Representantes del Parlamento Andino respaldaron el proceso de paz entre el gobierno de Colombia y los grupos insurgentes y se comprometieron a ayudar a fortalecer la seguridad en la región.
Los 25 parlamentarios que conforman el organismo de la Comunidad Andina (CA) aprobaron en la XVI Asamblea, que concluyó el viernes, una declaración de apoyo a los esfuerzos del gobierno de Andrés Pastrana y en rechazo a todas las formas de violencia que atentan contra la población civil.
El secretario general del Parlamento Andino, el ecuatoriano Rubén Vélez, dijo a IPS que la paz en Colombia debe ser una prioridad para el bloque, por lo cual propuso una moción que exprese "el compromiso político que como países hermanos debemos darle" a esta nación.
Vélez agregó que la paz colombiana "es un compromiso para los otros cuatro países de la CA, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, pues, en la medida en que se superen los conflictos nacionales", la región podrá mejorar sus condiciones de vida.
Por su parte, Marta Andia, diputada de Bolivia, dijo a IPS que su país apoya la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano "por medio de la conciliación".
Andia se manifestó dispuesta, al igual que sus pares, a colaborar con ese objetivo, a través de "un llamado a los gobiernos desde el área legislativa".
El delegado peruano Denis Vargas afirmó que el Parlamento Andino tiene que canalizar sus esfuerzos en busca "de aportes decididos para lograr la paz en Colombia, sin chocar con el principio internacional del no intervención".
No obstante, Vargas entiende que el apoyo al proceso de paz colombiano debe partir "de los pueblos", antes que del parlamento regional, "porque la seguridad es tan fundamental, que sin ella sería difícil avanzar en la integración".
El gobierno de Colombia comenzó en enero de 1999 las negociaciones de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país, y entabló contactos con el segundo grupo rebelde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En la ceremonia de apertura de las sesiones del Parlamento Andino, sus vicepresidentes Wilson Lora, de Bolivia, y Germás Astudillo, de Ecuador, se refirieron a los problemas comunes que afectan el desarrollo de la región y a la necesidad de instar a los gobiernos a dar cumplimiento a la Carta Social Andina.
La Carta, aprobada en febrero de 1999, establece compromisos para defender la democracia, los derechos humanos, la mujer, la infancia, la familia y las poblaciones indígenas.
También insta a los gobiernos a trabajar para la integración social y la erradicación de la pobreza, y mejorar la educación, la ciencia, la cultura, el trabajo y la conservación del ambiente.
Astudillo hizo un llamado a sus pares para que tengan en cuenta las conclusiones de un seminario sobre seguridad humana y democracia, que se llevó a cabo en Ecuador a comienzos de este año.
En esa instancia, expertos de los cinco países andinos consideraron que los problemas de pobreza y violencia que afronta la región son un impedimento para una real integración.
El vicerrector de la estatal Universidad Nacional, de Colombia, Alejo Vargas, advirtió allí de la posibilidad de que el conflicto armado de su país se extienda al resto de la región si no se alcanza la paz a corto plazo.
La exportación de la confrontación y la presencia de casi dos millones de personas desplazadas de sus hogares, que representan cuatro por ciento de la población colombiana, son algunos de los efectos a que se exponen los países limítrofes con Colombia.
Sin embargo, los expertos del seminario de Ecuador propusieron buscar una política común, "con énfasis en la seguridad humana", desechando planteos de sectores estadounidenses que instan a conformar una fuerza hemisférica para enfrentar eventuales riesgo derivados del conflicto colombiano,
En opinión de Astudillo, la coordinación de esta política común debería estar a cargo de la secretaría general del Parlamento Andino, para lo cual es necesario el fortalecimiento de esta institución.
El parlamento regional, creado en 1978, es autónomo y está integrado por 25 representantes de los cinco países miembros de la CA.
En la asamblea de Bogotá, que pasa a ser ahora sede permanente del Parlamento, se revisarán los avances de cada país en el proceso de elecciones directas de representantes, que deberá concluir en el 2002.
Los representantes harán también este jueves y viernes un estudio del Plan de Desarrollo Institucional y de la búsqueda de mecanismos que permitan que en el proceso de integración regional haya mayor participación de la sociedad civil. (FIN/IPS/yf/dm/ip/00
