Manejar las Fuerzas Armadas de México, tradicionalmente caracterizadas por el secreto y por la fidelidad al aún gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se perfila como un difícil reto para el presidente electo Vicente Fox.
En un clima de reserva contrastante con su actuación en otros ámbitos públicos, Fox considera quién será su secretario (ministro) de Defensa cuando asuma la Presidencia en diciembre. El designado se conocerá en agosto o septiembre, informaron este jueves fuentes cercanas al presidente electo.
Dos militares retirados de alta graduación, uno de ellos diputado del PRI, se proclamaron días atrás como los mejores candidatos
El hecho sorprendió a los observadores, pues en el pasado esa designación siempre fue hecha lejos de los reflectores y tras los bastidores del poder.
En el próximo gobierno, los militares serán sometidos a la vigilancia del Congreso legislativo y se les pedirá apertura y resultados concretos, dijo Fox a IPS a inicios de mes, en una cita con corresponsales extranjeros.
Fox aclaró que, siguiendo la tradición, designará a un militar y no a un civil como secretario de Defensa. En las Fuerzas Armadas hay personal capacitado para el cargo, señaló.
Ajenas al escrutinio público y afectadas por acusaciones de corrupción y violaciones de los derechos humanos, las Fuerzas Armadas tendrán por primera vez desde diciembre un jefe surgido de la oposición.
Las Fuerzas Armadas modernas fueron creadas por el PRI, partido fundados en 1929, luego del proceso revolucionario de inicios del siglo XX.
A pesar del tiempo transcurrido, "la mayoría de los militares de alta graduación (aún) forman parte de la institucionalidad 'priísta"', comentó Carlos Ramírez, columnista del diario El Universal.
Como candidato, Fox señaló en repetidas ocasiones que admira el profesionalismo de los militares y que les ofrecería todo su apoyo. Luego de su elección el 2 de julio, el mando de las Fuerzas Armadas le comprometió su apoyo "institucional".
Pero por el origen de las Fuerzas Armadas y su vinculación con el PRI, el trabajo de los militares con Fox podría ser, al menos en una primera etapa, algo difícil, opinan observadores.
El presidente electo prometió en su campaña que, para promover el diálogo de paz y en un gesto de apertura hacia la guerrilla zapatista del estado de Chiapas, retiraría a las Fuerzas Armadas de la zona de influencia de ese grupo.
Ello sería tomado por las Fuerzas Armadas como una capitulación, dijeron analistas.
Pero el asunto ya no preocupa, pues, a diferencia de su promesa de campaña, Fox ofrece ahora retirar a los militares de Chiapas ya no en un acto unilateral, sino como consecuencia de una negociación previa con la guerrilla.
Desde 1994, cuando los militares enfrentaron la irrupción de los zapatistas en Chiapas e intensificaron su lucha contra el narcotráfico, los reflectores, de los que siempre huyeron, los comenzaron a apuntar con intensidad.
Denuncias de corrupción, violaciones de los derechos humanos, intolerancia y casos de insubordinación acompañaron desde entonces a los militares mexicanos, los únicos en América Latina que no han realizado golpes de Estado.
México cuenta hoy con el segundo mayor ejército de América Latina y el tercero en la región en materia de gasto militar, detrás de Brasil y Argentina.
En febrero del año pasado un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos sobre derechos humanos indicó que la corrupción entre los militares de México estaba en aumento.
El relator especial contra la tortura de la Organización de Naciones Uniadas, Nigel Rodley, dijo en marzo de 1998 que en México "el personal militar aparenta ser inmune a la justicia civil y generalmente está protegido por la justicia militar".
Las Fuerzas Armadas sostienen que las acusaciones, que incluyen casos de corrupción y vinculación con el narcotráfico y que proceden de múltiples organizaciones de derechos humanos, son aisladas y no representan la realidad de sus filas.
Varios militares mexicanos fueron investigados y detenidos por proteger a narcotraficantes desde el arresto en 1996 del ex jefe antidrogas general Jesús Gutiérrez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha cuestionado a los militares, sobre todo por la impunidad en la que estaría actuando su sistema judicial.
Esa comisión exigió en numerosas ocasiones a las Fuerzas Armadas locales que liberen a un general preso quien fue detenido luego de pedir que se cree una figura de un defensor de derechos humanos para el fuero militar. Hasta el momento su pedido no ha sido atendido. (FIN/IPS/dc/00)
