El gobierno municipal de Río de Janeiro lleva adelante un exitoso programa de urbanización para incluir a la población marginada en los beneficios de la ciudad.
En 2004, la mitad de los actuales marginados se habrán beneficiado con ese programa, en especial por la urbanización de las llamadas "favelas" (barrios pobres), ubicadas por lo general en laderas de montes, aseguró Jorge de Oliveira Rodrigues, responsable de la Secretaría Municipal de Vivienda.
Dos millones de habitantes de Río de Janeiro, poco más de un tercio del total, viven en la llamada "ciudad informal", formada por centenares de "favelas", asentamientos irregulares y conjuntos habitacionales deteriorados, sin la infraestructura, los servicios y los derechos de los cuales disfrutan los demás.
El Programa de Urbanización de Asentamientos Populares está corrigiendo esa desigualdad. Su principal componente, el proyecto Favela-Barrio, se propone beneficiar a 80 por ciento de los cerca de un millón de habitantes de "favelas".
Entre las obras de mayor impacto del proyecto están la construcción de carreteras para mejorar el acceso a esas áreas, sistemas de alcantarillado, plazas y otros espacios para esparcimiento y práctica de deportes, guarderías y escuelas, así como suministro de agua y energía eléctrica.
Sin embargo, el simple alineamiento de las actuales calles angostas y la numeración de las viviendas es muy importante, pues permite a los pobladores, por primera vez, tener una dirección postal, condición básica para sentirse ciudadanos y obtener crédito en el comercio y en los bancos, entre otros servicios.
Los cambios han reducido el poder de los narcotraficantes en esas áreas, porque la iluminación, la existencia de calles que facilitan el tránsito y la asignación formal de direcciones postales son enemigas de la criminalidad, señaló la dirigente comunitaria de una favela.
Favela-Barrio comenzó a ejecutarse en 1994 e incorporó con el paso de los años nuevas áreas, entre ellas alfabetización de adultos, capacitación profesional, organización de cooperativas de trabajadores, cursos de informática y otras actividades que generan empleo e ingresos, explicó Andrea Cardoso, gerente del proyecto.
Esas acciones, antes paralelas, pasaron a ser componentes del proyecto a partir del segundo contrato de financiamiento firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual aporta 60 por ciento de las inversiones, 300 millones de dólares en cada una de dos etapas.
El primer préstamo del BID benefició a 56 "favelas". El segundo, otorgado hace poco, se destinará a 73, las cuales se verán favorecidas por la experiencia acumulada en la primera etapa.
Existen otros programas en marcha, entre ellos uno destinado a pequeñas "favelas" de hasta 500 hogares y otro para legalizar la propiedad de asentamientos donde viven unas 600.000 personas.
La Secretaría de Vivienda estima que el conjunto de las acciones que se llevan a cabo habrá mejorado las condiciones de vida de por lo menos un millón de personas en 2004.
Las actuales políticas se adoptaron tras un largo proceso de discusión y de varios intentos de solución para el problema de las "favelas" y otras viviendas precarias.
En los años 60, la transferencia de poblaciones enteras a barrios construidos lejos del centro de la ciudad fue traumática y tuvo consecuencias negativas, ya que creó nuevos focos de pobreza y violencia.
Luego ganó terreno con lentitud la idea de transformar las propias "favelas" en vez de trasladar a sus habitantes a otros sitios, pero los intentos se limitaron "a inversiones tímidas y acciones aisladas", entre ellas las de instalar algunos sistemas de alcantarillado, apuntó Cardoso.
En 1993, con el diseño de un Plan Director, se definió por primera vez un programa integrado, basado en nuevos conceptos de "urbanización como parte de políticas públicas", explicó.
En vez del "déficit de vivienda, se pasó a considerar el déficit urbano", ya que las casas existen, y el problema es que carecen de agua, luz y otros servicios, añadió Antonio Augusto Veríssimo, subsecretario de Vivienda.
Es necesario "construir la ciudad, no casas, llevar la ciudad a areas excluidas", resumió Rodrigues.
El respeto a los derechos sociales de los pobladores aumentó cuando el Estado reconoció que éstos habían realizado importantes inversiones para construir sus casas y proveer a las "favelas" de algunos servicios. Ese reconocimiento fue la base para justificar la inversión pública en urbanización.
Los narcotraficantes dominan algunas comunidades pobres, pero eso no implicó un gran obstáculo para ejecución de los proyectos, sino "algunos problemas específicos que fueron resueltos", según Rodrigues.
Los mayores fueron técnicos. Era escasa o nula la experiencia de ingeniería para obras en las condiciones topográficas y de hacinamiento de las "favelas", y construir calles exige largas negociaciones con la comunidad y con cada poblador de las casas que deben removerse para abrir espacio, señaló.
A los desplazados se les ofrecen nuevas viviendas o indemnizaciones, y llegar a un acuerdo puede implicar un retraso de las obras, pero es muy importante porque implica respetar los derechos individuales, comentó Cardoso.
Favela-Barrio ya es "un programa de la ciudad, no de partidos ni de gobiernos", y su continuidad está asegurada con independencia de que el actual alcalde, Luiz Paulo Conde, sea reelegido en octubre, sostuvo Rodrigues.
El proyecto contó en varias oportunidades con apoyo de distintos partidos, incluso opositores, explicó.
El nuevo contrato con el BID tiene vigencia por cuatro años y comunidades locales ejercen fuerte presión para reclamar que se las incluya en el proyecto, añadió. (FIN/IPS/mo/mp/dv/00
