El rumbo de la apertura comercial de Costa Rica podría responder a la intención de funcionarios a cargo de las negociaciones de sacar provecho personal, afirmaron las organizaciones empresariales, que exigieron al gobierno actuar con transparencia.
Las siete cámaras empresariales costarricenses, que agrupan a forestadores, agricultores, comerciantes, industriales y exportadores, le pidieron al gobierno de Miguel Angel Rodríguez que rinda cuentas de los efectos de la apertura comercial.
Los empresarios afirmaron que el gobierno los deja de lado al decidir la política comercial, y citaron como ejemplo la reciente negociación del tratado de libre comercio con Chile, aún no ratificado por el parlamento costarricense.
Las organizaciones del sector privado temen que los negociadores desarrollen su tarea de modo de beneficiarse a sí mismos, sostuvo Marco Vinicio Ruiz, presidente de la Cámara de Industrias.
«Se dice que hay negociadores que pasarían a puestos importantes en empresas transnacionales» y, a la inversa, empleados de esas compañías que pasarían a cargos en el gobierno, detalló Ruiz, quien prefirió no señalar nombres.
Aunque niegan oponerse a la apertura comercial, los gremios empresariales insisten en que aspiran a más transparencia y reglas claras para un comercio justo.
El sector privado de Costa Rica impulsa un proyecto de ley sobre negociaciones comerciales que establecería responsabilidades legales y civiles para los responsables, sean del sector público o privado.
Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior critica que se pidan sanciones para los negociadores y más bien ha presentado un documento alternativo al proyecto de ley de los gremios.
Para replicar a las críticas de sectores privados que se sienten excluidos, el gobierno resaltó los beneficios de un acuerdo como el tratado de libre comercio con Chile, que le otorga un acceso inmediato sin aranceles a más del 90 por ciento de los productos costarricenses.
«La apertura no debe ser vista como un fin en sí, sino más bien como un instrumento para el desarrollo», explicó el presidente de la Cámara de Exportadores, Antonio Burgués, quien enfatizó que con las condiciones actuales no hay un comercio justo con otros países.
Este funcionario destacó que el gobierno se equivoca al afirmar que el sector privado está contra la apertura comercial pues sostiene que a lo que se oponen es a la posibilidad de corrupción.
Inusualmente en las últimas semanas se ha marcado la tensión social al interior de Costa Rica pues diversos sectores productivos y de servicios se han enfrentado con el gobierno en un afán por pedir políticas claras en diversos ámbitos.
Los agricultores han solicitado una estrategia nacional de desarrollo y apoyo agrícola, los gremios de taxistas han solicitado leyes sobre transporte público y ahora todo el sector productivo denuncia que las políticas comerciales actuales beneficiarían la competencia desleal de otros países.
«Este fenómeno se está viviendo en toda América Latina, pues los gobiernos tienen una gran resistencia a escuchar a los sectores de la sociedad civil. Por eso hemos tenido que pelear nuestra participación pulgada a pulgada», dijo Humberto Pacheco, representante de los empresarios costarricenses.
Los gremios señalaron que en estos momentos el gobierno toman medidas unilateralmente que no sólo afectarán a las empresas nacionales sino también al ambiente.
Los empresarios se referían a la reducción de 50 por ciento del arancel a la importación de madera, de 10 a 5 por ciento.
«El gobierno ya le entregó en bandeja de oro el mercado de la madera a los empresarios extranjeros», expresó a IPS Renzo Céspedes, director de la Cámara Costarricense Forestal.
Céspedes denunció que existen intereses oscuros en esta medida, pues beneficiará a dos empresas extranjeras y pondrá en peligro a 160.000 hectáreas de bosques reforestados.
«El impacto ambiental va a ser muy grave», denunció el empresario, pues al abaratarse el precio de la madera, la competencia será tan fuerte que decrecerá la inversión en reforestación y que se había capitalizado después de 20 años de protección a la naturaleza. (FIN/IPS/nms/mj/if/00
