El gobierno de Colombia encomendó a expertos la búsqueda de controles biológicos nativos para erradicar cultivos ilícitos, como alternativa a la propuesta de aplicar el hongo fusarium oxysporum rechazada por políticos y ambientalistas.
El ministro de Medio Ambiente, Juan Mayr, confirmó el martes ante una comisión del Senado la decisión del gobierno de no usar el cuestionado hongo, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
Mayr informó, en cambio, de una propuesta de investigación que busca identificar, "a partir de la biodiversidad nativa, especies que puedan emplearse como controles biológicos" para la erradicación de plantaciones ilegales "sin poner en riesgo el ambiente y la salud humana".
La iniciativa intenta fortalecer la capacidad científica nacional para poner la diversidad biológica al servicio del desarrollo sustentable y la construcción de la paz en torno al manejo y conservación de los recursos naturales colombianos, señaló.
Afirmó, además, que Colombia se opone a la aplicación del fusarium oxysporum en base al criterio de que "cualquier organismo externo a los ecosistemas de una región puede llevar a alterarlos y, por tanto, no tiene ningún sentido" estudiar una propuesta de ese tipo.
"El proyecto del PNUFID no tomó en cuenta la integridad del problema (de la sustitución de plantaciones ilegales) y carecía de certeza científica" sobre los posibles impactos en la salud humana y el ambiente, sostuvo Mayr.
No obstante, el senador Rafael Orduz, quien promovió el debate del martes sobre el tema, dijo que la posibilidad de que expertos busquen "un hongo propio o extranjero para la erradicación de cultivos ilícitos, encarna iguales riesgos para la salud y el ecosistema".
Orduz sostuvo que "de ninguna manera se debe permitir la experimentación con hongos patógenos, sean modificados o no, porque pueden causar efectos adversos irreversibles, no sólo al ambiente y la salud humana, sino también a la seguridad alimentaria".
Ricardo Vargas, experto de Acción Andina, dijo a IPS que Mayr "busca abrir a poderes externos" el escenario para que "sigan insistiendo en el ensayo de nuevas técnicas y armas biológicas" como método de erradicación.
El investigador de esa organización no gubernamental dedicada a estudiar el problema del narcotráfico en la región agregó que ese planteo se cubre con "una postura en apariencia ambientalmente progresista de rechazo a la aplicación del fusarium".
El ministro de Medio Ambiente intenta envolver "bajo un ropaje de preocupación por la seguridad ambiental y la salud humana el ensayo de nuevas técnicas para la erradicación de cultivos ilícitos, cuando no ha hecho una evaluación de esta política y la elude de manera irresponsable", opinó.
Vargas cuestiona que el gobierno de Andrés Pastrana esté tratando el tema del fusarium "como si fuese un asunto técnico, sin tener en cuenta el escenario donde se llevará a cabo su aplicación en el sudeste del país.
La erradicación de plantaciones de coca, amapolas y marihuana está contenida en el llamado Plan Colombia, de desarrollo y antidrogas, que requiere 7.500 millones de dólares para su financiación, 1.300 millones de los cuales serán aportados por Estados Unidos.
Ese programa ha sido definido por el gobierno como una estrategia para la paz y la lucha contra el narcotráfico, pero cuestionado por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales por entender que profundizará el conflicto armado interno.
Los grupos civiles también sostienen que hará más precaria las condiciones de la población campesina pobre y afectará el ecosistema de la Amazonia.
El Plan Colombia presenta como epicentro de la lucha antinarcóticos el sudeste colombiano, una zona con fuerte presencia guerrillera, lo cual hace pensar a los críticos que servirá igualmente para la guerra contra los insurgentes.
Vargas señaló que en el proyecto está "de manera explícita el compromiso del gobierno de experimentar con métodos biológicos la erradicación de cultivos ilícitos en los próximos cinco años".
El fusarium oxysporum fue descubierto en Hawai de forma accidental y allí se llevaron a cabo las primeras aplicaciones. Más tarde se empleó para destruir plantaciones de coca en Perú, donde campesinos y organizaciones de las sociedad civil denunciaron daños en la salud humana y el ambiente.
La política de eliminación de plantaciones ilícitas con herbicidas y químicos en Colombia ha sido criticada por analistas, que la consideran una estrategia equivocada en la guerra contra las drogas realizada según los parámetros de Washington.
Dirigentes políticos también cuestionan la estrategia diseñada con el criterio de que la mayor responsabilidad en el problema del narcotráfico recae sobre los países productores y no sobre los consumidores, como es el caso de los industrializados.
En tanto, los ambientalistas apuntan a que el problema no ataca el capital que financia las plantaciones, lo cual lleva a que los cultivadores se trasladen de una zona a otra generando graves presiones al ecosistema.
Según Vargas, pese a los programas de erradicación, los cultivos de coca, de la que se extrae la pasta para la cocaína, han pasado de cerca de 100.000 hectáreas en 1994 a más de 121.000 en 1999.
Las primeras polémicas en torno a la erradicación de cultivos ilícitos surgieron en los años 70, cuando se aplicó el herbicida glifosato en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las más importantes reservas naturales del norte colombiano, y en el departamento sureño de Cauca, en las que se producía marihuana.
Las aspersiones de glifosato destruyeron no sólo las plantas de marihuana sino otros cultivos legales y causaron daños en la salud de las poblaciones campesinas e indígenas que habitan la zona.
Además, en 1997 y 1998 se generó una fuerte disputa por la propuesta de Estados Unidos de aplicar el herbicida tebutiurón para eliminar plantíos de coca, marihuana y amapolas, que fue rechazada por Colombia por considerar que ocasionaría graves daños al ecosistema, en especial en la Amazonia. (FIN/IPS/yf/dm/en/00
