La acción legal iniciada en junio por grupos ecologistas contra el proyecto forestal Cascada, localizado en el sur de Chile, representa la primera prueba de fuego para el protocolo ambiental del tratado de libre comercio suscrito en 1997 con Canadá.
La Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá acogió este jueves a trámite la demanda iniciada por la Fiscalía del Medio-Ambiente (FIMA), una organización no gubernamental de abogados que busca impedir la materialización de este proyecto por su negativo impacto ecológico.
Si el organismo binacional, con sede en Canadá, determina finalmente que no se aplicó cabalmente la normativa ambiental para la aprobación de este proyecto, el gobierno chileno se expone a que se le abra un expediente por incumplir el tratado.
La decisión en ese sentido pasará a manos del Comité Conjunto Revisor de Peticiones, otro de los órganos del tratado chileno- canadiense, al cual le corresponderá analizar el fondo de la demanda y eventualmente dar curso al expediente.
Esto sentaría un precedente para futuros acuerdos comerciales que Chile negocie con países o bloques industrializados, lo cual es visto como positivo por las organizaciones ambientalistas.
Los sectores empresariales, en cambio, sostienen que esa posibilidad significaría una señal negativa para los inversionistas extranjeros con respecto a los riesgos que pueden enfrentar en Chile.
Chile está negociando un tratado de comercio e integración con la Unión Europea y no ha renunciado a un acuerdo comercial con Estados Unidos, ya sea en forma bilateral o adhiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El proyecto Cascada, unos 1.100 kilómetros al sur de Santiago en la bahía de Ilque, al sudeste de Puerto Montt, está a cargo de una sociedad formada por Boise Cascade Corporation de Estados Unidos y Maderas Cóndor de Chile.
Cascada implica una inversión de 180 millones de dólares para construir en Ilque, localidad costera de 700 habitantes, una planta que procesará maderas de bosques nativos para la producción de paneles aglomerados y astillas (chips).
La planta se abastecerá de árboles comprados a terceros y tendrá una capacidad de procesamiento de un millón de metros cúbicos de madera, lo cual representa una amenaza para los bosques nativos de la zona, según los ecologistas.
En el estudio de impacto ambiental del proyecto, aprobado bajo el gobierno de Eduardo Frei, que finalizó en marzo de este año, se obviaron los datos sobre su incidencia en la riqueza forestal de la zona.
En el estudio se mencionó la superficie de 177 hectáreas que ocupará la planta en Ilque, pero se ignoró la extensión de 69.039 kilómetros cuadrados de bosques nativos que serán devastados por el proyecto, según sus detractores.
Fue esta omisión la que fundamentó la demanda presentada por la FIMA ante la Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá con el respaldo de grupos ecologistas chilenos y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente.
La comisión binacional fue creada de acuerdo al protocolo ambiental, adicional al tratado comercial que Frei firmó con Canadá en 1997 y que negoció luego de que en 1996 se frustraran las expectativas de un rápido ingreso de Chile al TLCAN.
El tratado con Canadá, que incluye igualmente un protocolo laboral, fue el primero negociado por Chile con un país industrializado, luego de numerosos acuerdos con países latinoamericanos que no consideran los factores ambientales.
El proyecto Cascada fue asumido internacionalmente por organizaciones ecologistas como símbolo de la defensa de los bosques templados húmedos, con motivo de las manifestaciones contra la llamada Ronda del Milenio.
Estas movilizaciones tuvieron lugar en la ciudad estadounidense de Seattle, con motivo de la última reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio, realizada entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 1999.
Los grupos ecologistas chilenos acusan a la sociedad chileno- estadounidense de haber ejercido presiones tanto en la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), como en la instancia regional de Puerto Montt para conseguir la aprobación del proyecto.
La bióloga Adriana Hoffmann, designada secretaria ejecutiva de Conama por el actual presidente Ricardo Lagos, fue hasta marzo último líder de la organización Defensores del Bosque Chileno y como tal combatió duramente el proyecto Cascada.
Hoffmann se inhabilitó para intervenir en representación del gobierno chileno en el actual proceso abierto por la demanda de la FIMA en las instancias bilaterales del tratado Chile-Canadá. (FIN/IPS/ggr/en if/00
