Los 15 países de la Unión Europea (UE), seis latinoamericanos, Estados Unidos, Japón y Canadá, y organismos internacionales resolvieron hoy crear un comité para apoyar la paz en Colombia y aportar mil millones de dólares para financiar proyectos de desarrollo en ese país.
La reunión, convocada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la activa participación de su presidente, Enrique Iglesias, para analizar el Plan Colombia, generó el apoyo de los gobiernos -con algunas reservas- y críticas de organizaciones no gubernamentales (ONG) colombianas e internacionales.
Las conversaciones giran en torno del Plan Colombia, y la principal discrepancia se manifiesta en determinar si en ese plan predominan la alternativa militar, de represión a la guerrilla, o un impulso serio al desarrollo económico y social.
El Plan, diseñado por el gobierno de Andrés Pastrana y que prevé una inversión de 7.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 serán aportados por Colombia, recibió el compromiso de apoyo de Estados Unidos por 1.300 millones de dólares.
Según 65 ONG que se reunieron el miércoles en Madrid, el 70 por ciento de ese apoyo estadounidense se destinará a incrementar la guerra, pues contempla un gasto de 705 millones para armar batallones antinarcóticos y helicópteros, 410 millones para control aéreo, marítimo y fluvial, y 205 para la policía nacional y fuerzas navales colombianas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Guillermo Fernández, rechazó esa apreciación este viernes en rueda de prensa y señaló que la mayor parte del aporte de Estados Unidos que las ONG entienden se destinará a incrementar la guerra lo será, en realidad, para combatir al narcotráfico.
Pero las diferencias no sólo se dan entre el gobierno colombiano y las ONG. Según pudo saber IPS de participantes en la reunión realizada en Madrid, mientras España, Gran Bretaña e Irlanda apoyan plenamente el Plan Colombia, Alemania, Francia y Holanda muestran reticencias, precisamente por la implicación militar estadounidense.
Al comenzar la reunión en la mañana de este viernes, el canciller español, Joseph Piqué, informó que su país aportará cien millones de dólares, en tanto que Iglesias anunció que el BID contribuirá con 300 millones.
Otros cien millones los donará Japón, 200 adicionales Estados Unidos y el resto será proporcionado por otros países de la UE, en cantidades que serán determinadas más adelante.
El Comité de Seguimiento del Plan Colombia, que se acordó constituir, lo integrarán en principio España, Gran Bretaña, Japón y Canadá, y se podrán agregar otros países a medida que comprometan sus aportes.
El narcotráfico ocupó gran parte del tiempo de la reunión y, en especial, en las comparecencias públicas de los participantes.
Las ONG, representadas en la reunión de los donantes, rechazan la eliminación de cultivos por fumigación, aplicación de hongos y otras medidas coercitivas, por entender que los campesinos que cultivan hojas de coca lo hacen por necesidad, para subsistir.
El ex canciller colombiano Augusto Ramírez Ocampo dijo a IPS, coincidiendo en gran medida con las ONG, que la política de sustitución de la coca por otros cultivos es ineficaz, como también lo es la fumigación.
En primer lugar, señaló, porque en las tierras donde se cultiva la coca no hay productos que puedan competir con ella en productividad. "De lo que se trata es de sustituir tierras, ofrecer a los campesinos otras en las que puedan cultivar productos que les resulten económicos", dijo.
En el Plan Colombia, añadió, hay proyectos específicos en ese sentido, para cultivos de palma de aceite, cacao y reforestación, con el fin de ofrecer a los "raspachines" (cultivadores de coca) alternativas viables y concretas.
Iglesias, quien respalda las negociaciones de paz entre los grupos guerrilleros y el gobierno colombiano, sostuvo que "la solución de fondo va más allá que el cese del fuego y se centra en cuestiones económicas y sociales, con la justicia como punto central".
Los representantes de los gobiernos reunidos en Madrid, incluyo aquellos que muestran su oposición o reticencia al aspecto militar impuesto por Estados Unidos en el Plan Colombia, entienden que, en todo caso, es un tema que depende de las autoridades colombianas.
En cambio José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, una ONG de defensa de los derechos humanos radicada en Estados Unidos, se pronunció con claridad en contra de esa implicación militar.
Una cláusula incorporada a último momento en el Congreso de Estados Unidos en la ley que aprueba su aporte al Plan Colombia, establece que en cualquier momento, "por motivos de interés nacional (estadounidense)" Washington podrá suspender la aplicación de los condicionamientos sobre derechos humanos.
Eso significa, explicó Vivanco, que dejaría reducido el Plan Colombia "a un puro asunto de ayuda militar, transformando en letra muerta todo lo referente a los derechos humanos".
Si así ocurriera, "habría una ayuda militar sin restricciones a Colombia, a pesar de que existen antecedentes sobre los lazos de fuerzas colombianas militares con los paramilitares, que son la principal fuente de violaciones masivas y graves a los derechos humanos". (FIN/IPS/td/ag/ip hd/00
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