La ausencia de una campaña nacional sostenida contra la pena capital es una de las razones por las que los tribunales de Pakistán condenan a muerte a tantas personas, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
"El número de sentencias capitales en 1998 se duplicó respecto del año anterior", y el año pasado 122 personas fueron condenadas a muerte, informó un funcionario de la Comisión Jurídica de Pakistán.
Cuarenta y nueve personas fueron ejecutadas en la horca en 1999, y "el resto espera el resultado de la apelación ante tribunales superiores", explicó. Al menos 21 mujeres prisioneras apelaron ante cortes superiores sus sentencias de muerte.
"Pakistán parece tener más reclusos en el corredor de la muerte que ningún otro país", sostiene un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, la única organización nacional que alzó su voz para exigir la abolición del castigo capital.
Varias organizaciones internacionales reclaman la eliminación de la pena de muerte en Pakistán desde hace mucho tiempo.
"Pedimos que el gobierno elimine la pena capital para todos los delitos y todos los delincuentes", solicitó Amnistía Internacional en una carta dirigida al presidente de facto, el general Pervez Musharraf.
Sin embargo, la abolición es muy improbable en un país donde casi todas las decisiones están fuertemente influidas por la ortodoxia religiosa islámica.
Los líderes islámicos más radicales, que tienen gran poder sobre sus gobiernos, se oponen incluso a cualquier restricción en la aplicación de la pena de muerte.
La pena capital forma parte de los castigos musulmanes, y los observadores políticos coinciden en que cualquier gobierno que la elimine debe estar preparado para una fuerte reacción de los grupos religiosos ultraortodoxos.
"El Islam profesa la justicia y el ojo por ojo. Todas esas fuerzas que piden la abolición de la pena de muerte son antiislámicas", afirmó un portavoz del partido islamista Jamiat Ulema Islam.
Un vocero de la Comisión Jurídica de Pakistán admitió que, "dado que la Constitución exige que todas las leyes nacionales sean interpretadas a la luz del Islam, no es posible abolir la pena de muerte".
"Lo que sí podemos hacer es tratar de asegurarnos de que solo los verdaderos responsables de crímenes graves sean ejecutados", añadió.
En Pakistán, la pena de muerte se aplica a una larga lista de delitos que incluyen asesinato, violación en grupo, rapiña, ataque sexual a menores y blasfemia.
Los críticos censuran la facilidad con que se pronuncian sentencias de muerte. La mayoría de éstas desde 1997 fueron emitidas por "tribunales antiterroristas" creados por el gobierno de Nawaz Sharif, cuyos juicios duran apenas siete días.
"Ese plazo infringe el artículo 14.3 b del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que otorga a cualquier acusado el tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de su defensa", señaló la abogada Nazeer Bhutta.
"La obsesión con la justicia rápida debe corregirse para evitar que el debido proceso sea amenazado", observó la Comisión Jurídica de Pakistán.
Las críticas de la Comisión recrudecieron después de la ejecución en 1997 de un hombre llamado Maqsood Ahmed, cuya inocencia se demostró posteriormente.
"Maqsood es la prueba de las fallas de nuestro sistema de justicia. Muchos más inocentes pueden haber sido ejecutados", lamentó Malik Sarwar, una estudiante de derecho de Islamabad.
"Debemos superar nuestra obsesión con castigar a los delincuentes con la muerte. Nunca fue una medida disuasoria", agregó.
El sistema judicial también fue acusado de procesar con demasiada lentitud las apelaciones de sentencias de muerte.
Unas 3.600 personas viven en prisiones superpobladas en la provincia de Punjab a la espera de un pronunciamiento sobre sus apelaciones.
"El gobierno debe simplificar el proceso de apelación, porque en muchos casos los acusados deben esperar hasta 10 años en prisión, incluso si son inocentes", exhortó otro abogado de Islamabad.
Aunque el actual gobierno militar abolió la pena de muerte para los infractores menores de 18 años, todavía hay al menos 50 presos que recibieron la sentencia de muerte cuando tenían menos de esa edad, según estadísticas del Departamento de Prisiones de Punjab.
Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch sostuvo que Pakistán es uno de los pocos países donde se ejecutaron menores en la década de 1990.
Las organizaciones de derechos humanos también protestaron contra ciertas normas islámicas que permiten a los sentenciados evitar la ejecución si su familia es capaz de pagar determinada multa.
"Creemos que esta ley favorece a los ricos y convierte la vida y la muerte en artículos negociables. Hay informes de convictos que esperan en el corredor de la muerte mientras su familia trata de negociar para salvarles la vida", expresó Amnistía en la carta a Musharraf. (FIN/IPS/tra-en/mr/mu/mlm/hd/00
