La policía de India provocó la condena de defensores del ambiente y los derechos humanos al impedir que unas 500 personas asistieran a una audiencia pública sobre una polémica represa proyectada en el río Narmada.
Unas 40 personas fueron detenidas el jueves en lo que se considera la última acción estatal para reprimir la oposición al proyecto Sardar Sarovar, según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional y los grupos ecologistas International Rivers Network (IRN) y Amigos del Narmada.
"Esta última medida represora es acorde a las medidas draconianas para aplastar a la opinión pública y los derechos inalienables de los ciudadanos a protestar contra el proyecto que caracterizan la historia del gobierno del (estado de) Gujarat", según IRN y Amigos del Narmada, ambos con sede en Estados Unidos.
Amnistía Internacional asegura que la policía viola los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que estipulan que todos tienen derecho a la libertad de opinión, de expresión, de reunión y de asociación pacífica.
Amnistía precisa que esos derechos también son protegidos por el artículo 19 de la Constitución india.
Las 500 personas que se dirigían a la audiencia pública realizaron una manifestación cuando la policía les impidió continuar su viaje en la frontera entre los estados de Gujarat y Madhya Pradesh.
La Corte Suprema de India anunciará su fallo definitivo sobre la represa en los próximos meses y por esa razón aumentan las protestas y acciones de solidaridad internacional con los opositores al proyecto.
Los activistas sostienen que el proyecto desplazará a 500.000 personas de sus hogares, en su mayoría granjeros e indígenas. Decenas de miles de hectáreas de tierras fértiles, bosques, templos antiguos y cementerios sagrados quedarán sumergidas por el agua.
El gobierno argumenta que la represa multifuncional regará más de 1,8 millones de hectáreas (la mayoría en los estados de Gujarat y Rajastán) y aliviará la situación de las zonas de Kutch y Saurashtra, propensas a la sequía, en Gujarat.
El Movimiento Salven al Narmada está decidido a salvar las viviendas y formas de vida de los habitantes y desde hace más de una década realiza manifestaciones, marchas y ayunos colectivos para detener el proyecto.
"Con el fin de preservar los derechos del pueblo del Valle de Narmada exigimos que cese la construcción de la represa y que se consideren las propuestas alternativas con la seriedad que se merecen", exhortaron IRN y Amigos del Narmada.
La represa Sardar Sarovar es la mayor de 30 grandes represas planeadas para el Narmada. Una vez terminada tendría una altura de 136,5 metros. Por esta razón, se ha convertido en la manzana de la discordia entre las autoridades y los activistas contrarios al proyecto.
La intensa presión de los activistas hizo que el Banco Mundial, que en principio financiaría el proyecto con 450 millones de dólares, creara a principios de los años 90 una comisión independiente de investigación, conocida como la Comisión Morse.
La Comisión Morse criticó la actuación del Banco en varios puntos y tácitamente apoyó las principales reivindicaciones del Movimiento Salven al Narmada. La conclusión independiente obligó al organismo financiero a retirarse del proyecto.
Siete años después del informe Morse, varias organizaciones internacionales, incluso el IRN, investigaron las presuntas consecuencias sociales de la represa. El equipo visitó los sitios destinados a reubicar a los habitantes desplazados por el proyecto y también las aldeas que quedarán sumergidas en los estados de Gujarat, Maharashtra y Madhya Pradesh.
"La gente que vimos… sufrió grandes dificultades económicas y problemas psicológicos", señaló una carta enviada por las organizaciones al Banco Mundial en 1999.
Muchas personas fueron desplazadas por la fuerza, incluso mediante la violencia física, por las autoridades, según la Comisión Morse.
Las familias indígenas que antes satisfacían la mayoría de sus necesidades básicas y mantenían su identidad cultural gracias al ambiente natural en el que vivían ahora son expuestas a la dependencia y la explotación de prestamistas de dinero, terratenientes y comerciantes, sostuvieron.
"A los expulsados se les ha dado tierras totalmente inadecuadas en cantidad y calidad. Hemos escuchado numerosas historias de promesas incumplidas, amenazas e indiferencia por parte de las autoridades del gobierno", agregaron. (FIN/IPS/tra-en/dk/da/aq/en-hd/00
