La condición económica es el principal freno de los pobres, mujeres, indígenas, discapacitados y migrantes de América Latina para acceder a una justicia efectiva, denunció el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH).
Un informe de este centro de promoción humanitaria de la Organización de Estados Americanos sostiene que la mayoría de la población de la región afronta graves dificultades para defender sus derechos por falta de dinero o por residir a grandes distancias de las sedes judiciales.
En todos los países se reiteran las dificultades de los más desposeídos por no tener acceso barato a asesorías ni a servicios jurídicos de buena calidad, destacaron los expertos consultados por IPS.
«La cuestión económica es el principal factor que frena la justicia para los más desposeídos», explicó a IPS José Thompson, abogado y especialista en derechos humanos del IIDH.
Thompson presentó la segunda semana de este mes en San José un estudio patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se revela que pertenecer a los sectores más pobres significa ya en sí mismo un obstáculo para lograr el amparo del sistema judicial.
La investigación, denominada «Acceso a la justicia y equidad», abarcó las posibilidades en este campo de los grupos sociales y económicos más desfavorecidos de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú y República Dominicana;
Los expertos concluyeron que los resultados obtenidos en estos siete países son un fiel reflejo de lo que ocurre en toda la región.
«Encontramos que existe una gran brecha de calidad en los asuntos de derecho privado, y éste es el campo en el que se presentan la mayoría de los problemas jurídicos de las personas, como los asuntos familiares o laborales», explicó a IPS la investigadora argentina Rita Maxera.
Los gobiernos de América Latina se han preocupado en los últimos lustros en mejorar los servicios jurídicos sin tomar en cuenta quién los recibe, es decir los pueblos, comentó.
Los especialistas en derechos humanos señalan que el segundo freno para acceder a la justicia es la lejanía geográfica de las dependencias judiciales, pues muchos pueblos rurales no tienen esas oficinas y las más cercanas están a decenas de kilómetros de distancia.
Un ejemplo claro de esta situación es Guatemala, que muestra problemas de caminería y de otros medios de comunicación, que dificultan el acceso ciudadano al sistema de justicia.
El director del IIDH, Roberto Cuéllar, indicó que estas conclusiones son un llamado de atención para que las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil se acerquen a la realidad que afrontan las personas en este aspecto.
«La mayor aspiración de cualquier tipo de víctima es que se haga justicia y, por eso, las instituciones de derechos humanos y los organismos de cooperación financiera tienen que cambiar el enfoque y trabajar desde ahora en coordinación», explicó Cuéllar.
Entre los problemas que el estudio del IIDH señala en la administración de la justicia se cuentan la lentitud de los procesos, los altos costos de los juicios, la injusticia de los fallos y la falta de capacitación de algunos jueces y auxiliares.
Un aspecto revelador de este estudio aparece en el apartado dedicado a Perú, en el cual se señala que «los grupos sociales más desfavorecidos en el acceso al aparato de la justicia son los niños, las mujeres, los ancianos y los indígenas».
Las causas de esta exclusión no se da por razones raciales, sexo o edad, sino porque esos grupos son los más pobres entre los pobres, añade el documento.
Los llamados a una justicia «pronta y cumplida» en América Latina se han reiterado en los últimos meses de parte de diversos organismos y entidades.
Una de ellas es la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, que ha alertado sobre la necesidad de que se agilicen las causas penales, pues la gran mayoría de los detenidos en América Latina son presos sin condena firme.
En este sentido, la Iglesia Católica de El Salvador denunció esta semana que 70 por ciento de los reclusos de ese país aún no cuenta con sentencia y la mayoría es de bajos recursos. (FIN/IPS/nms/dm/hd/00
