El Senado de Argentina vive su crisis institucional más grave desde la reinstauración democrática en 1983 a causa de fuertes sospechas de sobornos para la aprobación de una polémica ley laboral, que ahora podría quedar anulada por el escándalo.
La denuncia fue efectuada este mes por un columnista del diario La Nación, Joaquín Morales Solá, con una serie de informes en que señaló a senadores del opositor Partido Justicialista, al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Fernando de Santibañes.
Luego circuló un documento anónimo leído a los legisladores por el presidente del Senado y vicepresidente, Carlos Alvarez, que menciona algunos nombres y revela la entrega de 50.000 dólares por senador que se hubiera comprometido a votar la ley que flexibilizó las normas de contratación laboral.
La ley fue aprobada por la cámara alta en abril a pesar de la resistencia de un sector de la dirigencia sindical, que se movilizó contra esa norma a la que atribuían riesgos de precarización del empleo.
El líder del grupo sindical opuesto a la ley, Hugo Moyano, denunció entonces que cuando él pronosticó ante Flamarique la negativa de los senadores justicialistas a votar el proyecto, el ministro de Trabajo respondió que para ellos tendría una Banelco, nombre de una red de cajeros automáticos.
Ahora, el secretario general de la mayoritaria Confederación General del Trabajo, Rodolfo Daer, sostuvo este martes que la central sindical pedirá la anulación de la ley si se comprueban sobornos.
El senador justicialista Antonio Cafiero se hizo eco de las denuncias contra legisladores de su partido y reclamó el debate del asunto en la cámara alta, pero ante la falta de eco entre sus pares se reunió con el presidente de la Cámara, que pertenece a la Alianza de gobierno.
Los legisladores justicialistas más comprometidos con el informe anónimo atribuyeron la versión a peleas dentro de su propio partido.
Cafiero, quien dio crédito a la versión publicada por Morales Solá en La Nación, sostuvo que nunca en medio siglo de vida política había vivido un episodio tan grave en el parlamento. Lo mismo opinan legisladores opositores que presentaron una denuncia ante la justicia ordinaria.
El vicepresidente Alvarez consideró que si se prueba el pago de sobornos se estaría ante una crisis «terminal» de la política. Más tarde, advirtió que el caso podría constituirse en un germen de «mani pulite», nombre con el que se conoció en Italia el proceso contra altos dirigentes políticos en los años 90.
El presidente Fernando de la Rúa negó al principio veracidad a las versiones, pero luego, ante la insistencia de Alvarez, aceptó que el asunto se investigue a fondo. Pero el mandatario no está convencido de llevar el caso a la justicia y preferiría una investigación interna, según versiones extraoficiales.
Pero tanto Alvarez como Cafiero consideran que no habrá garantías si el Senado se investiga a sí mismo, y lo mismo podría ocurrir si sólo interviene la gubernamental Oficina Anticorrupción, a la que podría atribuirse el ocultamiento de información perjudicial para funcionarios del Poder Ejecutivo.
Cafiero dijo estar dispuesto a separarse de su bloque, que no lo acompañó en sus denuncias, pero insiste en que no tiene nombres para ofrecer sino solo sospechas fundadas en la versión de Morales Solá, quien goza, al igual que La Nación, de alta credibilidad ante la opinión pública.
Sin embargo, una fuente del oficialismo comentó a IPS que Cafiero conoce los nombres de algunos de los senadores que recibieron dinero pero no quiere revelarlos.
«Yo no soy un traidor porque no delaté a nadie. Sólo digo que hay sospechas y que se debe investigar», dijo, por su parte, el legislador opositor.
Cafiero, una figura prestigiosa del Partido Justicialista, tuvo la primera sospecha cuando el sindicalista Moyano denunció los supuestos dichos del ministro de Trabajo acerca de la forma ilegal de convencer a los senadores opuestos a la ley laboral.
Luego de eso, el senador dijo haber sospechado porque pares suyos antes opuestos a la reforma laboral votaron a favor, y expresó que incluso él mismo votó a favor por disciplina partidaria aun cuando estaba contra muchos puntos de la ley.
Ahora, Cafiero quiere que no sólo sean investigados los senadores sino que se convoque al ministro Flamarique y a De Santibañes para que expliquen si saben porqué se los menciona en ese artículo. El ministro ya dijo que las versiones «son una leyenda absurda».
Alvarez, que se transformó en principal motor de la denuncia, aseguró que Flamarique le juró no tener relación con el asunto. En cambio, dijo no haber hablado con el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que está enfrentado políticamente con el vicepresidente y maneja un fondo para gastos reservados. (FIN/IPS/mv/mj/ip/00
