La nueva legislatura de México es apremiada, aún antes de instalarse, a aprobar una propuesta de privatización del sector eléctrico como única vía para salvar una industria que sólo garantiza el suministro de energía hasta 2003.
Los legisladores que iniciarán un nuevo periodo en septiembre deberán apurar el paso para abrir el sector eléctrico a la inversión privada, ante la imposibilidad del gobierno de invertir 5.000 millones de dólares al año, advirtieron las empresas estatales del ramo.
"Con afirmaciones catastróficas, el gobierno pretende presionar al presidente electo del país, Vicente Fox, para que concrete la privatización de la industria eléctrica", declaró a IPS Mario Govea, coordinador de la Comisión Técnica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, insistió en la urgencia de que se permita a los capitales privados acudir al rescate de una industria que opera con el margen de reserva mas bajo en muchos años.
Desde febrero de 1998, acumula polvo un proyecto de reforma constitucional que prevé la apertura del sector con la garantía de que el Estado mantendrá el control de las redes de transmisión de electricidad.
El parlamento surgido en las urnas el día 2 deberá pronunciarse de inmediato sobre el futuro de la iniciativa para evitar que el gobierno distraiga recursos económicos de otros rubros prioritarios, como la educación o vivienda, señaló Ayub.
"El riesgo mayor que conlleva la privatización del sector no está en la venta de una infraestrcutura cuya vida últil terminó hace rato, sino en la pérdida de un importante mercado", destacó Govea.
"Los inversionistas privados sólo aspiran a acaparar un mercado cautivo que promete enormes utilidades, pues sólo el área central del país concentra 30 por ciento de la demanda total de electricidad" en el país, explicó el técnico del sindicato.
El sector eléctrico mexicano opera con un sistema interconectado a nivel nacional, dividido en ocho grandes áreas regionales a las que dan servicio la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC), ambas compañías estatales.
México es autosuficiente para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica, pues posee una capacidad instalada de 35.000 megavatios y la demanda máxima es de 23.000, lo que significa un margen de reserva de 12.000, explicó Govea.
El plan oficial consiste en impulsar el crecimiento del sector ponderando la generación a través de centrales de ciclo combinado operadas con gas, mientras se desaprovechan los caudales fluviales del sur del país al cancelar importantes proyectos hidroeléctricos, agregó.
Algunas proyecciones de empresas privadas señalan que el gas natural en México tiene grandes posibilidades para la generación de electricidad, de modo que en 2007 concentrará 48 por ciento de ese combustible.
"Las autoridades parecen no aprender de otras experiencias, como la de Chile, donde el año pasado una aguda sequía evidenció la falta de compromiso de las compañías privadas para diversificar las fuentes de generación", relató Govea.
En ese país sudamericano, las empresas que brindan el servicio eléctrico no cumplieron su promesa de corregir la dependencia exclusiva del sector en plantas hidroeléctricas, añadió el asesor del SME.
Aunque el próximo presidente de México aún no ha dicho con claridad sus planes para el futuro del sector, "su silencio da la impresión de que avala la iniciativa del actual presidente Ernesto Zedillo", subrayó Govea.
La dirección del SME, que representa a los 35.000 trabajadores activos y 11.000 jubilados de LFC, solicitó una audiencia con Fox, bajo la premisa de que el más combativo sindicato del país resistirá eventuales medidas privatizadoras, señaló el asesor.
Unas 140 organizaciones sociales, políticas, campesinas y estudiantiles que constituyen el Frente de Resistencia a la privatización eléctrica definirán en agosto los mecanismos para que la Comisión de Energéticos del parlamento considere su posición.
El SME advierte que los industriales privados "jamás llegan a invertir en gasto social, sino más bien a lanzarse sobre las utilidades. Así, lo primero que ocurriría con la privatización sería un brutal aumento de las tarifas".
En México, donde 95 por ciento de la población dispone de servicio eléctrico, todas las tarifas eléctricas están subsididas, desde las residenciales y de riego agrícola o servicios, hasta las comerciales o industriales, estas últimas en menor medida.
Otra posibilidad que los sindicalistas perciben como riesgo es la división del sistema eléctrico en áreas. En febrero del año pasado, una contingencia provocó la suspensión del servicio en tres estados del sur del país, pero el problema pudo ser superado en dos horas debido a la interconexión de las instalaciones.
Un problema similar dejó a la ciudad argentina de Buenos Aires sin electricidad durante 14 días, "ya que los sistemas privados acostumbran desenlazarse para que cada compañía proteja su servicio" por separado, explicó Govea.
Analistas destacan que Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), tendrá en el sector eléctrico una de las más grandes pruebas de su gestión. (FIN/IPS/pf/mj/dv en/00
