La estricta aplicación de la ley asegura los comicios de este domingo en México contra la coacción y la compra de votos, aunque la pobreza de ciertas áreas es "caldo de cultivo" para la manipulación de las necesidades de la gente, admitió la principal autoridad electoral de este país.
La infraestructura electoral mexicana pretende convertir los próximos comicios presidenciales en los más limpios y transparentes de la historia del país.
"Están puestos los candados para que nadie pueda" cometer fraude en esta jornada "de pronóstico reservado", declaró el presidente del Instituto Federal Elecdtoral (IFE), José Woldenberg.
El gobierno saliente se proclama promotor de la consagración en México de la democracia plena, mientras transcurre la campaña hacia las elecciones presidenciales más reñidas en la historia del país y en la que por primera vez en 70 años podría resultar derrotado el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El presidente Ernesto Zedillo, quien entregará el poder el primero de diciembre, invirtió en su gestión 1.200 millones de dólares para construir un aparato electoral confiable.
Zedillo asegura que será el primer jefe de gobierno que no designó a su sucesor, una prerrogativa que ejercieron sin falta sus antecesores presidentes y correligionarios del PRI desde la década del 40.
Pero la legalidad que rige la actual campaña electoral respondió, en realidad, al impulso de los partidos opositores en el marco de un gran acuerdo político con gobierno y ciudadanos para ajustar las leyes en la materia, dijo a IPS Ricardo Espinosa, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
La reformas que dieron como resultado un IFE plenamente autónomo del Poder Ejecutivo comenzaron a gestarse desde la década del 70, explicó Espinosa.
"Lo que estuvo en el centro del litigio político desde entonces fue la desconfianza sobre la transparencia del proceso electoral", destacó el investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana.
En México, gobernado desde 1929 por el PRI, 11 por ciento de los casi 100 millones de mexicanos está convencido de que es posible saber por quién votó cada ciudadano, según un informe de la no gubernamental Alianza Cívica.
Ese mismo porcentaje considera que puede ser sujeto de represalias por su sufragio, y se eleva a 16 por ciento en la población pobre y marginada. Ocho por ciento de los ciudadanos desconoce que su voto es libre y secreto.
De un total de 59,5 millones de electores mexicanos, 51,8 por ciento son mujeres y 49,41 por ciento son menores de 35 años.
En la batalla por la Presidencia, el PRI comenzó a enfrentarse con una competencia real a partir de 1988, cuando sufrió la primera escisión interna por parte de un grupo de destacados militantes que había reclamado la democratización del partido.
Pero es en la actual contienda presidencial que el partido con más años en el poder en el mundo acude a las urnas, según las encuestas, empatado con la principal fuerza de oposición, el conservador Partido Acción Nacional (PAN).
El fantasma de antiguas prácticas que garantizaron la victoria al partido gobernante y elevaron a la categoría de ley el dicho popular según el cual "el PRI, cuando no gana, arrebata", ensombrecen aún los esfuerzos a favor de comicios limpios.
Los candidatos del PAN, Vicente Fox, y del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, denuncian el supuesto uso de recursos públicos y presiones por parte del PRI para allegarse votos.
Con las advertencias de Fox y Cárdenas en el sentido de que desconocerían los resultados de las elecciones si estiman que ésta no es limpia, "el PAN y el PRD desvirtúan el largo proceso que condujo a ofrecer certezas en el campo electoral", dijo Espinosa.
Entre los años 40 y 80, el Ejecutivo organizó las elecciones en el país y se enfrentó con una oposición débil. "Ahora la situación cambió de manera espectacular y los candidatos deben hacer valer la legalidad", señaló Espinosa, experto en legislación electoral.
"El IFE es la herramienta más firme para garantizar la legalidad del proceso", por lo cual los candidatos deben "aprovechar y fortalecer, en vez de golpear, al órgano con capacidad para frenar los excesos del poder político", dijo.
Los tiempos en que la oposición competía contra un partido respaldado por la administración pública "quedaron atrás. Es momento ahora de que los candados al fraude sean reforzados por quienes contribuyeron a construirlos", afirmó Espinosa.
El IFE proclama que México fue dotado de un padrón electoral confiable, cuya calidad supera al de Estados Unidos y al de Canadá al cubrir 93,8 por ciento de la población adulta, contra 55 y 89,9 por ciento de esos países.
Al cumplir con los requisitos de seguridad y fruto de la participación de ciudadanos, autoridades y partidos, el padrón es la mayor conquista emanada de la lucha por la credibilidad en los procesos electorales en el país, sostuvo el IFE.
Hasta los comicios de 1994, el padrón era severamente cuestionado por incluir en sus listas un gran número de ciudadanos sin credencial, y muchos con más de una, así como fallecidos.
En un intenso proceso de depuración del padrón, en los últimos tres años el IFE atendió a ms de 40 millones de mexicanos, 20,7 millones de los cuales solicitaron un cambio para actualizar su situación. (FIN/IPS/pf/mj/ip/00
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