El código de procesamiento penal presentado en Venezuela como la clave para modernizar y humanizar la justicia resistió apenas un año antes de caer víctima del auge de la delincuencia.
El gobierno decidió auspiciar una reforma del código (conocido por su acrónimo Copp) porque "está surgiendo un peligroso ambiente de impunidad", dijo este miércoles el viceministro de Seguridad Ciudadana, Belisario Landis.
Pero la decisión de plantear esa reforma generó el rechazo de organizaciones de derechos humanos, decididas a defender una ley con la cual se instauró por primera vez en este país el concepto de que la libertad es la regla y la detención la excepción.
Los cuestionadores del código argumentan que las exigencias de la nueva ley para procesar sospechosos dificultan el ejercicio de la justicia y obstaculizan la represión, lo cual habría contribuido a aumentar los delitos en un país que se considera sitiado por el crimen.
El debate tiene su epicentro en la Comisión Legislativa, donde la decisión sobre una reforma se ha retrasado. Al parecer, existen desacuerdos en torno del alcance de esas modificaciones, ya que algunas propuestas gubernamentales atentarían contra logros en materia de derechos ciudadanos frente a la justicia.
Pero la propuesta del Poder Ejecutivo asegura que las reformas son necesarias pues el código "ha creado graves desajustes en la realidad social venezolana" y el país "no estaba preparado" para su aplicación.
El ministro del Interior, Luis Dávila, asegura que el Copp permitió la liberación de más de 9.000 personas procesadas debido a irregularidades o insuficiencia de pruebas, y las autoridades policiales consideran que gran parte de ellos son delincuentes.
En los medios de prensa abundan relatos sobre personas favorecidas por el nuevo sistema penal que luego protagonizaron graves crímenes, o que han muerto en enfrentamientos a tiros con la policía, engrosando el saldo de ciudadanos baleados en esta capital.
Cada lunes, la Policía Técnica Judicial informa sobre un saldo de muertes violentas que en general supera las 60, a veces rondando las 100 en todo este país de 23 millones de habitantes.
La mayor parte de esa violencia se concentra en la capital, la ciudad más poblada, donde, según los últimos informes, se registraron 903 homicidios en los primeros cinco meses del año.
De acuerdo con informes internacionales, Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. Las cifras de la policía judicial parecen confirmar esa tendencia: en 1999 fueron asesinadas unas 6.000 personas, cerca de 16 por día.
La inseguridad es el principal problema de los venezolanos, junto con el desempleo, según diversas encuestas. Y es uno de los puntos esenciales de la campaña para las elecciones del día 30, plagada de promesas contra la delincuencia.
Informes divulgados a comienzos de 2000 indican que la delincuencia ha empeorado en este país, y muchos funcionarios lo atribuyen al Copp. El ministro del Interior, Luis Alfonso Dávila, declaró que la ley "ha llenado de muerte y penuria" al país.
El nuevo código entró en vigencia el 1 de julio de 1999 en medio de augurios sobre la democratización de la justicia, basada en la protección de la dignidad humana, con capacidad para impulsar una nueva cultura dentro del cuestionado Poder Judicial.
Hace un año las cárceles venezolanas albergaban a 22.000 personas, de las cuales casi la mitad no habían sido condenadas a prisión y aguardaban el final de sus procesos en el hacinamiento, la violencia y la muerte.
Las autoridades policiales insisten que muchas de esas personas procesadas salieron en libertad, incluso peligrosos delincuentes. En algunas cárceles hubo trágicas protestas de internos que reclamaban su libertad, al parecer amparados por el Copp.
Desde el momento en que este código reemplazó al que regía desde la década del 20 se alzaron voces de alerta desde el ámbito judicial que advertían la posibilidad de problemas ante la falta de preparación del país para aplicar esa moderna legislación.
Tribunales sin capacidad de procesamiento, policías con escasez de personal y presupuesto y la falta de una cultura de investigación son mencionados como elementos que atentan contra los beneficios del Copp, que introdujo en Venezuela la novedad de juicios orales con jurados.
Sin embargo, los defensores del Copp recalcan que se trata de un instrumento moderno que proteje al ciudadano de abusos de poder, de injusticias y de las consecuencias de la represión excesiva por parte de las policías.
"Lo más fácil es el exterminio del ser humano", recalcó esta semana la Defensora del Pueblo, Dilia Parra, quien cuestionó la presentación de la reforma por parte del Ministerio del Interior.
El abogado Fernando Fernández, representante de Amnistía Internacional y reconocido defensor del Copp, advirtió que el código aporta a Venezuela "normas internacionalmente aceptadas" para el tratamiento de delitos.
Fernández aseguró que "todas las fallas son humanas e institucionales", y por lo tanto representan "un fracaso del Estado en la aplicación de la ley". (FIN/IPS/lc/mj/ip hd/00
