El decidido respaldo del ejército al general Augusto Pinochet aumentó la inquietud en la agenda política de Chile, dos semanas después del desafuero legislativo del ex dictador y cuando se acerca un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1973.
El general Ricardo Izurieta, comandante en jefe del ejército, dijo que el desafuero de Pinochet «tensiona el alma» de su institución e hizo un virtual emplazamiento al gobierno y al oficialismo a contribuir a la reconciliación nacional.
Las palabras que Izurieta pronunció ante el presidente Ricardo Lagos el domingo en Chillán, 400 kilómetros al sur de Santiago, fueron calificadas este lunes por medios de prensa locales de «fuerte mensaje» del ejército a la autoridad civil.
El jefe militar habló en el acto conmemorativo del 222 aniversario del natalicio del prócer de la independencia chilena, Bernardo O'Higgins, con el cual se da inicio cada año al Mes del Ejército, que se prolonga hasta el 19 de septiembre.
Esta fue la primera ceremonia pública en que Lagos e Izurieta coincidieron luego de que la Corte Suprema de Justicia diera a conocer el día 8 el fallo de 14 votos contra seis con que despojó a Pinochet de su inmunidad legislativa como senador vitalicio.
El general retirado de 84 años que gobernó dictatorialmente Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990 puede ser ahora juzgado por crímenes contra los derechos humanos, salvo que se le exima de responsabilidad penal por su probable demencia senil.
El gobierno de Lagos se ha empeñado en evitar que el desafuero del ex dictador determine la «pinochetización» de la política nacional, pero sus esfuerzos chocaron primero con la oposición derechista y ahora con el ejército, respaldado por el resto de las Fuerzas Armadas.
Izurieta aludió indirectamente al desafuero de Pinochet al afirmar que los últimos acontecimientos «constituyen más bien la exaltación de lo contingente y de aquello que, lejos de unirnos como comunidad nacional, nos puede separar».
«Esto tensiona profundamente el alma del ejército, más aún cuando sabemos que no será la generación actual la que puede juzgar con objetividad lo ocurrido en Chile en el pasado reciente», agregó el jefe militar.
Los mandos militares y la oposición derechista sostienen que Pinochet es víctima de una «venganza política» y que las violaciones de derechos humanos de que se le acusa se justificaban en un contexto de violencia y crisis institucional previo al golpe del 11 de septiembre de 1973.
Izurieta dijo igualmente que el ejército «ha hecho importantes esfuerzos que contribuyen a la unidad nacional y es por eso que reclama de todo el país, de su conjunto y de todas las instituciones y estamentos de la sociedad, estar a la altura de los gestos concretos que se le piden a la institución y que ésta ha sabido asumir».
Las Fuerzas Armadas participaron en una mesa de diálogo cívico- militar sobre derechos humanos, que se instaló hace un año, el 21 de agosto de 1999, cuando Pinochet estaba retenido en Londres, en un arresto que se prolongó por 503 días, hasta el pasado 2 de marzo.
La mesa culminó sus labores el 13 de junio con un acuerdo para facilitar la entrega de informes que conduzcan a ubicar los restos de más de un millar de detenidos bajo la dictadura que las fuerzas represivas hicieron desaparecer.
Según los líderes de los dos partidos de derecha, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, el desafuero y probable enjuiciamiento de Pinochet harán fracasar el acuerdo de la mesa de diálogo.
El almirante Jorge Arancibia, comandante de la marina de guerra y presente en la ceremonia de Chillán, coincidió con Izurieta. «En materia de reconciliación hay situaciones que en vez de unirnos nos pueden separar aún más», dijo.
Lagos mantuvo su estrategia de «bajar el perfil» al caso Pinochet de acuerdo con su planteamiento de que se trata de un tema judicial y de que el ex dictador ya no es un protagonista determinante de la política chilena.
El presidente dijo que le gustaría pensar que las relaciones del gobierno con las Fuerzas Armadas «son mejores», y valoró las palabras de Izurieta en cuanto expresan «cómo somos capaces de mirar hacia delante" y de proponer «en el horizonte, aquello que nos convoque y que nos una».
La tranquilidad que el mandatario busca transmitir se ve respaldada por la evolución de la economía, que no registra el impacto del desafuero de Pinochet más allá de declaraciones de respaldo al ex dictador de la mayoría de los dirigentes empresariales.
Pero en el escenario político, la derecha volvió a alinearse mayoritariamente detrás del ex dictador, con la tesis de que el gobierno participa de una «venganza política» de sectores socialistas contra Pinochet y que en ese sentido influye al Poder Judicial.
La tensión política en torno del caso Pinochet tenderá a agudizarse en las próximas semanas, cuando se aproxime el 27 aniversario del cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Aunque el feriado de la fecha está abolido desde 1998, las organizaciones de derechos humanos preparan sus homenajes al derrocado presidente Salvador Allende y a las víctimas del pronunciamiento militar.
Al mismo tiempo, el Mes del Ejército y el aniversario del golpe crean un marco propicio para renovadas manifestaciones a favor de Pinochet de los grupos de extrema derecha y en especial de círculos de militares retirados.
El juez Juan Guzmán, a cargo del proceso al ex dictador, podría aclarar esta semana los futuros pasos que dará en el proceso, que incluirían en primera instancia la orden de realizar exámenes físicos y mentales a Pinochet.
El anciano general sostiene que no se someterá al «vejamen» de análisis mentales que conduzcan a un posible diagnóstico de demencia senil, que lo podría llevar a ser declarado inimputable penalmente y por tanto a abstraerlo del juicio.
En medios políticos y judiciales se estima que lo más probable es que Guzmán postergue hasta después del 11 de septiembre la reanudación del proceso. (FIN/IPS/ggr/ff/ip hp/00
