La nueva Ley Forestal y de Fauna de Perú, aprobada para proteger la Amazonia y promover el desarrollo sustentable, es cuestionada tanto por empresarios madereros como por organizaciones campesinas, pero apoyada por ambientalistas.
Los bosques amazónicos constituyen casi 60 por ciento de los casi 1,3 millones de kilómetros cuadrados de Perú. En ellos residen menos de cinco por ciento de los 26 millones de habitantes del país.
La Ley Forestal fue aprobada en julio para atraer hacia esa región a las multinacionales madereras con el fin de aprovechar sus contactos en el mercado mundial, y, al mismo tiempo, para promover el procesamiento industrial de la madera en las propias localidades donde es extraida.
Además, la norma prohíbe durante 10 años la venta al exterior de caoba y cedro en madera aserrada, especies que han sido objeto de explotación depredatoria, con el objeto de promover la exportación de productos con valor agregado.
También se prohíbe durante 10 años la extracción de cedro y caoba en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y Purus, cerca de la frontera con Colombia, hacia donde se dirige un intenso contrabando de maderas finas, según denunciaron grupos ambientalistas el año pasado.
La Ley Forestal establece 5.000 hectáreas como superficie mínima de los predios para la concesión de explotación de madera y 40.000 hectáreas como superficie máxima. Las multinacionales cuestionan por exigua la máxima, mientras los pequeños empresarios consideran excesiva la mínima.
Las concesiones tendrán 40 años de vigencia y se decidirán en subasta pública. Treinta por ciento del área concedida en cada zona a grandes empresas debe ser asignada a pequeños y medianos empresarios, cuyos predios tendrán una superficie de entre 5.000 y 10.000 hectáreas.
A partir de 2005 solo se permitirá la venta y exportación de productos forestales procedentes de bosques manejados según la ley. Así, la extracción y reforestación solo podrá realizarse de acuerdo con proyectos previamente aprobados y bajo control de las autoridades.
Se trata de "la ley forestal más moderna dictada hasta ahora en América Latina y el Caribe", afirmó el experto Antonio Brag, de la no gubernamental Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza".
Por su parte, el experto en asuntos amazónicos Roger Rumrill afirmó que la norma "contiene pautas que permitirán salir a la actividad forestal del reino de la informalidad y la corrupción que hasta ahora la caracterizan y podría permitir la construcción de una industria forestal moderna, competitiva y sustentable".
Sin embargo, Rumrril criticó algunos aspectos de la norma y destacó, por ejemplo, la necesidad de democratizar el control forestal.
La reglamentación de la ley, prevista para comienzos de septiembre, debería incorporar "mecanismos que permitan la participación de todos los actores del proceso: madereros, campesinos, comunidades nativas y expertos civiles", dijo.
Multinacionales madereras, asociadas con empresarios locales, ejercieron, sin éxito, presión sobre el Congreso para impedir que se limitara la superficie de las concesiones, sostuvo Rumrill.
"Las 40.000 hectáreas establecidas son una extensión que toma en cuenta la fisiología y la dinámica del bosque y el ciclo mínimo de corte, y que confiere un horizonte prudencial para la reposición natural o artificial de los árboles extraídos", opina.
Pero los empresarios madereros, pequeños, medianos o grandes, rechazan la opinión de los ambientalistas.
"La ley incrementa las exigencias para la exportación maderera. En lugar de tener un efecto promotor, reducirá, en el corto plazo los ingresos del sector, justo cuando el mercado internacional ofrece mejores precios", comentó Eduardo Giannoli, propietario de una pequeña empresa del sector.
Luis Lopez, presidente de la Cámara Nacional Forestal, afirmó que la norma "tendrá un efecto nocivo en la actividad comercial de la Amazonia, porque el sector maderero es el principal soporte social de la zona y el mayor generador legal de ingresos y empleo para su población".
Lopez sostuvo que en Perú no existe un mapa de áreas forestales que puedan ser objeto de concesión, y que el gobierno debió prever eso antes de promulgar la ley.
Mientras, Bragg y Rumrrill afirmaron que demorar aun más la promulgación de la Ley Forestal habría sido peligroso, porque compañías multinacionales se lanzaron en una carrera de apresurada depredación para anticiparse a las nuevas reglas.
"El primer impacto será un freno productivo. En los cinco primeros meses (del año), antes que la promulgación de la ley, las exportaciones madereras crecieron 18,3 por ciento. Pero se estima que al concluir el año se habrán reducido 20 por ciento respecto de 1999", aseguró la consultora internacional Maximixe.
En su estudio preliminar sobre el impacto de la Ley Forestal, Maximixe calculó para el próximo año una caída aun mayor, de 40 por ciento en los ingresos respecto de las exportadiones de 1999.
La Confederación Nacional Agraria (CNA), que representa a los campesinos, solicitó al gobierno una reducción de la superficie mínima de las concesiones madereras de 5.000 al límite anterior, de 1.000 hectáreas.
La superficie mínima establecida por la nueva ley es excesiva para las posibilidades financieras y empresariales de los campesinos colonos, advirtió Julio Cantalicio, presidente de la CNA.
"Los contratos de concesión vigentes de hasta 1.000 hectáreas, suscritos por 25.000 campesinos colonos en base a la anterior legislación, solo tendrán vigencia hasta 2002. Desde entonces regirá el límite mínimo de 5.000 hectáreas", añadió.
Cantalicio tambien demandó que los programas de desarrollo de la selva tomen en cuenta los derechos territoriales de las comunidades nativas selvícolas.
El Instituto Nacional de Recursos Naturales estudia formas de facilitar a pequeños empresarios el acceso a concesiones de 5.000 hectáreas y de asegurarse que los derechos de las comunidades selvícolas sean respetados, sostuvo la máxima funcionaria del organismo, Josefina Takahashi.
El reglamento de la Ley Forestal exigirá que todos los equipos pesados de extracción y de transporte de madera sean provistos de un dispositivo que permita ubicarlos con exactitud mediante satélites.
"Con ese sistema, las multinacionales no podrán salirse de los límites de las concesiones ni invadir subrepticiamente áreas protegidas", comentó. (FIN/IPS/al/mj/en dv/00.MDNM/
