La organización no gubernamental Transparencia Internacional exhortó hoy a Japón a implementar la convención contra la corrupción de la OCDE, y deploró que un pequeño grupo de países impidan la eficacia de ese instrumento.
Transparencia Internacional, radicada en Berlín, lanzó su exhortación en la víspera de la reunión que el Grupo de los Siete países de mayor desarrollo y Rusia mantendrán del viernes al domingo en la isla japonesa de Okinawa.
La cumbre del llamado G-8 "debe abordar directamente el caso de la corrupción y solicitar al país anfitrión, Japón, a implementar plenamente la Convención contra el Soborno de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)", señaló en un comunicado el presidente de Transparencia, Peter Eigen.
La convención de la OCDE exige a los países signatarios tipificar como delito el soborno a funcionarios del servicio exterior, y Japón no ha cumplido todavía con ese compromiso.
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, los integrantes del Grupo de los Siete, son los peso pesado de la OCDE, que tiene su sede en París y engloba a 29 países.
La cuestión de la corrupción "debe ocupar un lugar importante en la agenda de la cumbre" del G-8 "y no se debe dejar de señalar que cuatro de los participantes —Italia, Francia, Gran Bretaña y Japón— bloquean la plena implementación de la Convención de la OCDE", dijo Eigen.
La Convención de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios del Servicio Exterior en Contratos Internacionales entró en vigor el 15 de febrero de 1999, dos años después de ser firmada por 20 miembros de la organización y por Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile y Eslovaquia, que no la integran.
Las partes se comprometieron a asegurar la ratificación parlamentaria del instrumento, para convertirlo en ley de carácter nacional.
La Convención convierte en delito ofrecer, prometer o dar un soborno a funcionarios públicos extranjeros con el fin de obtener o mantener contratos internacionales de negocios.
Un texto adjunto intenta poner fin a la práctica de acordar la posibilidad de deducir impuestos al pago de sobornos a funcionarios extranjeros.
La Convención compromete a los 34 países firmantes, entre ellos las grandes potencias económicas, adoptar reglas comunes para castigar a las compañías e individuos que participen en sobornos.
Hasta ahora, 21 países han sido objeto de vigilancia para determinar si sus leyes son adecuadas para el cumplimiento de la Convención: Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Eslovaquia, Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Islandia, Japón, México, Noruega, República Checa.
El Grupo de Trabajo sobre Sobornos elaboró un informe sobre cada uno de esos países, publicado el 27 de junio.
El informe recordó que Japón firmó la Convención el 17 de diciembre de 1997 y depositó el instrumento de aceptación en la OCDE el 13 de octubre de 1998.
El 18 de septiembre de ese mismo año, el gobierno promulgó enmiendas a la Ley de Prevención de la Competencia Desleal, para adecuar su legislación a la Convención. Las enmiendas entraron en vigor el 15 de febrero de 1999.
Las enmiendas establecen como delito el soborno a un funcionario extranjero.
Otras leyes, como el Código Penal, el de Prodecimiento Penal y el Comercial, contienen provisiones de importancia en torno de otros aspectos de la Convención.
"La Convención de OCDE es la herramienta más poderosa para alcanzar éxitos duraderos contra una plaga que devastó economías en todo el planeta", sostuvo Eigen.
La norma internacional, negociada y aprobada con una rapidez sin precedentes, convierte el soborno internacional en delito dentro del país de residencia de la empresa que lo paga a funcionarios de otro país.
La eficacia de la Convención depende de su aplicación en todos los grandes exportadores.
"Esto hace aun más desconcertante el hecho de que Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón estén retrasados respecto de sus socios en el G-7 en la implementación plena de la prohibición del soborno", sgregó Eigen.
Gran Bretaña emitió un documento en que se compromete a aprobar leyes definitivas. Pero Eigen observó que no entrarían en vigencia antes de las próximas elecciones generales, lo que ocurrirá dentro de años más que dentro de meses.
La legislación elaborada por el Parlamento en Italia fue enmendada en reiteradas ocasiones y aún resta la aprobación del Senado.
Transparencia Internacional deploró la escasez de recursos aportados por la OCDE para vigilar que sus países conviertan la Convención en leyes y que las apliquen.
"Parece increíble que, con 1.800 funcionarios, la OCDE no pueda encomendar a más de tres personas" la constatación del cumplimiento de la Convención, concluyó Eigen. (FIN/IPS/tra- en/raj/sm/ff-mj/ip/00
