La Conferencia Episcopal de Chile llamó hoy a la ciudadanía a participar en un "gran esfuerzo nacional" para encontrar los restos de unos 1.200 desaparecidos, al entrar en vigencia la ley que ampara en el secreto profesional a quienes entreguen informes con ese fin.
La ley, aprobada en tiempo récord por el Parlamento hace dos semanas y promulgada de inmediato por el presidente Ricardo Lagos, fue publicada este jueves en el Diario Oficial, luego de que el Tribunal Constitucional ratificara que no contradice la carta fundamental.
La norma establece que las iglesias y grupos religiosos con personería jurídica, la Masonería, la organización judía B'nai B'rith, las tres fuerzas militares y la policía de Carabineros recibirán confidencialmente informes sobre la suerte de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973- 1990).
El artículo único de la ley determina que quienes reciban la información están obligados a mantener reserva únicamente sobre el nombre del informante y otros antecedentes que permitieran identificarlo, y establece sanciones penales si se viola esta obligación, similar al llamado secreto profesional.
La fórmula surgió del acuerdo que el 13 de junio se suscribió en una mesa de diálogo sobre derechos humanos instalada en agosto de 1999, que tuvo la característica, inédita hasta entonces, de sentar en un diálogo a representantes oficiales de las Fuerzas Armadas con abogados defensores de víctimas de la represión.
El acuerdo fue rechazado por la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y otras organizaciones humanitarias, así como por grupos de izquierda extraparlamentaria, los cuales sostuvieron que privilegiaba la búsqueda de la verdad sacrificando la justicia.
Los antecedentes que se recopilen en el plazo de seis meses, renovable por otros seis, que establece la ley, serán traspasados a los tribunales, los cuales ordenarán las eventuales exhumaciones y otras diligencias para aclarar definitivamente la suerte de los desaparecidos.
Los detractores del acuerdo sostienen que una vez ubicados los restos, los jueces estarán obligados a cambiar la tipificación de los delitos de secuestro a homicidio y tendrán que aplicar a los culpables de las desapariciones la ley de amnistía que la dictadura de Pinochet expidió en marzo de 1978.
La AFDD insiste en desconocer esa ley y demandar su derogación, argumentando que su aplicación consagrará la impunidad de los militares, policías y agentes civiles de la represión que cometieron desapariciones forzadas tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El gobierno de Lagos afirma que los tribunales mantendrán su plena independencia en estos casos y que la ley que acaba de entrar en vigencia no significa un "punto final" a favor de los violadores de derechos humanos.
Los actuales mandos de los institutos castrenses se declararon dispuestos a cumplir el acuerdo de la mesa de diálogo y dispusieron los mecanismos para recibir los informes que, según se espera, serán entregados sobre todo por personal militar ya retirado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Barrueto, realizó este jueves una exhortación a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, subrayando que la entrega de informes sobre desaparecidos será "una muestra de lealtad" con sus superiores.
El diácono Enrique Palet, portavoz de la Conferencia Episcopal, confirmó que la Iglesia Católica entregó al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros la información sobre desaparecidos recopilada desde los orígenes de la dictadura por la ya desaparecida Vicaría de la Solidaridad.
Esa documentación se refiere a 984 casos, sobre un total de 1.197 respaldados por denuncias judiciales, guardados en una fundación eclesiástica ad hoc que heredó los archivos de la Vicaría.
La declaración de la Conferencia Episcopal apeló a la generosidad de quienes tengan informes sobre desaparecidos para que ayuden a encontrar sus restos.
"Compartir y mitigar el dolor de sus familias (de los desaparecidos) es un paso importante para la reconciliación nacional que compromete al país entero", agregaron los obispos.
La jerarquía eclesiástica dispuso que todos los sacerdotes que prestan servicios pastorales en Chile y los propios obispos reciban información sobre el destino de los desaparecidos. En esta tarea se incluye a los obispos eméritos, retirados por ser mayores de 75 años.
El documento episcopal aclaró que la figura del secreto profesional en este caso es diferente al sigilo que la iglesia impone a los sacerdotes en el sacramento de la confesión, en que se guarda tanto la identidad del penitente como la materia confesada con el fin de otorgar el perdón divino.
En este caso no habrá reserva sobre el contenido de la información, pero los informantes que lo deseen podrán solicitar al sacerdote el sacramento de la confesión para fines religiosos. "Dios no niega su perdón a quien se arrepiente de sus pecados", puntualizó la declaración.
La Iglesia Católica ratificó así en términos prácticos su respaldo al acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo, considerado por sus promotores como uno de los últimos eslabones del ya largo proceso de transición de la dictadura a la democracia en Chile.
Los defensores del acuerdo postulan que las Fuerzas Armadas están dejando atrás paulatinamente el sello que les impuso Pinochet, el ex dictador y actual senador vitalicio de 84 años, contra quien se han presentado 124 querellas por crímenes contra los derechos humanos desde febrero de 1998.
En virtud de la primera de esas querellas, sobre la llamada "caravana de la muerte", la Corte de Apelaciones de Santiago despojó a fines de mayo a Pinochet de su inmunidad parlamentaria y dispuso que puede ser enjuiciado penalmente.
La defensa del ex gobernante y general retirado apeló ante la Corte Suprema, que escuchará los alegatos de las partes en audiencias especiales entre el miércoles y viernes de la próxima semana para emitir su fallo a mediados de agosto. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/00