La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió a la comunidad internacional que presione al presidente de Burundi, Pierre Buyoya, para que desmantele "campos de reagrupamiento" en las afueras de Bujumbura donde el gobierno trasladó a cientos de miles de civiles.
El llamamiento de HRW, una organización internacional con sede en Nueva York que ha jugado un papel clave en el proceso de paz de Burundi, se produjo en vísperas de una nueva ronda de negociaciones entre el gobierno y los insurgentes.
Los activistas aseguraron que decenas de miles de civiles aún son obligadas a sufrir grandes privaciones en los "campos de reagrupamiento", perse a que Buyoya prometió en enero de este año al ex presidente sudafricano Nelson Mandela que les permitiría volver a sus hogares antes del 31 de julio.
HRW pidió a los actores internacionales "con influencia sobre Burundi" que ejerzan presión sobre el gobierno de ese país para que cumpla su compromiso.
También solicitó que se presione a Buyoya para que "no reanude el desplazamiento forzoso de civiles" aunque la actividad de los insurgentes aumente en el marco de un aumento de tensión vinculado con las negociaciones de paz.
En el informe de HRW, de 35 páginas y titulado "Vaciamiento de las colinas", se afirma que 350.000 civiles fueron obligados a trasladarse a los campos y que la mayoría de ellos dependen de donaciones de internacionales de alimentos que resultan insuficientes.
En septiembre del año pasado se conocieron los primeros informes sobre desplazamiento forzoso de civiles que vivían en colinas cercanas a Bujumbura hacia unos 53 campos llamados "de protección" o "de reagrupamiento".
"Las autoridades de Burundi arguyeron que trasladaban a la gente para protegerla, pero las personas tienen más probabilidades de morir en los campos, por hambre y enfermedades, que en sus propias aldeas" afirmó Peter Tukirambudde, presidente de la división africana de HRW.
Las Fuerzas Nacionales para la Liberación (FNl), el principal grupo insurgente, exigió el desmantelamiento de los campos para asistir a las próximas negociaciones de paz, que se realizarán, como en ocasiones anteriores, en la ciudad turística septentrional de Arusha, y en las cuales Mandela será mediador.
El ex presidente de Sudáfrica dijo que las instalaciones en los alrededores de Bujumbura son "campos de concentración'.
Mandela asistirá a las negociaciones en Arusha, al igual que el presidente de Kenia, Daniel Arap Moi, quien ha sido otro de los mediadores entre el gobierno y los insurgentes.
Buyoya, un integrante de la etnia minoritaria tutsi, tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1996, y su gobierno, dominado por tutsis, enfrenta a rebeldes de la etnia hutu, que es 80 por ciento de la población.
HRW indicó que el año pasado soldados del gobierno "forzaron a civiles a abandonar sus hogares" y a construir refugios con ramas, hojas de banano y láminas de plástico en sitios predeterminados, la mayoría de los cuales carecían de abastecimiento de agua potable y de condiciones sanitarias adecuadas.
"Familias enteras han vivido durante meses hacinadas en viviendas precarias con una sola habitación, sin que se les permita cultivar las tierras de las cuales dependían para sobrevivir", explicó.
El gobierno sostuvo que la medida buscaba "proteger" a los civiles de ataques rebeldes, pero HRW afirma que el objetivo de Buyoya fue privar al FNL del apoyo voluntario o forzoso que recibía de civiles, y lograr que disminuyeran sus ataques contra la capital.
Desde que se produjeron los desplazamientos forzosos, esos ataques disminuyeron pero aumentó la actividad de los insurgentes en zonas rurales.
"El gobierno también buscó aplacar a radicales de la etnia tutsi que lo acusaban de debilidad en el combate contra los rebeldes", añadió la organización humanitaria.
HRW pidió a la comunidad internacinal que emplee sus contactos con el FNL para convencer a los insurgentes de que cesen sus ataques contra civiles.
La guerra civil en Burundi ha sido descrita como un conflicto brutal en el cual ambos bandos usan a los civiles como peones.
Los rebeldes han empleado "campos de reagrupamiento" como bases para ataques contra destacamentos militares cercanos del gobierno, y es frecuente que los desplazados forzosos sean objeto de represalias de un bando por sospechas de colaboración con el otro.
Los integrantes del FNL también han sido acusados de violar a mujeres y de reclutar a niños, en grave violación de convenios internacionales.
"Si el FNL va a participar en las conversaciones de paz, sus combatientes deben respetar las normas humanitarias internacionales", subrayó Tukirambudde.
A su vez, los soldados del gobierno han sido acusados de matar a civiles sospechosos de colaborar con los insurgentes, violar a mujeres y saquear hogares de las personas obligadas a trasladarse a los "campos de reagrupamiento", incluso apropiándose de techos de metal para venderlos en Bujumbura.
Las fuerzas gubernamentales también son acusadas de obligar a civiles a recoger agua y leña para los soldados, e incluso de emplear a niños como "espías" en sus operaciones de pillaje. (FIN/IPS/tra-eng/ja/sm/mp/hd ip/00)
