El virus de la sospecha llegó muy cerca del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y lo obligó a dar explicaciones por un escándalo de desviación de dinero público.
El caso, revelado por una comisión investigadora parlamentaria el año pasado, se refiere a la desaparición de 169 millones de reales, equivalente a 94 millones de dólares actuales y a mucho más en la época del ilícito, destinados a la construcción de la sede del Tribunal del Trabajo en Sao Paulo, iniciada en 1992.
El acusado directo de elevar ilegalmente los gastos de la obra fue el juez Nicolau dos Santos Neto, ahora prófugo.
Pero las averiguaciones involucraron también al ex senador Luiz Estévao, proscripto por el Senado en junio debido a indicios de que disfrutó el fraude a través de sus empresas constructoras y por defenderse con mentiras luego detectadas.
El escándalo afectó al presidente porque se descubrió que el ex secretario general de la Presidencia, Eduardo Jorge Caldas Pereira, mantuvo durante el periodo en ese cargo, de 1995 a 1998, al menos 117 conversaciones telefónicas con el juez Santos Neto.
Caldas Pereira trabajó durante 15 años seguidos con Cardoso, inicialmente como su asesor directo en el Senado, luego en la cancillería y en el Ministerio de Hacienda, de fines de 1992 a comienzo de 1994, y por último en la Presidencia y en las campañas electorales.
No hay modo de negar que el ex funcionario gozaba de la confianza personal del presidente. Por eso su salida del gobierno en 1998, con el fin de coordinar la campaña para la reelección de Cardoso y sin volver luego a un cargo ejecutivo, despertó dudas en medios políticos.
Las 117 llamadas telefónicas del juez al secretario de la Presidencia no se convirtieron en escándalo durante la investigación parlamentaria de 1999 sino ahora, después de que el mismo Caldas Pereira concedió una entrevista al diario Valor Económico.
El ex funcionario atribuyó las llamadas a "relaciones institucionales", con el fin de obtener de Santos Neto nombres para que el presidente Cardoso designara en Sao Paulo jueces laborales favorables al Plan Real de estabilización económica, sostuvo.
El gobierno temía, según él, que nuevos jueces emitieran fallos determinando aumentos salariales atados al incremento de otros valores, mecanismo que alentó la inflación en Brasil durante casi 30 años, según el ex secretario.
El reconocimiento de que un juez acusado de corrupción colaboraba con la Presidencia resucitó la cuestión y estimuló nuevas sospechas.
El diario O Globo divulgó el sábado una explosiva coincidencia. Las llamadas del juez a Caldas Pereira fueron más numerosas en vísperas de la liberación de nuevas sumas del Tesoro Nacional para las obras del Tribunal de Sao Paulo.
Otro sondeo muestra que la Justicia Laboral de Sao Paulo favoreció correciones salariales en todas las 1.270 acciones sindicales planteadas desde el inicio del Plan Real.
Además es casi imposible que tantas llamadas telefónicas se "tratasen exclusivamente de nombramientos" de nuevos jueces, opinó el actual presidente del Tribunal Regional del Trabajo de Sao Paulo, Floriano Vaz da Silva.
Ante las sospechas, el presidente Cardoso emitió el martes un comunicado favorable a la investigación total del caso, "con castigos ejemplares y sin excepciones de los responsables".
Los Ministerios de Hacienda y de Planificación y Presupuesto aclararon que el Poder Ejecutivo no interfiere en los recursos destinados a la Justicia.
Aprobados en el presupuesto, el Tesoro Nacional es obligado a liberarlos cada mes, sin posibilidad de "ejercer ninguna fiscalización y control de los actos administrativos del Poder Judicial", según un comunicado emitido en conjunto de las dos carteras.
Con eso se trata de despejar cualquier desconfianza de que miembros de la Presidencia o de los ministerios se hayan aprovechado del fraude en una construcción que costó al gobierno cuatro veces más que lo previsto y aun así quedó incompleta.
Pero esas explicaciones no interrumpen el proceso ni las dudas que desgastan un gobierno cuya popularidad está por el suelo desde el inicio de 1999. Además, transfiere responsabilidades a la cúpula del Poder Judicial, generando posibles conflictos.
Fiscales de Brasilia y de Sao Paulo pretenden interrogar al ex asesor del presidente, que adquirió hace poco en Río de Janeiro un departamento estimado en un millón de dólares.
Los fuertes indicios de su vinculación con el juez prófugo, el ex senador Estévao y el caso del tribunal de Sao Paulo deben ser aclarados, según los fiscales.
En el Congreso existe un movimiento integrado por legisladores de la oposición y de sectores del oficialismo favorable a la instalación de una nueva comisión parlamentaria investigadora dedicada al caso de Caldas Pereira.
El Poder Ejecutivo maniobra para evitarlo, lo que convierte en "hipocresía" la afirmación presidencial de que quiere aclarar todos los detalles, según Tereza Cruvinel, columnista política de O Globo. (FIN/IPS/mo/mj/ip/00
