El nuevo gobierno de Guatemala revisará las privatizaciones realizadas por su predecesor, en especial la venta de la mayoría de acciones de la firma de telecomunicaciones Guatel al consorcio encabezado por la empresa mexicana Telmex, en 700 millones de dólares.
La administración de Alfonso Portillo, quien asumió en enero, examinará también el proceso de enajenación de la distribución de energía eléctrica, del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) y de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) llevado a cabo por el presidente de Alvaro Arzú (1996-2000).
"El gobierno anterior aplicó las leyes de acuerdo con sus intereses y eso no lo vamos a permitir", explicó a IPS Luis Mijangos, secretario general de la presidencia de Guatemala.
Mijangos anunció que el gobierno de Portillo estudiará los procesos de privatización y sostuvo que si encuentran anomalías y violaciones a la legalidad "podrían pasar muchas cosas", entre ellas revertir los procesos de venta.
El funcionario detalló que harán un estudio minucioso para determinar si las negociaciones de privatización, llamadas también el "proceso de desincorporación", se realizaron con transparencia.
Analistas consultados explicaron que este mensaje podría satisfacer a la población en general, que entiende que el proceso no fue del todo claro, pero también podría provocar desconfianza entre los inversores extranjeros.
Mijangos ya había sorprendido a expertos locales y extranjeros cuando el 12 de junio dio a conocer, junto con el vicepresidente Juan Francisco Reyes, un documento en el que declaró "lesiva contra los intereses del Estado" la privatización de la empresa Guatel, llamada Telgua desde que están en mano de privados.
El gobierno de Portillo tendrá tres meses para presentar las pruebas que demuestren la ilegalidad del proceso y sus pretensiones de arreglo, que podrían ir desde renegociar la venta hasta revertir el negocio.
Mijangos no quiso adelantar los argumentos que presentarán como descargo, pues "sería poner sus cartas sobre la mesa", y eso sólo lo harán a su debido tiempo.
La privatización de Guatel consistió en la venta del 51 por ciento de su capital accionario al consorcio Luca, conformado por Télmex (Teléfonos de México) y empresarios guatemaltecos y hondureños, en una transacción que ascendió a 700 millones de dólares.
"La revisión de la enajenación de las telecomunicaciones sería un muy buen paso, pues fue un proceso en el que hubo muchas dudas", aseguró a IPS Factor Méndez, director del Centro de Investigación, Estudios y Promoción de los Derechos Humanos en Guatemala.
Méndez comentó que esta privatización no ha traído beneficios al pueblo guatemalteco, pues las tarifas se han elevado notoriamente y, con ello, se demuestra que el paso de empresas públicas que son rentables a manos privadas se convierte en un atentado a la soberanía.
El experto agregó que en el proceso privatizador hubo una cortina de humo para despistar la participación del empresario mexicano Angel González, quien ya es dueño de las principales radios guatemaltecas y de los canales de televisión 3, 7, 11 y 13.
La declaración que proclama la lesividad de la privatización de las telecomunicaciones establece que el Ministerio Público podría dictaminar medidas precautorias, como el arraigo y el embargo de bienes de los funcionarios del gobierno de Arzú responsables del proceso.
El alcalde de la ciudad de Guatemala, Carlos García-Regás, ha asegurado que, al declarar lesiva la venta de Guatel, el gobierno de Portillo cumple con una promesa de campaña, pero con ello ahuyenta la inversión extranjera y pone en riesgo las fuentes de trabajo.
La referencia es al notable incremento de la inversión extranjera directa en Guatemala ocurrido en el período en que se realizaron las privatizaciones, que pasó de 77 millones de dólares en 1996 a 600 millones de dólares en 1998.
La economista Anahí Herrera, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, coincidió con García-Regás al señalar a IPS que el gobierno de Portillo aprovecha la coyuntura para enviar un claro mensaje político.
Herrera dijo a IPS que en ese mensaje, el gobierno le dice al pueblo que es él quien le devolverá lo que le pertenecía, las empresas que fueron privatizadas.
Entre las firmas estatales que fueron vendidas se cuentan también la Empresa Eléctrica de Guatemala, el Instituto Nacional de Electrificación, el Indeca y Fegua. (FIN/IPS/nms/dm/ip if/00
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