El presidente electo de República Dominicana, Hipólito Mejía, discutirá a fines de este mes con el presidente de Haití, René Preval, una matanza de inmigrantes ilegales haitianos en República Dominicana, que agravó tensiones entre ambos países.
El 19 de junio, seis haitianos fueron muertos y otros 26 resultaron heridos por soldados dominicanos en Guayabon, al noreste de República Dominiana.
La agenda de la reunión entre Mejía y Preval incluirá el maltrato de haitianos en República Dominicana, en el marco de un intento de mejorar las relaciones entre ambas naciones, que comparten una frontera de casi 300 kilómetros.
La historia de las relaciones entre los dos países está llena de incidentes de brutalidad, en especial contra haitianos. En 1937, por ejemplo, el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo fue responsable de la masacre de 30.000 haitianos.
Aquel episodio marcó el tono para el tratamiento que reciben los inmigrantes ilegales haitianos en el próspero país vecino, pero muchas personas aun cruzan la frontera para buscar trabajo.
La situación de los haitianos en República Dominicana empeoró tras la caída en Haití de la dictadura de François "Baby Doc" Duvalier, en 1985. Ese acontecimiento puso fin a un programa mediante el cual 40.000 haitianos tenían autorización para trabajar como cortadores de caña de azúcar en el país vecino.
En 1991, las tensiones entre los dos países aumentaron y terminaron en una ola de deportaciones ordenadas por el gobierno dominicano.
Sin embargo, las repatriaciones periódicas y el tratamiento inhumano no han disuadido a los haitianos que buscan trabajo y recurren a organizaciones de contrabando humano para ingresar en forma ilegal a República Dominica.
Esas organizaciones, integradas por haitianos y dominicanos, operan sin disimulo en los pasos de frontera de Malpasse-Jimani, en el sur, y Ouanaminthe-Dajabon en el norte, ante la pasividad de los soldados dominicanos, y también en el interior de Haití.
"Los contrabandistas se benefician con la complicidad de los soldados dominicanos, que cobran 50, 75 o más dólares por persona para permitir ingresos ilegales", aseguró Marionne Benoit, coordinadora de la Coalición Nacional de Derechos de los Haitianos.
El precio depende del potencial laboral de cada inmigrante, y "los haitianos pobres pagan con la intención de trabajar en territorio dominicano para los propietarios de 'bateye', plantaciones de caña de azúcar", apuntó.
El ingreso ilegal a menudo cuesta la vida a los inmigrantes, en especial cuando los contrabandistas tratan de eludir el pago los guardias fronterizos, quienes suelen apalear a los indocumentados o disparar contra ellos por cualquier motivo.
La versión de las fuerzas armadas dominicanas sobre lo ocurrido el 19 de junio es que funcionarios del servicio de inteligencia seguían a un camión similar a los que se usan para introducir drogas desde Haití, y abrieron fuego contra el vehículo porque no obedeció la orden de detenerse.
Según otras versiones, el camión que transportaba a los inmigrantes ilegales pertenece al gobernador de la provincia nororiental dominicana de Monte Cristi.
El actual presidente dominicano, Leonel Fernández, aseguró la semana pasada a Preval que se llevaría a cabo una investigación oficial del incidente.
El coordinador asistente de la Oficina Nacional de Migraciones (ONM) de Haití, Lovensky Pierre Antoine, dijo a IPS que unos 500 haitianos cruzan la frontera cada día con la ayuda de contrabandistas y la complicidad de soldados dominicanos.
Quienes cruzan así la frontera son en su mayoría campesinos muy pobres, que no podrían obtener documentos de identificación del Servicio Nacional de Migraciones ni cumplir otros requisitos para ingresar en forma legal a República Dominicana.
Activistas humanitarios haitianos afirmaron que los problemas de sus compatriotas para ingresar a República Dominicana y vivir allí son causados por la pasividad de sucesivos gobiernos de Haití.
Las familias de los asesinados en Guayabon dijeron que el encargado de negocios haitiano en Santo Domingo, André Dalton, fue abordado allí por integrantes de la comunidad haitiana, y arguyó que no podía hacer nada sin órdenes expresas desde Puerto Príncipe.
"La irresponsabilidad de los representantes diplomáticos haitianos en el exterior permite a menudo que nuestros compatriotas sean maltratados, humillados y obligados a sobrevvir sin ayuda", dijo Benoit.
En República Dominicana y Bahamas, los haitianos no son considerados seres humanos y se les niega incluso el derecho a ser escuchados por las autoridades, enfatizó.
Tras el incidente de Guayabon, cinco grupos humanitarios haitianos publicaron una carta abierta a Preval, en la cual le pidieron que condenara en forma pública "ese crimen ignominioso" y demandara justicia y reparaciones para las víctimas y sus familias.
Las organizaciones firmantes señalaron que el silencio por parte de las autoridades haitianas contribuye a que los inmigrantes haitianos en República Dominicana sean considerados como apátridas sin apoyo de su país, y crea condiciones favorables para matanzas similares. (FIN/IPS/tra-eng/imc-fo/zs/da/ego/mp/hd ip/00)
