La destitución de 18 jueces por parte del parlamento de Serbia mostro que para llegar a ser magistrado y mantenerse como tal es necesario, en la actualidad, ser leal al régimen del presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, opinaron analistas y ex jueces serbios.
El parlamento dispuso la semana pasada el cese de jueces de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y cortes de distrito, con el argumento de que "estaban involucrados en actividades políticas opositoras" de tipo "ilegal".
La purga fue la mayor en los diez años de gobierno de Milosevic, y los críticos afirman que violó la norma constitucional serbia en la cual se establece que los jueces sólo pueden ser separados de sus cargos por decisión del conjunto de los integrantes de la Corte Suprema.
La Constitución también indica que los jueces pueden estar afiliados a cualquier partido y expresar sus opiniones políticas en cualquier parte salvo en los tribunales.
Ninguno de los 18 destituidos estaba afiliado a un partido, pero todos ellos habían expresado críticas a Milosevic en medios de comunicación independientes.
Las destituciones fueron votadas por legisladores de la gobernante coalición que integran el Partido Socialista de Milosevic, el partido Izquierda Yugoslava (JUL) que encabeza su esposa, Mirjana Markovic, y el ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS) de Vojislav Seselj.
"El Estado paga a los jueces. Los jueces no pueden trabajar contra el Estado", dijo a periodistas el ministro de Justicia, Dragoljub Jankovic, tras la votación parlamentaria del miércoles.
"La situación del sistema judicial es trágica" comentó Bozo Prelevic, uno de los destituidos.
"Las autoridades han aplicado criterios políticos para evaluar la competencia de los jueces, y serán los ciudadanos quienes paguen el precio más alto", afirmó el presidente de la Asociación de Abogados de Serbia, Branislav Tapuskovic.
"Si los jueces no tienen derechos, ¿qué derechos de la gente común serán respetados?", añadió.
"La decisión ilegal del parlamento sugiere que los criminales tienen más derechos que los jueces" en la actualidad, apuntó Vida Skero, otra destituida.
"La destitución inconstitucional e ilegal de jueces por su presunta actividad política señala la profundidad de la crisis del gobierno, el cual ya ni siquiera confía en instituciones que son parte del propio sistema gubernamental" afirmó Rajko Danilovic, uno de los abogados más destacados de Belgrado.
En la actualidad hay en el país unos 2.000 jueces, de los cuales 900 comenzaron a actuar como tales en los últimos dos años, para reemplazar a magistrados que dejaron sus cargos y se dedicaron a otras actividades vinculadas con el sistema judicial, según datos de la Sociedad de Jueces de Serbia.
Según las normas vigentes, los aspirantes a jueces deben poseer por lo menos 10 años de experiencia en el sistema judicial y aprobar un examen. Cuando un tribunal propone a uno de sus expertos asociados como juez, el nombramiento requiere la aprobación del Ministerio de Justicia.
El período de dos años en el cual se produjo ese importante recambio coincide con la consolidación del actual gobierno.
El Partido Socialista y la JUL lograron la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias de septiembre de 1997, pero no obtuvieron la mayoría de las bancas en el parlamento, de 250 integrantes.
En marzo de 1998, seis meses después de los comicios, ambos partidos invitaron al SRS a formar una coalición y le concedieron varios importantes cargos en el gobierno. Desde entonces se ha desatado una oleada de represión en el país.
"Al parecer, el gobierno de Milosevic planea utilizar al sistema judicial para perseguir a los disidentes políticos. Las 18 destituciones fueron un crudo intento de disciplinar a los jueces para que apliquen la política de la 'coalición roja y negra' en vez de juzgar según las leyes, escribió Danilovic.
La actual coalición de gobierno es llamada "roja y negra" por quienes consideran que el Partido Socialista y la JUL son comunistas ("rojos") y el SRS es fascista ("negro").
Muchos especialistas en leyes aseguran que el régimen apela a la corrupción de los magistrados para asegurar su lealtad política.
El salario mensual de un juez de distrito en este empobrecido país es 2.045 dinares, unos 50 dólares, pero es un secreto a voces que el Estado proporcionó hace poco viviendas de un lujo inusual a muchos de los magistrados que ocuparon sus cargos en los últimos dos años.
Los jueces cuyas sentencias han correspondido a las expectativas del régimen recibieron ascensos, aquellos que no proceden como el gobierno desea están bajo gran presión, y quienes criticaban a las autoridades perdieron sus empleos.
"En la actualidad las autoridades han abandonado por completo la sutileza, y las presiones no podrían ser más directas. El presidente de una corte o el ministro de Justicia llaman por teléfono a los jueces y les dicen qué sentencia quieren que dicten", aseguró Danilovic.
"No se elige ser juez por ventajas materiales, sino por la dignidad de esa importante profesión. Limitar la libertad de los jueces para dictar sentencia sin más guía que sus conciencias es muy grave. Equivale al fin de todo el sistema judicial y la abolición de todos los derechos humanos" añadió. (FIN/IPS/tra- eng/vpz/da/mp/ip hd/00
