El gobierno de Trinidad y Tobago reiteró su defensa de la pena de muerte y afirmó que las críticas de la organización no gubernamental humanitaria Amnistía Internacional (AI) a esa posición son parte de una campaña difamatoria.
Pierre Sane, secretario general de AI, llegará al país el 10 de septiembre, en el marco de una gira por el Caribe para mantener discusiones con gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG), y prevé dar una conferencia de prensa.
Las autoridades acusaron a la organización humanitaria de querer manchar los "envidiables antecedentes" del país en materia de promoción y protección de los derechos humanos.
En los últimos meses, AI críticó la posición acerca de la pena de muerte que sostiene el primer ministro, Basdeo Panday, a quien censuró por retirar al país de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Primer Protocolo Opcional de la Convención Internacional sobre Derechos Humanos y Políticos.
El gobierno arguyó que tales decisiones se adoptaron porque las personas condenadas a muerte por homicidio se amparaban en esas convenciones para evitar o demorar sus ejecuciones.
El fiscal general Ramesh Lawrence Maharaj, un abogado con antecedentes como defensor de los derechos humanos, alegó que las autoridades deben asegurar el cumplimiento de la Constitución vigente, en la cual se establece la pena de muerte para el delito de homicidio.
"La Constitución es muy clara", y el gobierno cumple con el "deber fundamental" de defenderla, asumido mediante juramento al asumir el poder en 1995, sostuvo.
"El pueblo de Trinidad y Tobago quiere mantener la pena de muerte y está en contra de la presión de AI, que se vale de falsedades en una maliciosa campaña", añadió.
En junio del año pasado fueron ejecutadas diez personas, nueve de ellas en un fin de semana, en un intento de las autoridades para reprimir la criminalidad y pese a pedidos internacionales de clemencia.
Uno de los ejecutados fue Russel Sankarali, integrante de una notoria banda de delincuentes que había asesinado a una familia de cinco personas. Pocas horas antes de la ejecución de Sankarali se dieron a conocer nuevos informes que planteaban dudas acerca de su participación en esos homicidios.
Abogados y activistas pidieron suspender la ejecución para permitir que Sankarali apelara su sentencia con base en esos informes, pero la petición fue rechazada luego de que Panday discutiera la nueva evidencia con el ministro de Seguridad Nacional, Joseph Theodore, y el director de Procesos Públicos, Mark Mohammed.
AI sostuvo en su informe anual 2000 que el fiscal general había recibido pruebas no divulgadas acerca del caso, las cuales "planteaban serias dudas sobre la culpabilidad del acusado y la imparcialidad de su juicio", y criticó el rechazo de esas evidencias por parte de las autoridades.
Maharaj admitió que Sankarali "no estuvo presente en la escena del crimen", pero aseguró que el ejecutado fue "instigador y cómplice de los asesinatos".
Sankarali tuvo un juicio justo, fue condenado en forma legítima y sus apelaciones no fueron aceptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por la CIDH ni por el Consejo Privado de la monarquía británica, que aún actúa como corte suprema de sus ex colonias caribeñas, alegó.
"En todos esos procedimientos, Sankarali fue representado por consejeros legales privados que él mismo eligió", afirmó.
Según el fiscal general, es claro que AI "está involucrada en una acción política para desestabilizar a países caribeños mediante el empleo de la cuestión de la pena de muerte como un asunto vinculado con los derechos humanos".
Varios países del Caribe han aumentado su aplicación de la pena capital en los últimos años y planean seguir por ese camino a pesar de condenas internacionales.
Los gobiernos de la región establecieron una Corte de Justicia Caribeña en el marco del proyecto de Economía de Mercado Común del Caribe, para evitar la interferencia en las ejecuciones por parte del Consejo Privado.
Ese organismo británico dictaminó en 1993 que era una crueldad mantener a un prisionero en espera de su ejecución durante más de cinco años, una práctica común en la región, y que debían conmutarse las sentencias de todos esos presos por otras de cadena perpetua.
Las denuncias de Majaraj contra AI fueron respaldadas por el periódico judicial Law Lecturer y la columnista Dana Seetahal, quien puso en duda que la organización humanitaria tenga pruebas válidas para sostener sus graves acusaciones contra el país.
Seetahal preguntó mediante "qué exceso de imaginación" en el manejo de presunta nueva evidencia era posible cuestionar la culpabilidad de Sankarali, "como lo hace AI con falsa elocuencia".
La columnista rechazó la tesis de AI de que la nueva evidencia debió ser considerada por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo.
"El pequeño detalle es que todos los procedimientos de apelación habían sido agotados cuando se descubrió la nueva evidencia", señaló.
"Me parece que a esa altura correspondía al Poder Ejecutivo decidir si la nueva evidencia justificaba postergar la ejecución", afirmó.
Cuando se plantean situaciones similares en Estados Unidos, la decisión de suspender una ejecución corresponde a los gobernadores de Estados en los cuales se aplica la pena de muerte, y no al Poder Judicial, explicó.
Seetahal opinó también que las nuevas evidencias en el caso de Sankarali no planetaban dudas sobre la validez de la sentencia a muerte.
"Amnistía Internacional tiene la responsabilidad de informarse en forma adecuada acerca de hechos relevantes y de las leyes nacionales, antes de levantar un dedo acusador contra otros, sobre todo porque ya ha cometido errores en la materia", acotó.
Las autoridades reiteraron que las normas internacionales reconocen el derecho de los países a aplicar la pena de muerte, y que eso no afecta los derechos humanos.
"Es evidente que AI, por razones que sólo esa organización conoce, ha descrito en forma errónea y prejuiciosa el compromiso de Trinidad y Tobago de mantener y proteger derechos humanos fundamentales", se afirmó en un comunicado gubernamental.
Maharaj recordó que el gobierno ha promulgado numerosas leyes para proteger y promover el goce de esos derechos. Entre tales leyes, destacó las de Libertad de Información, Salario Mínimo, Protección de la Maternidad y Represión de la Violencia Doméstica. (FIN/IPS/tra-eng/pr/da/ego/mp/hd ip/00)
