Más de 220 mexicanos murieron desde el pasado octubre mientras intentaban cruzar zonas inhóspitas de la frontera entre su país y Estados Unidos en busca de trabajo y un mejor nivel de vida.
Las muertes son en parte resultado de los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) estadounidense por bloquear cruces fronterizos tradicionales cerca de centros urbanos, en especial El Paso (estado de Texas), San Diego (California) y Nogales (Arizona).
Esos esfuerzos, que incluyeron la construcción de enormes muros de acero y un gran aumento del número de agentes de la Patrulla Fronteriza, llevan a muchos mexicanos a terrenos montañosos y desérticos junto a los estados de Arizona y Texas, donde caen presa del hambre, la deshidratación y el cansancio.
La nueva política también hace que más y más personas caigan en manos de inescrupulosos "coyotes", es decir traficantes que cobran miles de dólares por ayudar a cruzar la frontera y que suelen abandonar a sus clientes en cualquier parte para evitar arrestos.
Así mismo, las nuevas medidas de las autoridades de inmigración crearon un caos en comunidades rurales fronterizas, que resultaron abrumadas por la llegada de inmigrantes y la reforzada presencia de patrulleros.
Algunos granjeros se armaron y capturaron inmigrantes en sus propias tierras; agentes de la Patrulla Fronteriza confundieron con inmigrantes indocumentados a residentes hispanos o indígenas y los arrestaron, y muchos habitantes de la región pretenden que Washington revierta su política, solo para salvar vidas.
"Vivimos una crisis de derechos humanos en la frontera, y el incremento de la Patrulla Fronteriza no es la solución", afirmó la abogada Isabel García, integrante de una delegación de residentes de Arizona patrocinada por el American Friends Service Committee que visitó Washington la semana pasada.
El grupo pretende que Washington aborde las causas profundas de la invasión de inmigrantes, incluido el fracaso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) en la creación de más empleos en México.
El TLC tampoco ofreció a los trabajadores mexicanos la misma oportunidad de procurar empleo en Estados Unidos que la que tienen las empresas estadounidenses de invertir en México, señalaron los activistas.
"Creemos que la única forma de resolver la situación es que México se transforme en un socio de la misma categoría que Canadá y Estados Unidos, y que exista libre flujo de trabajadores y de capital", declaró Jesús Romo, un abogado de Tucson representante de trabajadores agrícolas.
La victoria del opositor Vicente Fox en las elecciones presidenciales celebradas el domingo en México podría proporcionar a Romo y García un poderoso aliado.
En varias declaraciones, Fox criticó al TLC por no promover "un movimiento más libre de personas" y mercancías.
Desde que el INS intentó cerrar los principales pasos fronterizos de California, el sur de Arizona se transformó en la ruta más importante para los mexicanos que intentan entrar a Estados Unidos.
Las detenciones en el área se duplicaron desde 1995, y solo en 1999 hubo casi medio millón. Se cree que el mismo año lograron entrar a Arizona entre uno y tres millones de inmigrantes.
Las altas temperaturas del desierto en verano causaron la muerte de unas 45 personas que intentaban cruzar la frontera, y cientos más padecieron deshidratación grave y debieron ser tratadas en hospitales locales, explicó García.
El INS anunció planes para entrenar a más agentes de la Patrulla Fronteriza en técnicas de primeros auxilios y colocar señales de advertencia a lo largo de la frontera.
"Deseamos reducir el número de muertes y aumentar la seguridad de ambos lados del límite", declaró Doris Meissner, comisionada del INS.
Pero Washington no muestra señales de abandonar su dura política de control fronterizo. El número de patrulleros en el sector de Tucson creció de 287 en 1994 a más de 1.200 en la actualidad.
Ese aumento tuvo un impacto perjudicial sobre los residentes latinos e indígenas, que a menudo son detenidos en la carretera para controles de identificación.
"Porque nuestra piel es oscura, nos persiguen constantemente", afirmó García.
Además, residentes locales dudan que el reforzamiento de la patrulla tenga el efecto deseado.
"Todavía estamos abrumados", sostuvo el comisario Larry Dever, del condado de Cochise, y describió el impacto social, económico y ambiental de la inmigración como "devastador".
No solo se redujo la seguridad en la región, sino que el volumen de desperdicios dejados atrás por los inmigrantes a través del desierto amenaza ecosistemas y parques nacionales, agregó.
Además, las comunidades locales deben afrontar el costo de la limpieza de la basura y el suministro de cuidados médicos a los inmigrantes enfermos, señaló Sally Holcomb, una activista integrante de la delegación que visitó Washington.
Peor aún, la tensión está en aumento a ambos lados de la frontera. Acciones de "vigilantes" estadounidenses, incluidos granjeros locales, y actos de brutalidad de la Patrulla Fronteriza causaron declaraciones de preocupación del gobierno mexicano.
Los inmigrantes que sufrieron abusos de granjeros estadounidenses o de patrulleros prefieren ser repatriados rápidamente antes que permanecer en la cárcel mientras la justicia estudia sus casos.
Por su parte, el INS insistió en que su táctica dio resultado en el desierto de Arizona y en los cruces urbanos, y que las operaciones de tráfico se están trasladando desde Agua Prieta a la región de Del Río, en Texas, cientos de kilómetros hacia el sudeste. (FIN/IPS/tra-en/jl/da/mlm/pr-hd/00
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