España se mantiene entre los principales socios de Cuba, junto con Canadá e Italia, pese a las inquietudes que generó entre empresarios de ese país la decisión de La Habana de suspender algunos negocios en el sector inmobiliario.
El intercambio comercial, que en 1999 superó los 700 millones de dólares, es acompañado por un crecimiento del capital español asociado a empresas cubanas, al amparo de la ley de Inversiones Extranjeras de 1995.
A fines del año pasado se informó de la existencia en este país de 374 negocios de capital mixto en activo, 86 de ellos con empresarios españoles, para un total de recursos comprometidos de 4.300 millones de dólares.
España cuenta además en la isla con 213 firmas (27 por ciento del total) y con cuatro representaciones bancarias.
Sin embargo, el empresariado hispano pidió este mes a las autoridades cubanas mayor seguridad jurídica y claridad respecto de las normas legales vigentes, inquietud generada, al parecer, por la paralización de nuevos negocios inmobiliarios.
La preocupación fue elevada al propio presidente Fidel Castro, en el marco de una reunión de dos horas que éste mantuvo con una delegación española que el 7 de julio acordó la creación de tres nuevas empresas mixtas en la capital cubana.
Según fuentes españolas, Castro habría aclarado en ese encuentro que las relaciones con España son estratégicas y de "importancia vital", no sólo por los lazos culturales, sino por ser el primer inversor directo en la isla.
A su vez, el presidente de las Cámaras de Comercio de España, José Manuel Fernández Norniella, expresó en ese contacto el deseo de los empresarios de seguir apostando e invirtiendo en Cuba.
Sin embargo, agregó que, "si queremos hacer un largo camino juntos, es imprescindible que el inversor se sienta seguro".
Fernández Norniella encabezó la amplia delegación asistente a la décima sesión del Comité Hipano-Cubano de Cooperación Empresarial, en cuyo contexto quedaron constituidas dos firmas del sector aeronáutico y se suscribió un acuerdo para construir una fábrica de cemento en la oriental ciudad de Santiago de Cuba.
Esa ciudad, situada a más de 900 kilómetros de La Habana, es estratégica para el movimiento comercial con el Caribe, región con la cual Cuba mantiene estrechas relaciones.
Además de tranquilizar a sus socios de España, que en la primera quincena de julio acordaron en La Habana nuevas inversiones, las autoridades cubanas rompieron el silencio oficial sobre el tema de las inmobiliarias y aclararon que no hay cambios en la política hacia el capital externo.
Según el semanario especializado Opciones, el negocio inmobiliario "entró en fase de consolidación" y la decisión oficial, de no constituir nuevas empresas mixtas en ese sector, "de ninguna manera" significa un retroceso del proceso inversionista.
Opciones, citando fuentes del ministerio cubano para las Inversiones Extranjeras, señaló que la medida responde a la necesidad de "hacer un alto en el camino" para "un estudio exhaustivo de los proyectos inmobiliarios" y las perspectivas de futuros negocios.
La suspensión no afecta a las 17 entidades con capital mixto, varias de ellas de inversiones españolas, ya contratadas en el sector de bienes raíces y comprometidas en la construcción de 2.300 apartamentos, una parte ya comercializados, otros en edificación y algunos a punto de iniciarse la construcción.
"Cuba respeta sus compromisos", afirmaron funcionarios del ministerio para las Inversiones Extranjeras, quienes aclararon además que, de ese total de viviendas autorizadas, 500 fueron vendidos o comprometidos a extranjeros.
El resto será comprado a "precio de mercado" por empresas estatales cubanas para alquilarlos a ciudadanos de diversas nacionalidades asociados con la isla, a quienes se les hace difícil encontrar una vivienda adecuada en la capital.
Esas fuentes aclararon, además, que no se aceptarán nuevas empresas inmobiliarias en La Habana, pero sí en otros lugares de la isla y, de hecho, se estudian proyectos en al menos tres nuevos puntos del país.
El gobierno considera la inversión extranjera "un complemento" en sus esfuerzos por desarrollar el país, sometido desde comienzos de los años 90 a la peor crisis económica del último medio siglo, y ha descartado cualquier avance hacia la privatización de la economía.
La Ley de Inversiones Extranjeras admitió el capital extranjero en inmuebles para viviendas u oficinas, pero dejó cualquier especificación sobre el régimen de la propiedad para la futura ley de Bienes Raíces, que al parecer falta aún mucho para ser aprobada.
Economistas cubanos presumen que la demora en promulgar esa norma se debe, entre otras cosas, a temas como el de las herencias, los compradores naturales y por nacionalidad y a la necesidad de modificar aspectos migratorios relacionados con la entrada y salida de los compradores. (FIN/IPS/pg/dm/if/00
