Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, en ese orden, expresan aprensión por la posibilidad de una escalada de la guerra civil en Colombia, con sus previsible secuela de flujos de refugiados, nuevas vías para el narcotráfico y daño ambiental.
El Plan Colombia es una iniciativa del gobierno de Andrés Pastrana para combatir el narcotráfico y la producción de drogas, alcanzar la paz con la guerrilla, reactivar la economía y promover el desarrollo social.
Este programa, a un costo total de 7.500 millones de dólares, tiene como eje una asistencia militar y policial de 1.300 millones de dólares procedente de Estados Unidos y ya aprobada por el Congreso legislativo de ese país.
El Plan es visto en algunas cancillerías como una reedición de las políticas estadounidenses de imponer sus criterios en la región, y se descuenta que el asunto se debatirá en la Reunión de Presidentes de América del Sur, la próxima semana en Brasilia.
«Una profundización del conflicto con Colombia como consecuencia del incremento de la cuestión militar podría significar un desplazamiento masivo de población colombiana hacia distintos países fronterizos», advirtió este jueves el canciller venezolano José Vicente Rangel.
El ministro evocó el caso de La Gabarra, poblado del oriente colombiano del cual, en junio de 1999, huyó prácticamente toda la población, unas 20.000 personas, hacia el occidente de Venezuela, para escapar de una violenta arremetida de las fuerzas paramilitares de derecha.
Este miércoles, un grupo de habitantes de la zona limítrofe bañada por el río Catatumbo, 700 kilómetros al oeste de Caracas, cruzó, en botes o a nado, la línea fronteriza para escapar de una nueva incursión paramilitar en el poblado La Pista de Río de Oro, departamento de Norte de Santander.
«La incertidumbre es compartida en Perú, Ecuador, Panamá y Brasil. Somos respetuosos de las decisiones de Colombia, pero al mismo tiempo tenemos derecho de preocuparnos», dijo Rangel, quien adelantó que el presidente Hugo Chávez «seguramente abordará el tema» en la cita de Brasilia.
Chávez, según Rangel, abordaría el asunto en el plenario de la cumbre sudamericana, o al menos en una reunión bilateral con Pastrana. Venezuela «cree que la apuesta en Colombia debe ser por la paz y no por una salida militar», reiteró.
El canciller de Brasil, Luiz Felipe Lampreia, expresó temor porque el uso de agentes químicos para erradicar sembrados de drogas en la Amazonía colombiana —una tarea prevista en el Plan Colombia— arroje efectos nefastos en otras áreas de la cuenca.
«La Amazonia tiene un ecosistema delicado y no puede estar sujeta a situaciones imprevisibles», dijo Lampreia, al advertir que Colombia y Estados Unidos no han expresado su intención de usar defoliantes y otros químicos, pero tampoco lo han desmentido.
Sin embargo, Brasil «apoya el Plan elaborado por el gobierno de Colombia, que es un gobierno democrático», acotó Lampreia, sin descartar que el tema efectivamente se trate en el marco de la venidera cumbre sudamericana.
El ministro de Gobierno (interior) de Panamá, Winston Spadafora, dijo que «aunque no estamos en condición de decir si ese plan se debiera cumplir o no, creo en lo personal que sería conveniente que no fuera así».
Las autoridades panameñas recelan de que la intensificación del conflicto provoque olas de refugiados, lo que le ha obligado a invertir más recursos en seguridad de la provincia de Darién, su frontera sur.
Ecuador y Perú, que recibirán alguna ayuda militar y policial adicional en el paquete del Plan Colombia, han expresado aprensión por sus efectos y anuncian medidas para reforzar la seguridad y programas sociales en sus respectivas fronteras con Colombia.
El presidente ecuatoriano Gustavo Noboa, de visita oficial en Bogotá, expresó la necesidad de tener información de primera mano sobre la evolución del Plan, al tiempo que descartó vincular con ese programa la base que cedió en Mantua para que operen aviones estadounidenses.
Aprovechando la presencia de su colega ecuatoriano, Pastrana señaló a sus vecinos que «nada tienen qué temer del Plan Colombia y sus posibles impactos en zonas fronterizas».
Destacó que el objetivo del Plan es «erradicar los cultivos ilícitos y lograr una adecuada sustitución de los mismos», lo que se traducirá en mejores condiciones sociales y de seguridad.
Por el contrario, según el mandatario colombiano, «si no se hace algo a tiempo y se dejan las zonas fronterizas abandonadas al imperio del narcotráfico sí habría motivos para temer ante una verdadera amenaza regional». (FIN/IPS/jz/mj/ip/00
