Telma Jara fue secuestrada por la última dictadura en Argentina (1976-1983) por buscar a su hijo desaparecido. Su esposo murió de cáncer sin saber si ella estaba viva o muerta. Hoy, la mujer de 73 años asegura que un empresario detenido el jueves en México fue su torturador.
Se trata de Miguel Angel Cavallo, director del Registro Nacional de Vehículos de México, detenido el jueves por Interpol en el aeropuerto de Cancún cuando intentaba volver a Argentina el mismo día en que el diario mexicano Reforma informaba sobre su supuesta participación en la represión.
El juez español Baltasar Garzón había pedido su captura en diciembre pasado, pero hasta el jueves vivía y trabajaba en México con el nombre de pila cambiado. Allí se desempeñaba como director general de la empresa privada contratada por el gobierno para registrar los automóviles mexicanos.
Ahora está detenido en la capital mexicana, donde reconoció que su verdadero nombre es Miguel Angel y no Ricardo Miguel, como figuraba en sus documentos. Luego admitió también haberse desempeñado como capitán de corbeta en la Marina argentina durante la dictadura.
Abogados de ex presos políticos en Argentina de nacionalidad española y francesa pidieron a la justicia en Madrid y París la extradición del Cavallo, quien, según víctimas de tortura que lo identificaron, era conocido como «Serpico» en la cárcel clandestina de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).
El militar argentino ingresó a México como turista el 4 de octubre de 1999 como turista y obtuvo la visa de trabajo en un mes, un trámite que en general lleva tres meses.
La Embajada de Argentina en México informó que desconocía la residencia de Cavallo en ese país, si bien por su actividad empresarial era entrevistado de manera reiterada por los medios de comunicación.
La estatal Comisión de Derechos Humanos interpondrá una queja contra el gobierno por haber permitido que se diera a Cavallo la responsabilidad de dirigir el padrón de vehículos, cuando el militar está acusado, entre otros delitos, por robo de automóviles.
Jara tenía 52 años cuando comenzó la búsqueda de su hijo, secuestrado en 1976 con sólo 17 años. La mujer se integró a la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, y viajó a México así como a Roma, donde gestionó sin éxito una entrevista con el Papa.
Pero su esposo se enfermó en 1979 y debió suspender la tarea.
«Yo lo cuidaba todo el día. Una noche, cuando salía del Hospital Español, donde estaba internado, se prendieron luces desde todos lados y me secuestraron. Me llevaron a la Esma, directamente a torturarme», relató Jara el viernes.
«Todo era tan brutal… Eran como fieras deseosas de sangre. Llegaba la noche y se despertaban. Ahí se oían movimientos, idas y venidas. Volvía la gente quejándose de las torturas, y ellos aparecían con muebles, libros y ropa de los operativos» de secuestro, agregó.
Jara, quien estuvo ocho meses detenida, dijo no tener ninguna duda de que entre sus secuestradores y torturadores estaba Cavallo.
La llevó él mismo dos veces a Montevideo para entrevistas con medios periodísticos en los que era obligada a mentir. «Un día me dijo a cara descubierta que se turnaban para torturarnos porque la picana les hacía doler las manos», recordó.
El viaje que intentó Cavallo a Argentina sugiere que este país se ha convertido en una guarida para los militares que participaron de la represión ilegal que dejó como saldo la desaparición de más de 10.000 personas en los años 70.
En este país fueron amnistiados, pero en otros países la justicia continúa la persecución.
El de Cavallo es el segundo caso en un mes de un militar detenido en el exterior por violaciones de derechos humanos cometidos en Argentina durante la dictadura. El del ex mayor del Ejército Jorge Olivera, detenido en Italia hace unas semanas, fue el primero.
Olivera paseaba con su esposa por Italia este mes cuando fue detenido por Interpol, en cumplimiento de un pedido de captura de la justicia francesa por el secuestro y desaparición de la francesa Marianne Erize, de 24 años, en Argentina.
Según los testimonios, la joven murió a los cinco días de secuestrada.
El gobierno argentino defendió hasta ahora el principio de "territorialidad" para proteger a 48 militares reclamados por el juez Garzón.
El abogado de víctimas de violaciones de derechos humanos en Argentina Horacio Méndez Carrera halló similitudes entre el caso de Olivera y el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien entre octubre de 1998 y marzo último sufrió arresto domiciliario en Londres a la espera del juicio de extradición a España solicitado por Garzón.
Ambos casos demuestran que los viajes al extranjero son un riesgo para los acusados de violaciones de derechos humanos cuando no hay justicia en el país donde fueron cometidos, indicó Méndez Carrera. Lo mismo sucede con el caso de Cavallo
El viernes fueron numerosos los ex detenidos que señalaron a Cavallo como miembro de un grupo de tareas de la Esma.
El periodista Juan Gasparini, radicado en Suiza, recordó que Cavallo lo secuestró y lo torturó, y un día lo sacó encapuchado en un automóvil hasta su domicilio.
Mientras él esperaba en el auto con Cavallo, otros uniformados irrumpieron en la casa y fusilaron a su esposa, Mónica Jáuregui, y a una amiga, Olga Aldaya.
Otros detenidos de entonces como Víctor Basterra y Graciela Daleo denunciaron el viernes que Cavallo figura en los listados de Garzón junto con un centenar de militares argentinos que también tienen pedido de captura internacional y que no pueden salir del país sin ser detenidos por Interpol.
Basterra recordó haber sido secuestrado junto a su esposa y a su hija de dos meses, pero logró salir en libertad y declaró ante la justicia argentina. Luego de que en este país se indultó a los ex comandantes y se amnistió a sus subordinados, dio también testimonio al juez Garzón.
«Si no fuera por los que sobrevivimos», los torturadores «seguirían haciendo una vida normal, pero las denuncias ante la justicia internacional los hizo un poco más vulnerables… al menos un poco, porque de todos modos siguen siendo muy poderosos», advirtió Basterra.
Entre los testimonios, el de Jara conmovió el viernes en medios periodísticos. La mujer, aterrorizada después de su cautiverio de ocho meses, no volvió a participar de la labor de los organismos de derechos humanos, ni para manifestarse contra del indulto o contra la amnistía.
«Mientras me torturaban trataba de controlar el dolor pensando en que tenía que sobrevivir para volver a ver a mi nieta y para seguir buscando a mi hijo Gustavo. Pensar que no volvería a ver a mi nieta me dolía más que las torturas, pero ellos me decían cosas terribles», declaró ahora, a 21 años del horror.
«Mi marido murió en mayo, solo, pero yo me enteré en agosto. Salí en diciembre, pero no fui mas a ningun lado. Me quedó un terror muy grande. Sólo ahora logro dormir sin despertarme por las pesadillas. Ahora veo que la justicia tarda pero llega, aunque son muchos más los que tendrán que caer», remarcó. (FIN/IPS/mv/mj/hd/00
