gobierno cumple sus amenazas, podrá retirarse de la Convención, pero debe avisar con 12 meses de anticipación.
Tradicionalmente Australia gozó de "buena reputación" en materia de derechos humanos, pero su autoridad moral pronto dejará de existir, advirtió Palitha Kohona, director de la Sección de Tratados de la ONU.
Canberra "debe madurar lo suficiente para no enojarse cuando alguien critique su actuación, sino analizar esa crítica y hacer algo para mejorar", exhortó Kohona.
Agregó que la decisión del gobierno de no ratificar el protocolo opcional sobre los derechos de la mujer impedirá a muchas australianas presentar quejas contra políticas que consideren discriminatorias.
"El momento del anuncio gubernamental está claramente vinculado con la expectativa de una nueva crítica de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos acerca del tratamiento de los aborígenes", señaló el senador Aden Ridgeway, del partido opositor Reconciliación Democrática.
"Nos sorprende que Australia quiera aislarse de los otros países industrializados y considerarse más allá de toda crítica en materia de derechos humanos", y además "su lenguaje es hostil, casi amenazante", observó.
Claramente, el Poder Ejecutivo desea obstruir el trabajo de las comisiones de la ONU, "que consideramos esencial para el funcionamiento de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos", agregó el senador.
En uno de sus informes oficiales a la Comisión, que sesionó en Ginebra el pasado julio, Australia admitió que, desde mayo de 1991, murieron 34 indígenas y 193 no indígenas bajo custodia policial o en prisión.
El embajador Leslie Luck reconoció ante la Comisión que los grupos autóctonos están desaventajados dentro de la población australiana, "en gran parte como resultado de la colonización europea". (FIN/IPS/tra-en/ip/td/da/mlm/hd/00
