El derrumbe de un asentamiento precario en la superpoblada ciudad india de Mumbai, donde murieron decenas de personas, expuso la falta de una política de vivienda adecuada para decenas de millones de residentes urbanos pobres.
Los barrios ilegales de las grandes ciudades de India se han transformado en trampas mortales, pero son la única opción para muchos a falta de una política de reubicación.
Centenas de viviendas precarias construidas sobre una colina en el suburbio de Ghatkopar, Mumbai, se derrumbaron la semana pasada debido a un deslizamiento de tierra.
Durante años, las autoridades municipales habían distribuido volantes en Ghatkopar advirtiendo sobre posibles deslizamientos en las colinas, pero no ofrecieron a la gente otro lugar más seguro. Por el contrario, la población del asentamiento creció más y más con los años.
Los críticos acusan al gobierno de no reubicar a los habitantes de esas viviendas por temor a perder sus votos, ya que constituyen una proporción apreciable de la población urbana de India.
Los residentes de barrios precarios se resisten a la reubicación porque las viviendas que se les ofrecen no satisfacen sus necesidades, según los críticos.
Solo en Mumbai, más de cinco millones de indios viven en viviendas ilegales, casi el mismo número que en Calcuta, mientras en Nueva Delhi se estima que hay unas 600.000 familias en esas condiciones.
Según el Instituto Nacional de Asuntos Urbanos, casi 30 millones de indios vivirán en asentamientos precarios en el año 2001.
El desastre de Ghatkopar ocurrió mientras tenía lugar un debate sobre un proyecto de política nacional sobre barrios ilegales preparado por el gobierno de Atal Bihari Vajpayee.
Las pautas propuestas promovían la eliminación de todos los asentamientos "insostenibles", pero dejaban la definición de este término sujeta a la conveniencia política.
El ministro de Desarrollo Urbano, Jagmohan, puso en práctica las pausas y envió motoniveladoras a algunos barrios precarios de Nueva Delhi, tras solicitar a sus residentes que se mudaran a nuevas viviendas en lugares sugeridos por el gobierno.
Entre los opositores a las medidas de Jagmohan se cuenta el ex primer ministro Vishwanath Pratap Singh.
Singh y los partidarios de su Foro de Conciencia del Pueblo se sentaron frente a las motoniveladoras y exigieron que se concediera a los residentes derecho de tenencia sobre sus actuales viviendas.
Sin embargo, los habitantes de los asentamientos ilegales deben elegir entre la expulsión o seguir arriesgando su salud y su vida, ya que esos barrios son propensos a la transmisión de enfermedades, incendios, inundaciones y deslizamientos.
"Desafortunadamente, impedir las expulsiones no logra viviendas decentes. No es el desalojo de esos barrios lo que viola el derecho a una vivienda digna, sino las condiciones que obligaron a esas personas a establecerse en ellos", comentó Gita Dewan Verma, ex consultora del gobierno sobre asuntos de vivienda.
La presencia de alcantarillas abiertas en asentamientos precarios de Shakarpur, en el este de la capital, causó un brote de poliomielitis el año pasado, pese a los aclamados esfuerzos de India por erradicar la enfermedad mediante una masiva campaña de inmunización.
El barrio ilegal de Wazirpur, en el norte de Nueva Delhi, donde el ex primer ministro Singh detuvo las motoniveladoras de Jagmohan, está situado peligrosamente cerca de una vía férrea usada regularmente para transporte de material altamente inflamable.
La concesión de derechos de tenencia y de viviendas al mismo tiempo no siempre es práctica y podría estimular la ocupación de terrenos públicos, advirtió Verma, que trabaja en el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional.
No obstante, las condiciones de vida en las colonias donde se reubicaron antiguos residentes de barrios ilegales no son mejores que las de sus casas originales.
La enorme mayoría de las 5.000 personas que fueron trasladadas por orden del ministro Jagmohan a Narela, unos 40 kilómetros al este del centro de Nueva Delhi, no están contentas con su nueva vida.
"Tenemos que gastar al menos la mitad de nuestros ingresos en el transporte para ir a trabajar", lamentó Mohamed Salim, uno de los reubicados.
Además, el reasentamiento alteró la educación de unos 5.000 niños, que ya no tienen la escuela cerca de su casa.
Lo más semejante a una escuela en Narela es un cartel que dice "sitio para la construcción de una escuela", similar a otro que dice "sitio para un centro de salud".
El año pasado, unas 6.000 familias residentes en asentamientos ilegales en la capital fueron trasladadas a otros sitios similares.
"El problema no es la escasez de fondos o de tierra. Es solo falta de voluntad para trabajar por el bienestar de esa gente", afirmó Anil Laul, una planificadora urbana.
Laul culpó a las autoridades y a los políticos por haber creado el problema.
"Los barrios precarios no surgen de la noche a la mañana. En Nueva Delhi, ocupan más de 3.200 hectáreas y tienen cuatro millones de personas en ellos, y esto no pudo haber ocurrido sin conocimiento de las autoridades", agregó. (FIN/IPS/tra-en/rdr/mu/mlm/dv/00
