Las sanciones impuestas en noviembre último a Afganistán por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvieron fuerte impacto en la población, pero no en el gobierno, objetivo de esas medidas.
"El impacto de las sanciones ha sido significativo, al punto que la población afgana se siente aislada y victimizada", señaló el martes la Oficina del Coordinador de la ONU para Afganistán.
El Consejo de Seguridad de la ONU acordó medidas contra Afganistán para obligar al gobierno del movimiento islámico Talibán a entregar a Osama bin Laden, acusado por Washington de los atentados en 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania y contra instalaciones militares de Arabia Saudita en 1995 y 1996.
Estados Unidos asegura que Bin Laden, un multimillonario hombre de negocios saudí, reside en Afganistán, protegido por el gobierno. El movimiento Talibán respondió que, sin pruebas definitivas de la participación de Bin Laden en los atentados, no va a entregarlo.
La opinión pública afgana cree que el Consejo de Seguridad se propuso perjudicar a la población civil y no a las autoridades con las que está enemistado, se consignó en un informe sobre Afganistán difundido en el foro mundial.
"La población de Afganistán es altamente vulnerable y no podría hacer frente a un nuevo impacto económico", se señaló.
El Coordinador Humanitario de la ONU para Afganistán es Eric de Mul, y sus oficinas se hallan en Pakistán. El informe es la conclusión de investigaciones y entrevistas a donantes y voluntarios de ayuda, ciudadanos afganos y representantes del gobierno.
"Los afganos se enfrentan a una calamitosa situación. Están cansados de la guerra y sus recursos se han agotado después de 21 años de conflicto armado», observó la Oficina del Coordinador.
Afganistán sufre las consecuencias de un prolongado conflicto militar, una sequía que redujo las cosechas, la miseria causada por la guerra y el autoritarismo del movimiento Talibán, rígidamente conservador, que afecta especialmente a las mujeres.
El Consejo de Seguridad de la ONU prohibió los vuelos internacionales de la compañía afgana Ariana Airlines y congeló los depósitos bancarios del gobierno en el exterior.
Las implicaciones humanitarias del congelamiento de las cuentas bancarias son mínimas, se advirtió en el informe de la ONU, pero la prohibición de vuelos trastornó la importación de alimentos y de medicinas.
Cerca de 50 por ciento de las medicinas y de los equipos utilizados en los centros de salud de Kabul eran transportados por Ariana Airlines, señalaron los responsables del hospital Indira Gandhi, de esa capital.
La pérdida del puente aéreo con India acabó con la importación de medicinas apreciadas por su bajo costo y buena calidad. Los productos adquiridos en Pakistán e Irán, que puede ser transportados por tierra, son más costosos.
La prohibición de vuelos de Ariana también interrumpió el servicio de correos, una consecuencia que contribuye al aislamiento de la población afgana. Las oficinas postales recibían antes de la aplicación de las sanciones 10.000 cartas por día de ciudadanos ansiosos de comunicarse con sus familiares en el exterior.
La falta de vuelos directos hacia Afganistán también ha limitado las opciones de las agencias de ayuda que operan en el país.
Miles de personas se manifestaron con la ONU en las principales ciudades de Afganistán al conocerse las sanciones. Esto dio por resultado la clausura por varios días de algunas oficinas de las agencias de ayuda y algunas, incluso las que dependen de la ONU, evacuaron su personal de ciertas regiones, aunque regresaron al obtener garantías del gobierno.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, mantiene fuertes reservas acerca de la eficacia de las sanciones que el foro mundial impone a Afganistán y a otros países para presionar a gobernantes que han desafiado a la comunidad internacional.
"Las sanciones deben ser pulidas», señaló el secretario general.
Desde su creación hace 55 años, la ONU ha sancionado a Afganistán, Angola, Haití, Iraq, Liberia, Libia, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Rhodesia (ahora Zimbabwe), Sudán y Yugoslavia.
Esas medidas sólo han sido plenamente eliminadas en los casos de Haití, Sudáfrica, Rhodesia y Yugoslavia. (FIN/IPS/tra- en/td/da/ff/ip/00