La política antidrogas no ha logrado reducir los cultivos ilícitos en América del Sur y tanto la siembra como los métodos empleados para combatirla tienen efectos devastadores sobre el ambiente y la población de los países productores.
"El polémico método de aspersión aérea de potentes herbicidas sobre plantaciones ilícitas" no sólo no redujo el área de cultivos ilícitos en Colombia, sino que esa práctica "ha multiplicado sus efectos destructores sobre la frágil selva tropical", advirtió Ricardo Vargas, de la organización no gubernamental (ONG) Acción Andina.
La superficie cubierta por las plantaciones ilegales de coca se redujo en Bolivia y en Perú, pero diversos informes, incluso de organismos de seguridad estadounidenses, indican que en Colombia aumentó de 41.000 hectáreas en 1992 a 120.000 en 1999.
Vargas dijo a TIERRAMERICA que, en términos globales, la producción andina de cerca de 300 toneladas de hoja de coca, marihuana y amapola se mantuvo estable a través de los años, pero ha variado la participación de cada país en el volumen total.
En Bolivia se pasó de 45.000 hectáreas dedicadas a la coca en 1992 a 38.000 en 1998, y en Perú, de 129.200 a 101.800, de acuerdo con un estudio de Acción Andina, que reúne a instituciones e investigadores en materia de narcotráfico de Bogotá, Cochabamba (Bolivia) y Lima.
El Ministerio del Medio Ambiente calcula que entre 1987 y 1998 se destruyeron en Colombia unas 504.000 hectáreas de bosques. Para realizar su cálculo partió del supuesto, manejado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, de que por cada hectárea de amapola, el cultivador destruye en promedio tres hectáreas de bosque.
Tratándose de la coca, la relación es de cuatro hectáreas de bosque arrasadas por cada una de cultivo, y en el caso de la marihuana, de 1,5 por cada una.
En Perú se calcula que por cada hectárea sembrada de coca se abren otras dos, en las que los campesinos de la selva cultivan productos de subsistencia, aumentando el espacio ganado a los bosques.
Pero se trata sólo de estimaciones, pues no se conocen en Colombia y Perú investigaciones oficiales concretas sobre los daños que han causado al ambiente y a la salud humana los narcocultivos y los métodos y sustancias químicas o biológicas utilizados para combatirlos.
Colombia ha sido el centro de experimentación "más importante de la región (andina) en el uso de químicos para fumigar cultivos ilícitos, con aplicaciones ilegales a campo abierto que se han llevado a cabo con la aquiescencia del Estado", señaló Vargas.
Las "auditorías ambientales" de los organismos de control se han convertido sólo "en el mejor apoyo técnico para mejorar la eficacia de los químicos que se utilizan", agregó.
En Perú, investigaciones parciales de ONG e institutos universitarios señalan que el caso más grave de destrucción es el del río Huayabamba, afluente del Huallaga, que fue totalmente contaminado por las sustancias químicas empleadas para macerar las hojas de coca.
En cuanto al impacto negativo de los procedimientos de erradicación de cultivos de coca, las autoridades peruanas que reciben colaboración de la DEA (agencia antidrogas estadounidense) fueron acusadas hace algunos años de usar el llamado "agente naranja", un desfoliador utilizado por el ejército de Estados Unidos en la guerra de Vietnam que ataca a todas las plantas.
En la actualidad, los campesinos peruanos hablan de otra sustancia, a la que denominan "lluvia blanca", que es arrojada desde helicópteros a los cocales. Según las autoridades, se trata de un método de control biológico realizado con el hongo "fusarium" y "sólo afecta a los arbustos de coca".
El consultor internacional Roger Rumrrill sostiene que, si bien en laboratorios se puede demostrar que el fusarium sólo afecta la planta de coca, en el terreno, en las zonas rociadas con el hongo se advierte la muerte de otras especies, como plátano y café.
"Es probable que este hongo altere el equilibrio ecológico, de alguna manera que propicia la expansión de otros agentes y plagas, porque es evidente que no sólo mueren las plantas de coca sino otras especies", dijo Rumrril.
Así mismo, el investigador social Hugo Cavieses, de la Federación Campesina del Valle de Monzón, en la selva central peruana, aseguró en noviembre que "los polvos blancos arrojados desde un helicóptero por la policía provocaron problemas de salud a los niños de la zona, y la muerte de uno de ellos, Hilder Alcántara, de año y medio de edad".
Cavieses afirmó que el niño fue enterrado sin autopsia, pese al reclamo de sus padres, y que la Defensoría del Pueblo pidió en febrero a las autoridades la exhumación del cadáver. El resultado de la autopsia aún no se conoce.
El fusarium oxysporum, en su forma especial denominada erythroxyli, fue aislado y probado en Hawai por científicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre plántulas de dos especies de coca que sufrieron decoloramiento y marchitamiento severo.
Los defensores de su aplicación señalan que la ventaja comparativa de este sistema de control biológico frente a la erradicación con agroquímicos es su comportamiento selectivo, que no le permite infectar ninguna planta que no sea la coca.
En Colombia, la aplicación del fusarium es apenas un proyecto, que el gobierno niega tener en consideración, y el debate sobre sus riesgos sólo se ha dado en un reducido circulo académico de la estatal Universidad Nacional y en una comisión especial del Senado.
Investigadores de la Universidad Nacional afirmaron que reportes científicos indican que el fusarium oxiysporum, en su forma especial lycopersici, catalogado como específico para el tomate, al ser inoculado en clavel y rábano produjo infección.
Así mismo, una supuesta cepa del hongo no patógena importada de Holanda para su uso como controlador biológico en cultivos de claveles en la Sabana de Bogotá, desarrolló la enfermedad.
Los dos ejemplos, en opinión de Hernando Valencia, del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, "confirman el hecho de que cambios en las condiciones ecológicas pueden variar la fisiología del hongo, incrementando su virulencia.
Jesús Hidrobo, del Instituto de Ciencias Naturales de la misma universidad, aseguró que hay 250 agentes menos riesgosos que el fusarium para combatir las plantaciones de coca, como el virus de la "estalla", utilizado con éxito en Perú y Bolivia.
La erradicación de plantaciones ilegales con agroquímicos o agentes biológicos ha sido también cuestionada porque no ataca el capital que las financia, y los cultivadores se trasladan a zonas aún no cubiertas por las fuerzas antidrogas, generando graves presiones al ecosistema.
Las primeras reacciones por los daños ecológicos causados por la aplicación de herbicidas en Colombia se conocieron en los años 70, al utilizarse el glifosato en la sierra Nevada de Santa Marta, una de las más importantes reservas naturales del norte del país, y en el meridional departamento de Cauca, donde se producía marihuana.
En 1997 y 1998 se libró una fuerte polémica por la propuesta de Estados Unidos de aplicar el herbicida tebutiurón para erradicar los cultivos de coca, marihuana y amapola.
El Ministerio del Medio Ambiente rechazó la iniciativa, por considerar que ese herbicida tendría grave impacto en el ecosistema, especialmente en la selva amazónica. (FIN
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