/Integración y Desarrollo/ ECONOMIA: Nicaragua clama por el perdón de su deuda externa

Nicaragua clama ahora más que nunca por el perdón de su deuda externa, que asciende a 6.300 millones de dólares, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaran la semana pasada que condonarán los adeudos de Honduras.

Sin embargo, expertos explicaron a IPS que el gran problema que afronta Nicaragua es que los trámites respectivos ante los organismos multilaterales se han estancado.

Las razones principales de este estancamiento son las denuncias de corrupción que afectan al gobierno de Arnoldo Alemán y la ausencia de una estrategia de reducción de la pobreza, uno de los requisitos básicos para acceder a este beneficio.

"Para Nicaragua es fundamental una reducción de la deuda, lo más grande y pronto posible", dijo a IPS Ricardo Zambrana, economista de la no gubernamental Coordinadora Civil para la Reconstrucción de Nicaragua.

Zambrana detalló que la deuda es un freno al desarrollo social nicaragüense y un problema de una gran magnitud, ya que en la actualidad es 12 veces mayor que la suma de las exportaciones de un año, que rondan los 525 millones de dólares.

"Es imposible que podamos pagarla y a la vez invertir en planes de desarrollo", añadió.

Esta situación se refleja en el hecho de que hoy 25 por ciento del presupuesto nacional se dedica al pago de la deuda, mientras que la educación recibe apenas 14 por ciento y la salud 11 por ciento.

El perdón económico al que aspira Nicaragua es el que otorga el FMI, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales a través de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés).

Este programa, que surgió en 1996, establece un proceso de tres etapas: primero el país debe ser declarado "elegible", después recibe el llamado "punto de decisión" y, por último, el aval denominado "punto de culminación".

Cada una de las etapas requiere una serie de requisitos y compromisos en el área de la reforma estructural de las naciones a beneficiar.

Hasta el momento sólo 41 países han sido declarados "elegibles", entre los cuales se encuentran tres de América Latina, que son Bolivia, Honduras y Nicaragua.

Los organismos multilaterales anunciaron el lunes 10 la inclusión de Honduras en la segunda etapa o "punto de decisión", que le permitirá reducir la deuda en 900 millones de dólares, casi la tercera parte del monto total de 3.100 millones de dólares.

"Definitivamente los hondureños han hecho las cosas mejor que nosotros", admitió el economista nicaragüense Néstor Avendaño, consultor de empresas privadas locales y de organizaciones internacionales.

Entre los requerimientos exigidos para ingresar a la segunda etapa de la iniciativa para los HIPC se cuenta la aplicación de un ajuste de la economía por tres años según un programa fijado por el FMI y la presentación de una plan de lucha contra la pobreza.

Avendaño afirmó que Nicaragua ha fallado en el segundo punto, pues el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, encargado de llevar adelante esa estrategia antipobreza, "no ha escuchado las recomendaciones de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil".

Sin embargo, las autoridades han restado importancia a estas críticas sobre ese requisito pendiente y señalan que es muy probable que ingresen a la segunda etapa de la iniciativa en septiembre, cuando el país sea evaluado por el FMI.

Para obtener "buenas calificaciones" en esa instancia, elido en las últimas semanas por un escándalo político, conocido como "los checazos", a raíz de denuncias que involucran a un funcionario en el presunto desvío de cheques con dineros públicos.

Los analistas c embargo, uno de los grandes problemas de Nicaragua es que está desprestigiada por la corrupción", aseguró a IPS Francisco Laines, ex presidente del Banco Central y analista político.

Es que el gobierno se ha visto sacudido en las últimas semanas por un escándalo político, conocido como "los checazos", a raíz de denuncias que involucran a un funcionario en el presunto desvío de cheques con dineros públicos.

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