Los cancilleres de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, los cuatro países latinoamericanos del Pacífico Sur, se comprometieron a proteger las especies migratorias de la pesca indiscriminada en alta mar.
Los cuatro países podrán impedir que atraquen en sus puertos barcos pesqueros de terceras naciones que operan más allá de las 200 millas en la captura de especies amenazadas por la sobreexplotación en el Pacífico Sur, según el convenio firmado el lunes en Santiago.
El Acuerdo Marco para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos en Alta Mar en el Pacífico Sudeste fue suscripto al término de la sexta reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).
Para la canciller de Chile, Soledad Alvear, la firma de este acuerdo es «el hito más sustantivo» en la historia de la CPPS, después de la declaración de soberanía sobre las 200 millas marítimas que dio nacimiento a la comisión hace 50 años.
Alvear presidió la reunión en la capital de Chile, en la cual participaron también los cancilleres de Colombia, Guillermo Fernández de Soto, Ecuador, Heinz Moeller, y de Perú, Fernando de Trazegnies.
El Acuerdo Galápagos, denominado así en alusión al archipiélago ecuatoriano del mismo nombre, establece en lo sustancial el compromiso de los cuatro países de la CPPS de proteger a las especies migratorias de la pesca indiscriminada en alta mar.
Entre los recursos marinos comprendidos en las prohibiciones están el jurel y la albacora o pez espada, que se desplazan en el límite de las 200 millas y que son objeto de protección en los países de la CPPS a través de vedas y cuotas de pesca.
Al margen de su trascendencia histórica, el Acuerdo Galápagos implica un respaldo de la comisión al gobierno de Chile, que mantiene un litigio con la Unión Europea (UE) a raíz de la protección del pez espada en las costas del norte del país.
Las autoridades chilenas se niegan a permitir el atraque en Iquique y otros puertos del norte de unidades pesqueras españolas que capturan pez espada con el propósito de enviarlo congelado desde estos mismos puertos a Estados Unidos.
El conflicto estalló en abril, cuando la UE presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), acusando a Chile de prácticas discriminatorias por las medidas adoptadas en este país contra pesqueros españoles.
El litigio, remitido por ahora a un panel (instancia de análisis y debate) de la OMC, establecerá un precedente respecto de las facultades de las naciones ribereñas para resguardar especies marinas y exigir compromisos ambientales a terceros países.
«La aplicación de un estricto régimen de administración pesquera en los espacios marítimos jurisdiccionales de nuestros países es inútil si es ignorado en la alta mar adyacente», señaló Alvear.
La CPPS fue creada en 1952 por Chile, Ecuador y Perú, que dieron nacimiento a este organismo con la declaratoria de soberanía sobre el mar adyacente a sus costas en una extensión de 200 millas marinas. Colombia se adhirió más tarde a este organismo.
El hito establecido por los tres países sudamericanos fue fundamental para abrir el debate internacional que culminó en 1982, cuando los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas aprobaron la Convención de Derechos del Mar.
Con este instrumento internacional se instituyó como zona de soberanía el área costera de 12 millas y se adoptó el límite de las 200 millas para la zona jurisdiccional con tuición sobre su explotación económica para los estados ribereños.
El litigio de Chile con España y con la UE a propósito del pez espada demuestra que la Convención de Derechos del Mar es inoperante para la protección de especies de ciclo migratorio y transzonales, en el sentido de que se desplazan tanto dentro como fuera de las 200 millas.
Los problemas que crea la explotación de estas especies, sobre todo cuando los estados ribereños las intentan proteger, constituyen «la nueva frontera del Derecho del Mar», subrayó la canciller Alvear. (FIN/IPS/ggr/mj/en if/00
