Familiares y amigos de las 86 víctimas del atentado en 1994 contra una asociación mutual judía en la capital argentina han formado ya un eslabón más de la larga cadena de agrupaciones nacidas para reclamar una justicia que parece inalcanzable.
Este martes, en el aniversario de la voladura de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), familiares y amigos de los muertos se identificaron con los grupos de derechos humanos surgidos durante la última dictadura (1976-1983), que siguen multiplicándose.
Por primera vez un presidente, Fernando de la Rúa, asistió al homenaje. De la Rúa, que asumió en diciembre, se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para investigar el atentado, pero no pudo disipar el escepticismo causado por la falta de apoyo de su predecesor, Carlos Menem, a los familiares de las víctimas.
"El gobierno de Menem (1989-1999) no hizo nada, se burló de nuestros muertos", afirmó este martes en la nueva sede de la AMIA el padre de una de las víctimas, Mario Averbuch. El presidente de la asociación mutual, Hugo Ostrower, reclamó a De la Rúa el esclarecimiento de la masacre.
"Exigimos al Estado un compromiso con la verdad, para perseguir a asesinos y encubridores de esta masacre", exhortó Ostrower. "Exigimos que no haya más tolerancia con los intolerantes, que se garantice que se llegará a conocer la verdad", añadió el dirigente ante De la Rúa.
La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú advirtió durante el acto que "los pueblos que carecen de justicia no pueden dejar de vivir en la impunidad". Y pidió que lo ocurrido en la AMIA no pase "nunca más", citando la consigna con que se combatió contra la dictadura militar en los años 80.
También el rabino Sergio Berman apeló a una consigna de quienes combatieron el régimen militar. Pidió "juicio y castigo" para los responsables de la masacre de la AMIA y para quienes "no investigaron como debieron hacerlo". El mismo "juicio y castigo" que siguen exigiendo familiares de los desaparecidos.
La investigación por el ataque a la AMIA, que tendrá su juicio oral en 2001, idntificó hasta ahora entre los partícipes primarios a seis ex oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires, que habrían colaborado para conseguir el vehículo que se hizo estallar con explosivos contra el edificio.
Pero las irregularidades y complicidades de la larga investigación, los casos de encubrimiento, destrucción de pruebas y abandono deliberado de pistas, hicieron perder la esperanza a muchos familiares de los muertos. Incluso hubo este martes pedidos para que sea separado el juez que interviene en la causa.
"Yo ahora sólo espero la justicia divina", lamentó una sobreviviente de la AMIA, la secretaria del presidente de la asociación, que recordó los gritos de otros supervivientes, que vieron morir allí a familiares y amigos, mientras creían que se trataba de la explosión de una caldera.
"Por el atentado, hay barriles de cemento frente a las instituciones de la comunidad judía, y si esto no se esclarece, una parte de la sociedad deberá amurallarse, y después otra y otra hasta que todos quedemos encerrados", advirtió Diana Malamud, esposa de un arquitecto que murió en el ataque.
Malamud se refirió a los toneles de cemento levantados frente a sedes de la colectividad judía desde el atentado de 1994 para impedir eventuales ataques con coches bomba. La colectividad judía de Argentina es la más numerosa de América latina y la segunda del mundo si se considera como primera a la que vive en Estados Unidos.
Malamud habló el lunes en un acto que, a diferencia del de este martes, fecha del aniversario, no contó con la presencia de autoridades del gobierno, aunque asistieron varias organizaciones de derechos humanos que luchan contra otras impunidades.
"Lo que ocurrió en la AMIA y lo que ocurrió durante la dictadura militar nos afecta a todos", señaló en ese acto el premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Perez Esquivel, presidente de la organización humanitaria Servicio de Paz y Justicia.
Allí estaban las Madres de Plaza de Mayo, que reclaman por hijos desaparecidos hace 24 años, Abuelas de Plaza de Mayo, que buscan a niñas y niños secuestrados, y representantes de Hijos, la organización que nuclea a los hijos de desaparecidos, y de Familiares de Detenidos y Desaparecidos.
La presidenta de Abuelas, Estela Carlotto, sostuvo que los desaparecidos de la dictadura y las víctimas de la AMIA unifican la tarea de los organismos. "Mientras juntemos las manos y aunemos nuestro grito, mientras escribamos el mismo himno con distintas voces, vamos a romper con la impunidad", se esperanzó.
Por su parte, Marta Dillon, de la agrupación Hijos, lamentó que la impunidad crezca, y dijo que cada día que no se encuentra a los responsables del ataque contra la AMIA, y cada día que los familiares se topan por la calle con agentes de la dictadura que están en libertad, no hace más que crecer la impunidad.
"Muchas veces las luchas fueron fragmentadas, hoy estamos todos juntos y sabemos que la justicia que pedimos no tiene que ver con las pruebas que se junten, sino con la voluntad política de esclarecimiento", afirmó Dillon.
Las causas por el esclarecimiento de la verdad sobre los desaparecidos y la investigación del destino de los menores secuestrados están en riesgo de tener un abrupto final, por un pedido de la Corte Suprema de Justicia.
Los miembros de las juntas militares responsables de la represión ilegal fueron procesados y condenados y luego indultados. Y los oficiales y suboficiales que intervinieron directamente en la represión fueron liberados de proceso por las leyes de obediencia debida y punto final.
Pero, además de las organizaciones creadas para pedir justicia por las víctimas de la dictadura, también se cuenta el caso de familiares de víctimas de la represión policial en tiempos de democracia, que se nuclearon en dos agrupaciones-.
Desde la recuperación de la democracia en 1983, la policía ha matado a más de 400 personas inermes, y los dirigentes de estas organizaciones -casi todos familiares de víctimas- señalan que esos hechos son un subproducto de la impunidad de la dictadura.
En ese nuevo elenco de organizaciones se insertó ahora Memoria Activa. Se trata de un grupo de familiares de víctimas de la AMIA que se reúnen todos los lunes frente al palacio de Justicia para pedir el esclarecimiento del atentado.
Memoria Activa tiene una posición frontal ante el gobierno y la justicia y ante los dirigentes de la colectividad judía.
Este sector cuestionó el lunes la decisión tomada por De la Rúa al asumir la Presidencia de crear un grupo de elite para investigar el caso y el envío al Congreso de una iniciativa para proteger a los "arrepentidos" que brinden información a la justicia.
Memoria Activa también acusó a los ministros de Justicia e Interior de intentar acallarla.
Así mismo, se cuenta la agrupación Familiares y Amigos Autoconvocados de los muertos de la AMIA, una asociación cercana a las autoridades de la mutual y de los líderes de la colectividad judía, que algunas veces fueron cuestionados por haberse aproximado más al gobierno de Menem que a los parientes de las víctimas.
El ataque que voló la AMIA fue perpetrado menos de dos años después de otro atentado, que destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires. El edificio de la AMIA fue derribado en la mañana del 18 de julio de 1994 en poco más de un minuto y hubo 300 heridos, además de los 86 muertos.
La justicia federal inició entonces una investigación con varias pistas. Las hipótesis que más se profundizaron sugirieron la presencia de un autor intelectual vinculado a alguna organización terrorista islámica financiada por el gobierno de Irán y con apoyo de civiles, policías y militares argentinos.
"Un año más que pasa y seguimos combatiendo con la palabra, nuestra única arma", dijo este martes Averbuch, padre de una de las víctimas. "Un año más que la impunidad le gana a la vida", agregó, y recordó la muerte de un niño de cinco años: "Sebastián lleva más años de muerto que lo que tuvo de vida", lamentó.
"Los Familiares y Amigos de las víctimas autoconvocados llevamos seis años de lucha para conseguir justicia sin banderas políticas o partidarias, pero estos malditos terroristas y la maldita conexión local que colaboró con sus planes llevan seis años de impunidad", agregó.
Aquel niño, que pasaba caminando junto a su madre por la puerta de la AMIA en el momento del atentado, se transformó en un símbolo del reclamo de los familiares de las víctimas. (FIN/IPS/mv/ff/hd/00
