El primer ministro de San Vicente y Granadinas y presidente de Caricom, James Mitchell, se embarcó en una campaña para mantener la protección del banano caribeño en la Unión Europea (UE), y auguró una ola de conflictividad social si la región pierde ese beneficio comercial.
"Nuestra misión en Europa es tratar de resolver los problemas relacionados con el régimen bananero de la UE y su compatibilidad con la Organización Mundial de Comercio (OMC)", dijo Mitchell, de 69 años, en conferencia de prensa.
"Si fracasamos, se produciría una inmediata fractura social en nuestros países. Si ocurriera dentro de una década no sería tan malo, de modo que ganar tiempo es esencial", dijo el presidente de Caricom (Comunidad del Caribe).
La exportación de banano a la UE es crucial para los productores de los países de Africa, Caribe y el Pacífico beneficiados por la Convención de Lomé, cuestionada por los productores de América Latina, como Ecuador y Honduras, y Estados Unidos.
"Tenemos gran simpatía por Ecuador y comprendemos su difícil posición económica. La situación en América Latina ha favorecido la estrategia de Estados Unidos, porque la propiedad de la tierra está en manos de las multinacionales y no pertenece a la gente de Ecuador u Honduras", dijo Mitchell.
Bajo la Convención de Lomé, que gobernó el vínculo comercial y la cooperación entre los 15 países de la UE y 77 ex colonias europeas de esas tres regiones, los productores de banano gozaban de un régimen de preferencias, tanto en lo que refiere a acceso al mercado como a los aranceles.
Los precios se mantuvieron a través de limitaciones al volumen. Mientras, el sistema de licencias ha garantizado el acceso de importaciones tradicionales caribeñas y de otros países beneficiados por la Convención.
Sin embargo, la OMC dictaminó que ese régimen debía cesar, a raíz de las quejas de los productores latinoamericanos respaldados por compañías multinacionales de Estados Unidos.
Según el nuevo Acuerdo de Asociación entre la UE y las 77 ex colonias, que modificó en junio la Convención de Lomé, ambas partes consideran con la OMC modos de aliviar la transición para los estados caribeños.
Una "transformación ordenada" de la Convención de Lomé a la plena compatibilidad con la OMC "es clave, pues no podemos permitirnos un malestar social que afectará a los productores bananeros pero también al turismo y otros sectores", expresó Edwin Laurent de los estados del Caribe Oriental en la UE.
Una comisión mixta UE-Caricom se reunió esta semana para examinar los aspectos técnicos de varias propuestas y su posible impacto sobre los productores bananeros beneficiados por el la Convención de Lomé.
En las islas del Sotavento, como Dominica, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas, el comercio bananero significa la mitad de los ingresos por exportaciones y más de un tercio del empleo.
En Jamaica y Belice, donde el banano juega un papel menor en la economía, el producto es, de todos modos, crucial para la subsistencia en determinadas zonas.
Además, la estrecha interdependencia comercial entre los países de Caricom originaría perjuicios económicos severos aun en aquellos que no son grandes productores de banano en caso de cese de las preferencias, según un informe de los países de Africa el Caribe y el Pacífico.
Los productores caribeños y la Comisión Europea, máximo órgano ejecutivo de la UE, todavía deben ponerse de acuerdo si el sistema de la OMC que tutela el sector aún es aceptable para Estados Unidos y los productores latinoamericanos.
Washington ha hecho eco de quejas de compañías multinacionales de origen estadounidense como Chiquita y Dole, perjudicadas por las preferencias establecidas por la Convención de Lomé.
En marzo de 1999, Washington impuso aranceles por valor equivalente a unos 200 millones de dólares anuales sobre una vasta gama de exportaciones de la UE, lo que detonó la "guerra del banano" que enfrenta a productores latinoamericanos como Ecuador y Honduras con los países beneficiados por Lomé.
La OMC dictaminó el martes que Washington actuó ilegalmente al poner en vigor los aranceles seis semanas antes que la autorización de la organización multilateral los autorizara, pero eso no tuvo efecto inmediato en la negociación.
Mitchell expresó que en su país, una pequeña isla del Caribe oriental, 25.000 personas están dedicadas al banano, la mayoría por cuenta propia.
Si se asegura una posición sobre el mercado de Gran Bretaña, que representa 10 por ciento del mercado europeo, sería suficiente para que esos productores pudieran subsistir, dijo.
Al revés de los principales productores latinoamericanos y las compañías estadounidenses, los países caribeños no llegaron a colocar el banano en el mercado de Europa oriental.
"Nuestra producción funciona en democracia, una democracia basada en la propiedad" de la tierra por parte de quienes la trabajan, que son personas "muy pobres", dijo Mitchell. (FIN/IPS/tra-eng/bk/sm/ego/mj/if dv/00