El diván del psiquiatra o el banquillo de los acusados son los únicos destinos probables del ex dictador de Chile Augusto Pinochet, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le quitó los fueros de senador vitalicio.
El juez Juan Guzmán, quien instruye un proceso contra el ex dictador (1973-1990) por crímenes contra los derechos humanos, podría ordenar la declaración indagatoria de éste en los próximos días.
Así lo señaló el miércoles el abogado Eduardo Contreras, uno de los querellantes en el caso de la llamada "caravana de la muerte", por el cual Pinochet puede ser procesado, según el fallo de 14 votos contra seis con que la Corte Suprema de Justicia le quitó el martes la inmunidad parlamentaria.
Contreras señaló que la mecánica procesal indica que Guzmán debe ahora recuperar el expediente enviado primero a la Corte de Apelaciones de Santiago y luego a la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la solicitud de desafuero formulada por el magistrado en marzo.
Cumplido ese trámite, Guzmán debe citar a Pinochet quien, despojado ya de su fuero de senador, debe prestar la llamada declaración indagatoria, oportunidad en que el juez dispondría también se le practiquen exámenes médicos.
Este procedimiento, habitual para los procesados mayores de 70 años, se ve obstruido por la anunciada negativa de Pinochet a someterse a exámenes psiquiátricos para determinar si sufre de demencia senil u otra anomalía mental que lo podría excluir del proceso.
El general retirado y ex dictador de 84 años considera vejatorios esos exámenes y está dispuesto a comparecer en el juicio para desvirtuar los cargos en su contra como coautor- inductor de 19 secuestros de la "caravana de la muerte", señaló su hijo Marco Antonio Pinochet.
La "caravana de la muerte" fue una misión militar especial que Pinochet envió a varias ciudades de Chile para "agilizar" juicios contra prisioneros políticos, tras el golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
En la jurisprudencia chilena no se contemplan específicamente razones de salud ni consideraciones humanitarias para exonerar a una persona de los tribunales, pero los dementes no son imputables penalmente.
Bajo esa consideración, sumada a la edad de Pinochet, Contreras puntualizó que los exámenes médicos no son un derecho que un inculpado puede aceptar o rechazar, sino que constituyen "una obligación que la ley le impone al juez".
En otras palabras, producida la declaración indagatoria, los querellantes podrán pedir el procesamiento de Pinochet y el juez estará obligado a acceder a la solicitud, que podría revocar sólo a la luz de los estudios mentales al ex dictador.
La negativa a las pericias de los psiquiatras del Instituto Médico Legal constituiría desacato a la justicia, dijo Contreras, interpretación refutada por José María Eyzaguirre, uno de los abogados defensores del ex dictador.
"Los exámenes médicos son una circunstancia que está establecida en beneficio de la persona y, por lo tanto, si él (Pinochet) no quiere someterse a éstos, no puede ser obligado a hacerlo", argumentó Eyzaguirre.
En uno u otro caso, ya sea por desacato o por decisión personal, el ex dictador tiene como única opción para no ser procesado el que se le declare inimputable en virtud de alguna anomalía mental.
Mientras, el presidente Ricardo Lagos criticó duramente este miércoles las reacciones de los partidos de derecha, que calificaron el desafuero de Pinochet como un "fallo político" de la Corte Suprema de Justicia.
La Alianza por Chile, bloque que reúne a los dos partidos de derecha, sostuvo que el ex dictador es víctima de "la venganza del socialismo internacional" y acusó al gobierno de influir en la Corte Suprema de Justicia a través del Consejo de Defensa del Estado.
"Creo que es una falta de respeto al Poder Judicial", comentó Lagos, con energía, al ser consultado sobre los planteamientos de la derecha en términos de que las acciones judiciales contra Pinochet fueron "facilitadas e impulsadas por un gobierno socialista".
Lagos, un abogado y economista, es el líder de los partidos Socialista y Por la Democracia, que constituyen el ala izquierda de la coalición de gobierno integrada además por los partidos Demócrata Cristiano y Radical Socialdemócrata.
La derecha consiguió que el presidente del Senado, el democratacristiano Andrés Zaldívar, convoque para el miércoles 16 a una sesión especial de esta cámara con el fin de examinar el desafuero de Pinochet y revisar "la verdad histórica desde 1973 a la fecha".
La oposición derechista sostiene que Pinochet está siendo injustamente procesado y que tanto el golpe de Estado de 1973 como los "excesos" posteriores contra los derechos humanos fueron necesarios.
Pablo Longueira y Alberto Cardemil, líderes de la Alianza por Chile, retomaron ahora el argumento de responsabilizar al gobierno de Allende (1970-73) de destruir la institucionalidad democrática, lo cual obligó a intervenir a las fuerzas armadas "con el apoyo mayoritario de la población".
Las tres ramas de las fuerzas armadas y la policía de Carabineros respaldaron, tras el desafuero, a Pinochet, quien fue comandante en jefe del ejército desde agosto de 1973 hasta marzo de 1998.
El comandante del ejército, general Ricardo Izurieta, visitó el martes a Pinochet en compañía de otros altos oficiales y sostuvo que la historia se encargará de poner al ex gobernante "en el sitial que merece".
El gobierno mantuvo una actitud de tranquilidad y cautela frente a las reacciones militares y el ministro del Interior, José Miguel Insulza, descartó que la visita de Izurieta a Pinochet haya constituido una actitud desafiante. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/00
